Medios de vida e inclusión económica

Como parte de su labor, ACNUR colabora con diversos socios – con inclusión de Estados, organizaciones humanitarias y de desarrollo, sector privado y sociedad civil – para mejorar la situación económica de las personas refugiadas y de las comunidades de acogida:

• Sistemas inclusivos de mercado. Al diseñar intervenciones efectivas que apoyarán a las personas refugiadas en su inserción en los mercados locales, resulta esencial conocer a cabalidad el sistema de mercado y las barreras que obstaculizan la inclusión de las personas refugiadas. ACNUR colabora con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y con otros socios para promover un marco inclusivo de sistemas de mercado.
• Inclusión financiera. La mayor parte de las personas refugiadas no tiene acceso a servicios financieros, lo cual limita su capacidad de contar con medios de vida sostenibles. ACNUR colabora con socios y prestadores de servicios financieros para eliminar estas barreras.
• Coalición para reducir la pobreza. Muchas personas refugiadas se encuentran en grave situación de vulnerabilidad y de pobreza extrema. La Coalición para reducir la pobreza es una coalición mundial de organizaciones no gubernamentales que ACNUR encabeza junto con la Alianza para la Inclusión Económica del Banco Mundial. El objetivo de la coalición es empoderar a las personas refugiadas y a las comunidades de acogida en mayor situación de vulnerabilidad para que puedan salir de la pobreza por medio del modelo de graduación.
• Agricultura y seguridad alimentaria. Las personas refugiadas en zonas rurales dependen de la agricultura para alimentarse y sostenerse. ACNUR colabora con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y con otros socios para impulsar la inclusión de las personas refugiadas en las cadenas agrícolas de valor y para aumentar sus ingresos; al mismo tiempo, busca garantizar alimentación sana y nutritiva para todas ellas.   
• Sistemas de protección social. ACNUR trabaja para que las personas refugiadas y solicitantes de asilo sean incluidas en los sistemas gubernamentales; también para que la asistencia que brinda la ONU sea congruente con dichos sistemas. Así, las familias en situación de vulnerabilidad podrán contar con medios predecibles tanto para satisfacer sus necesidades básicas como para acceder a servicios de asistencia social y familiar, empleos complementarios dignos y seguro de gastos médicos.
• MADE51. Para promocionar cómo se ve un innovador modelo de inclusión económica basado en el mercado, ACNUR desarrolló Made51, una marca mundial de accesorios y adornos para el hogar que han sido elaborados por personas refugiadas.
• Datos y análisis. Los datos constituyen un factor central en la creación de programas y políticas públicas. En ese sentido, con el fin de construir una base de datos sólida, ACNUR trabaja con sus socios para mejorar la manera en que se recopilan y analizan los datos socioeconómicos. 

Este derecho implica, entre otras cosas, que las personas puedan generar ingresos mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, que puede ser de cualquier tipo: desde trabajos autónomos hasta aquellos que pagan sueldos y salarios. Del derecho al trabajo se desprende el derecho a condiciones laborales justas y favorables. En otras palabras, ambos derechos propician que todas las personas – con inclusión de los refugiados – tengan acceso a oportunidades laborales dignas en igualdad de condiciones, sin sufrir ningún tipo de discriminación, y sin importar su condición jurídica ni la documentación con la que cuenten. 

En el derecho internacional, el derecho a un empleo digno está consagrado en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; también en los artículos 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que son de carácter vinculante. Aunado a ello, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desarrolló normas internacionales para el trabajo que son aplicables a todo tipo de trabajadores, con inclusión de las personas refugiadas.  

De manera similar, los artículos 17, 18 y 19 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 reconocen explícitamente que las personas refugiadas tienen derecho a ingresar al mercado laboral y a recibir el trato más favorable posible en función de su vinculación jurídica con el país de asilo. Por su parte, el artículo 24 señala que las personas refugiadas tienen derecho a gozar de los beneficios que otorga el marco normativo en materia laboral y de seguridad social.  

Para facilitar el acceso al trabajo digno, los Estados deberán emprender acciones deliberadas, concretas y específicas para estimular el desarrollo y el crecimiento económico, para mejorar la calidad de vida y para superar tanto el desempleo como el subempleo. De igual forma, deberán aspirar a ofrecer empleos completos y productivos, al tiempo que salvaguardan las libertadas político-económicas y reducen la economía informal. 

Por su parte, los Estados en vías de desarrollo que cuentan con recursos limitados tienen permitido ofrecer gradualmente oportunidades de empleo a las personas refugiadas (de ser necesario). Aun así, deberán emprender acciones que posibiliten que todas las personas – incluidas las refugiadas – tengan acceso a un empleo digno, incluso solicitando asistencia y cooperación internacional. 

Para que las personas refugiadas tengan acceso a un trabajo digno, entre otras cosas necesitan poder ejercer el derecho a la libertad de circulación y el derecho de asociación, que permite integrar sindicatos u otras asociaciones laborales; asimismo, necesitan que se reconozcan sus credenciales y que se les dé acceso a oportunidades de capacitación. De igual manera, las personas refugiadas deben estar en posibilidades de contribuir y hacer uso de los beneficios que ofrece la seguridad social, así como tener acceso a recursos efectivos para hacer valer el derecho a un empleo digno.