Miles de personas en el este de Ucrania pierden acceso a las pensiones

Cada dos meses, Mykola Ivanovych* se pone en camino para cruzar el río Siverskiy Donets, dependiendo de otros para que lo ayuden a cruzar en su silla de ruedas un puente dañado, y así poder cobrar la pensión del Gobierno. El río marca la línea divisoria entre su hogar en Luhansk, zona no controlada por el Gobierno, y Stanytsia Luhanska, zona bajo el control del Gobierno.

Mykola Ivanovych, quien trabajó como conductor de autobuses por 54 años, debe presentarse en el banco estatal de Stanytsia Luhanska, y comprobar su identidad para poder recibir el pago mensual de US$53. Él espera pacientemente dentro del banco mientras su esposa se une a la fila para llevar a cabo el proceso de verificación.

Mykola Ivanovych, quien se encuentra en sus 70, sufrió dos accidentes cerebrovasculares después de que su hijo fue asesinado por un proyectil de artillería en 2014 – el primer año del conflicto de Ucrania, que costó casi 10.000 vidas.

"Las pensiones son un derecho adquirido de todos los ciudadanos y no deben estar vinculadas a su registro como desplazados internos"

Para cientos de miles de adultos mayores y personas con discapacidad que viven en la región de Donbas, en el este de Ucrania, una región desgarrada por el conflicto, la pensión estatal es su única fuente de ingresos. Sin embargo, en diciembre de 2014, alrededor de 160.000 jubilados perdieron este ingreso luego de que el Gobierno limitara el acceso a las pensiones estatales para los residentes de la zona que se encuentra fuera de su control.

Nuevas medidas restrictivas introducidas el año pasado, llevaron a 400.000 personas más a perder el acceso a sus pensiones.

Actualmente, las personas que viven en la zona que no está bajo el control del Gobierno tienen como requisito inscribirse ante las autoridades ucranianas como personas desplazadas internamente, con el fin de acceder a sus beneficios legítimos de pensión.

© OSCE SMM/Evgeniy Maloletka

Personas que viven en la región asolada por el conflicto de Donbas, en el este de Ucrania, atraviesan un puente dañado para ingresar al territorio controlado por el gobierno para poder recibir sus pensiones.

"Debería reanudarse el pago de las pensiones para beneficiar a todos los jubilados, independientemente de su lugar de residencia, así estén registrados como desplazados internos o residan en sus hogares", dijo Pablo Mateu, representante del ACNUR en Ucrania. "Las pensiones son un derecho adquirido de todos los ciudadanos y no deben estar vinculadas a su registro como desplazados internos y a la circunstancia del desplazamiento".

Olena Grekova, quien dirige la Oficina para el Derecho a la Protección, en Severodonetsk, una ONG socia de ACNUR que brinda asistencia a los desplazados internos en Ucrania, dijo que muchas personas que están postradas en la cama no reciben el pago de sus pensiones desde el comienzo del conflicto debido a que están imposibilitadas de viajar a las oficinas gubernamentales para su identificación.

"Esta es mi pensión, yo me la gané. ¿Por qué debo sentirme como una persona de segunda categoría?"

Algunos han perdido sus pagos debido a errores. Tetiana Kovalenko, de 83 años, debió abandonar la ciudad de Donetsk luego de que su casa fue bombardeada. Desde el año 2015, vive en Myrnograd, una zona bajo el control del Gobierno, y se encuentra registrada como desplazada interna.

Kovalenko, ex minera, dejó de recibir su pensión mensual de US$73 en abril después de que el servicio de seguridad social estableció que ella vive en un territorio que no es controlado por el Gobierno.

© ACNUR/David Gasparyan

Tetiana Kovalenko, 83 años, huyó de la ciudad de Donetsk luego que su casa fue bombardeada. Desde el año 2015, vive en Myrnograd y está registrada como desplazada interna. En abril, dejó de recibir su pensión.

Otra mujer, Olga Burkalo, de 38 años, quien sufre de una severa forma de diabetes desde que tenía 11 años, tiene que recibir hasta 10 inyecciones de insulina por día y necesita su pensión mensual de US$50 para pagar su tratamiento.

Los inspectores de seguridad social la visitaron en diciembre y marzo para verificar si Burkalo vivía en su dirección de Selidove, zona bajo el control del Gobierno. En febrero se sometió a un proceso de identificación en un banco.

Sin embargo, dejó de recibir su pensión en abril. Sospecharon equivocadamente que ella vivía en un territorio que no está bajo el control del Gobierno cuando, de hecho, no había residido allí desde hace más de un año.

Burkalo, formada como profesora de biología, ahora está muy débil para trabajar.

"Solía trabajar, pagué impuestos", dijo. "Esta es mi pensión, yo me la gané. ¿Por qué debo sentirme como una persona de segunda categoría?"

*No se revela el apellido por razones de protección.

Por: personal del ACNUR en Stanytsia Luhanska, Ucrania.

Gracias a la Voluntaria en Línea Mariana Tarzia por el apoyo ofrecido con la traducción del inglés de este texto.