El acceso a la tierra y la integración local en el Estado Bolívar, Venezuela
El acceso a la tierra y la integración local en el Estado Bolívar, Venezuela
CARACAS, Venezuela, 9 de octubre de 2014 (ACNUR) – Entre el 18 y el 22 de agosto de 2014, la Comisión Nacional de Refugiados, con el apoyo y acompañamiento de ACNUR, llevó a cabo la primera jornada de registro en una comunidad ubicada en el Estado Bolívar. Durante los cinco días de la jornada, se llevaron a cabo más de 200 entrevistas en las que cada miembro de la comunidad compartió con los funcionarios los motivos de su huida de Colombia y se demostró el valor añadido de contar con organizaciones locales sólidas que puedan apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos de campesinos y ganaderos, y avanzar así en su proceso de integración local, en particular para obtener documentación venezolana como elemento clave para el pleno acceso a servicios y derechos.
Con la expansión y consolidación de los grupos armados ilegales en Norte de Santander y Arauca, Colombia, a partir de 1999, fueron muchos los campesinos trabajando en fincas o con pequeñas tierras objeto de presiones y amenazas para proporcionar a paramilitares o guerrilla alimento o información sobre líderes comunitarios. Como pudimos comprobar en el Estado Bolívar, no hay un relato de un refugiado procedente del Norte de Santander o Arauca en el que no se incluya la desaparición o asesinato de un familiar, o de vecinos y amigos. La no colaboración era considerada como apoyo implícito a otro grupo armado ilegal presente en la región, y castigada con el destierro para el cual les daban días e incluso horas. Denunciar la situación que sufrían no estaba entre sus opciones: no sólo por el miedo a las represalias que pudiesen tomar dichos grupos, sino también porque en muchos casos, no había presencia institucional, o si existía, estaba demasiado debilitada: únicamente tras las desmovilizaciones colectivas que tuvieron lugar entre 2003 y 2006, se adoptó la primera norma dirigida a procesar los graves crímenes cometidos en Colombia por los grupos desmovilizados, y a diseñar programas especiales de atención y reparación a las víctimas. No obstante, como contaba Pablo*, tras las desmovilizaciones de principios del 2000, llegaron otros grupos armados, que según le cuentan los familiares que se tuvieron que quedar en Colombia, han vuelto a sembrar el miedo entre la población civil.
En la huida, muchas familias se vieron forzadas a abandonar todo lo que tenían y a buscar otro destino donde pudiesen volver a empezar, sin presiones ni amenazas. Algunas, después de varios desplazamientos internos, decidieron cruzar la frontera más cercana: Venezuela, donde contaban con conocidos o familiares que habían emigrado durante el boom económico del país vecino y que les podían ofrecer una red de apoyo mientras podían retomar su proyecto de vida.
En 2004, en el marco de las entregas de tierras y cartas agrarias que llevó a cabo el Gobierno de Venezuela, muchas de aquellas familias que estaban buscando opciones para su integración local, decidieron migrar de los estados donde se encontraban entonces (Apure y Barinas principalmente) para poder optar a un terreno en el Estado Bolívar y seguir trabajando en lo único que conocían y a lo que dedicaron su vida: la agricultura y la ganadería. Esta vez, sin miedo ni coacciones.
Habiendo sido algunos líderes comunitarios, y la mayor parte, miembros de las Juntas de Acción Comunal creadas por las comunidades campesinas en Norte de Santander y Arauca, la conformación de un Comité de productores no tardó en ver la luz. Entre los principales productos cultivan café, banano y maíz, y elaboran leche, quesos y yogures. El Comité se ha configurado como el espacio para organizarse, para compartir, para apoyarse y además, para llevar a cabo iniciativas que redunden en la comunidad, como fue la creación de la escuelita de primaria en la que una decena de niños y niñas pueden completar estudios básicos. Los duelos por las pérdidas en el camino han sido procesados en ocasiones a través de los espacios creados por iglesias evangélicas y cristianas en la zona; aunque son muchos los que llevan todavía la procesión por dentro. Y otros que habiendo huido cuando eran apenas unos niños, desconocen los motivos por los que tuvieron que salir deprisa y por los que no han podido volver a Colombia.
