Todas las personas tienen derecho a una vida estable y segura

Cada año, el 20 de junio, en el Día Mundial del Refugiado, recordamos de manera especial a los millones de niños, niñas, mujeres y hombres en el mundo que han sido arrancados de sus hogares por la guerra, la violencia y la persecución. Este año, nuestro mensaje principal es que todas las personas, sean quienes sean, vengan de donde vengan, en el momento que sea e independientemente de los medios que usen para movilizarse, tienen derecho a buscar protección.

El desplazamiento causado por la guerra en Ucrania ha hecho que el número de personas refugiadas y desplazadas a nivel mundial supere hoy los 100 millones. En estos momentos es importante recordar que hay otras situaciones que generan desplazamiento que también requieren el compromiso político y recursos de la comunidad internacional.

América Latina y el Caribe se enfrentan hoy a una crisis de movilidad humana sin precedentes. Cientos de miles de familias están en movimiento por caminos llenos de peligro e incertidumbre en busca de una vida estable y segura.

Pero la respuesta a esta crisis es alentadora. Muchos países en la región han reforzado sus sistemas de asilo y protección e introducido mecanismos alternativos de estadía legal, incluyendo la regularización de cientos de miles de refugiados y migrantes de Venezuela.

La respuesta humanitaria a las necesidades más apremiantes de las personas refugiadas, migrantes y desplazadas ha sido coordinada, en la mayoría de los casos, por los países de la región a través de mecanismos como el Proceso de Quito y la Plataforma Regional de Coordinación R4V, en el caso de los refugiados y migrantes de Venezuela, y el Marco Integral Regional de Protección y Soluciones (MIRPS) en el contexto de Centroamérica y México.

Este mes, 20 países adoptaron una importante declaración durante la IX Cumbre de las Américas, en Los Ángeles, Estados Unidos. La Declaración de Los Ángeles se fundamenta en los marcos legales ya existentes y nos acerca a una respuesta coordinada en todo el continente que se basa en los principios de cooperación internacional, solidaridad y respeto de los derechos humanos.

Entre otras cosas, los estados de las Américas se comprometieron a proteger la seguridad y la dignidad de todos los migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y personas apátridas, con independencia de su condición migratoria, y a respetar sus derechos humanos y libertades fundamentales.

Además, los países reiteraron su voluntad de promover la estabilidad y la asistencia para las comunidades de destino, origen, tránsito y retorno y a fortalecer los sistemas de protección y las salvaguardas para que ninguna persona sea devuelta a un país en el que se enfrentaría a la persecución o a violaciones de los derechos humanos.

La Declaración también reconoce que las personas refugiadas y migrantes han hecho importantes y valiosas contribuciones al desarrollo socioeconómico de los países de acogida; por tanto, reconoce también la necesidad de promover su inclusión e integración.

La Declaración de Los Ángeles es un excelente comienzo, pero debe ser acompañada de acciones concretas. América Latina y el Caribe necesitan urgentemente el apoyo financiero y político de la comunidad internacional. De lo contrario, los procesos de inclusión e integración podrían perder ímpetu, y esto llevaría a más movimientos de población y un aumento de los riesgos de protección, incluyendo la violencia sexual y de género, y la trata de personas. La estrategia más efectiva y sostenible para brindar estabilidad y seguridad a las poblaciones en movimiento es apoyar los procesos de regularización e integración.