En este largo camino, a muchos les había quedado pendiente obtener documentos de identidad en Venezuela ya que no todos pudieron acceder al proceso de regularización que llevó a cabo la antigua ONIDEX (actualmente SAIME, institución a cargo de migraciones) en 2004. Sin documento de identidad, trámites cotidianos, como obtener una licencia para manejar o inscribir a los niños en la escuela, como nos contaba Julia*, resultaban imposibles.
Teniendo en cuenta el perfil de la comunidad y el conocimiento que dos de sus líderes tenían sobre población desplazada y refugiada, el Comité hizo el enlace con la organización social Voluntariado de Refugiados en Venezuela, y posteriormente, contactaron con la institución responsable del proceso de determinación de la condición de refugiado en Venezuela, la Comisión Nacional de Refugiados y el ACNUR para ver la posibilidad de organizar una jornada de registro que les permitiera acceder a la protección internacional del Estado Venezolano.
En respuesta, la Comisión Nacional de Refugiados, con el apoyo y acompañamiento de ACNUR, llevó a cabo entre el 18 y el 22 de agosto, la primera jornada de registro para solicitantes de la condición de refugiado en Bolívar. El trabajo previo de orientación sobre quién puede ser un refugiado y cómo funciona el procedimiento de solicitud de dicha condición en Venezuela quedó en manos del Comité local de productores, que con el Voluntariado de Refugiados en Venezuela, organizaron dos sesiones de información con la comunidad. Como resultado, los asistentes a la jornada aportaron la documentación colombiana y venezolana con la que cuentan (incluyendo no sólo cédula y pasaporte colombianos, sino también constancia de residencia y aval de tierras expedido por el propio Comité) y las comunidades fueron citadas para días concretos de cara a facilitar la organización y atención a todos los casos.
En total, se entrevistaron a más de 200 familias y se proporcionó asesoría a una decena de personas que habían planteado su solicitud ante la Comisión Nacional de Refugiados en otros Estados o que tenían dudas sobre procesos de regularización que había iniciado ante las instancias migratorias venezolanas. Luisa* esperó hasta el último día para reunir fuerzas y, después de mucho tiempo sin abrir la caja de los recuerdos, sentarse a contar su historia de huida, de separación de sus seres queridos y de cómo poco a poco volvió a creer en otro proyecto de vida gracias al apoyo de la comunidad.
Todos los casos recibieron el documento provisional que garantiza su permanencia en el territorio venezolano hasta que se tome una decisión final sobre el caso. Al recibir el documento, Mario* nos contaba que en cuanto abran cupos, acudirá a inscribirse en el centro educativo de la comunidad y espera poder empezar a estudiar de nuevo, uno de los sueños que tenía por cumplir.
Además de entrevistar y entregar documentos provisionales, la coordinadora de la CNR se reunió con oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana en el municipio para dar a conocer el documento provisional como título válido para la permanencia de los solicitantes durante su proceso ante la CNR. Y también habló con funcionarias de la zona educativa en relación con el acceso de niños y niñas solicitantes de la condición de refugiados al sistema educativo a través del documento provisional, tal y como establece la Circular del Ministerio de Educación sobre la identificación de estudiantes, publicada en marzo de 2013.
En los próximos meses, la Comisión ofrecerá respuesta a los casos planteados: aquellos que sean reconocidos como refugiados, podrán obtener la correspondiente cédula de transeúnte que les permitirá realizar sin tantas trabas muchas gestiones administrativas y sobre todo, cerrar un círculo. Pasar de estar con un estatus de facto de protección a través de la tierra y su disfrute, a tener derechos y protección oficial en Venezuela. Para las personas que no sean reconocidas como refugiados, el Comité y las estructuras creadas por la comunidad seguirán siendo su principal soporte para continuar su proyecto de vida en Venezuela.
*Nombres cambiados por motivo de protección.
Por Alba Marcellán en Caracas, Venezuela
