La crisis de desplazamiento forzado global y el desarrollo de soluciones integrales

Quisiera comenzar por expresarles mi gran complacencia por estar hoy con ustedes en esta primera visita a México como Alto Comisionado. Acabo de llegar de Guatemala y mañana viajaré a El Salvador, y después a Honduras y Costa Rica.  Esta misión me permite familiarizarme con el contexto regional y también es una oportunidad para impulsar una agenda de protección y soluciones al desplazamiento en Mesoamérica.

En un mundo convulso donde las cifras de personas afectadas por el desplazamiento forzado han recientemente alcanzado un nivel sin precedente, tiene un gran valor simbólico que nos encontremos reunidos en este Museo dedicado a la Memoria y la Tolerancia: memoria y tolerancia son esenciales para prevenir futuros conflictos, la violencia y las violaciones de derechos humanos, y así evitar el desarraigo y el sufrimiento del desplazamiento forzado.  Me enorgullece saber que mi Oficina ha colaborado con este emblemático Museo desde sus inicios y que precisamente está por inaugurarse una exposición temporal sobre personas refugiadas.

En México existe una sólida y larga tradición de brindar asilo a quienes huyen de la persecución, los conflictos y la violencia y de ofrecer soluciones permanentes a su situación. Vale recordar la protección brindada a los refugiados españoles,  a la comunidad judía, así como la protección de los refugiados suramericanos y centroamericanos.

México también ha demostrado su generosidad en la búsqueda de soluciones duraderas, facilitando la integración local y la naturalización de miles refugiados guatemaltecos. En julio de 1999, estuve en Campeche,  y tuve la oportunidad de acompañar a la entonces Alta Comisionada, Sadako Ogata y al Presidente Ernesto Zedillo, en el cierre de los programas de atención a los refugiados guatemaltecos.

Hoy, quisiera compartir con Ustedes un breve análisis de las tendencias actuales del desplazamiento y de la respuesta de la comunidad internacional a nivel global y en particular en América Latina.

Durante las ultimas seis décadas, el mandato del ACNUR ha guardado su vigencia y relevancia, y al mismo tiempo se ha ido adaptando a un contexto global en permanente evolución. Ante diferentes formas de conflicto y de violencia el ACNUR ha impulsado nuevos mecanismos para proteger no únicamente a personas refugiadas, sino también a personas desplazadas internamente.  Igualmente se han multiplicado los esfuerzos y las alianzas para lograr soluciones a largos conflictos. 

En la actualidad vivimos en un mundo complejo en donde el desplazamiento forzado va en aumento como consecuencia de guerras, violencia, pobreza, inseguridad alimentaria, desigualdad, exclusión social, cambio climático y desastres de origen natural.

Durante 2016 se registró un promedio diario de personas desplazadas superior a 28,000. El número total de personas desplazadas forzosamente llega a 65.6 millones, incluyendo 22.5 millones de personas refugiadas (17.2 millones bajo el mandato de mi Oficina).

Hoy podríamos resumir las razones detrás de tales números en tres principales:

En primer lugar, la persistencia y tenacidad de los conflictos armados prolongados, como Somalia, Iraq y Afganistán;

Segundo, los conflictos nuevos y  la recurrencia de conflictos. Estos incluyen la región de la Cuenca del Lago Chad – compuesta por Camerún, Chad, Níger y Nigeria -, la República Centroafricana, Sudán del Sur, Burundi, Yemen, Myanmar, Mali, Ucrania y, naturalmente Siria. Es importante notar que el número de conflictos armados no internacionales o situaciones de “guerra civil” casi se ha triplicado, de cuatro en el  2014 a un total de once en el 2017. Y hay nuevas situaciones de riesgo en el horizonte.

En este contexto, igualmente me referiré al Norte de América Central; una situación de violencia que, aunque no sea considerada como conflicto armado, provoca serias consecuencias humanitarias.

En tercer lugar, para explicar el número sin precedentes de personas desplazadas forzosamente, tenemos que examinar una cuestión que se relaciona de manera directa con las anteriores y que se refiere a la creciente debilidad del consenso internacional requerido para prevenir, mitigar o encontrar soluciones para situaciones de conflicto o de violencia.

Asimismo, durante la última década y en un contexto de incertidumbre global, hemos visto, por una parte, la agudización de muchos conflictos, con el involucramiento de múltiples elementos y distintos actores – tanto como del crimen como la de violencia extremista –  que resultan igualmente en situaciones de desplazamiento forzado, y por otra, el incremento en los movimientos migratorios mixtos, que incluyen tanto a personas necesitadas de protección internacional como a quienes buscan mejores horizontes económicos.

Frente a esto, es fundamental mantener la distinción existente entre refugiados y migrantes. Los refugiados no son migrantes vulnerables. Por definición, son personas que están fuera de su país de origen pero a diferencia de los migrantes no pueden regresar debido a amenazas graves contra las cuales las autoridades de sus países no pueden o no quieren protegerlas.

Desprotegidas, las personas refugiadas buscan la protección de un país de asilo y de la comunidad internacional. Es esta necesidad vital de protección internacional la que distingue más claramente a los refugiados de otras personas que cruzan las fronteras internacionales.

Sin embargo, y en la realidad, los refugiados y migrantes son personas que emprenden las mismas y peligrosas rutas y enfrentan los mismos riesgos en esas rutas, incluyendo la violencia sexual y basada en género, la detención, así como formas de explotación como la trata de personas y otras violaciones graves a sus derechos humanos.

Frente a este escenario global, hoy más que nunca, es necesario asegurar que la responsabilidad hacia las personas refugiadas sea compartida de manera justa y equitativa entre las naciones.

En septiembre del año pasado, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración de Nueva York sobre Refugiados y Migrantes, definiendo un nuevo mapa de la ruta a seguir.

En el marco de la Declaración, los Estados acordaron incrementar sus esfuerzos para asegurar la admisión y recepción de refugiados así como atender sus necesidades inmediatas y persistentes. Esto implica acciones tales como: medidas para identificar a las personas que necesitan protección como refugiados dentro de flujos migratorios, proporcionar asistencia humanitaria de manera flexible y sistemática en lugares de acogida, y emplear alternativas a la detención de solicitantes de asilo, así como poner fin a la detención de niñas, niños y adolescentes. La Declaración también nos llama a promover soluciones duraderas, incluyendo acceso al mercado laboral, acceso a programas nacionales de educación y de salud.

Los Estados también se comprometieron a apoyar a los países de asilo y en particular a las comunidades receptoras, incluso a través de inversiones en infraestructura, servicios básicos y la expansión de oportunidades económicas que beneficien tanto a las personas refugiadas como a las comunidades de acogida. En mi recorrido por la frontera sur esta semana, he visto con mis propios ojos la importancia de este tipo de acciones en México.

En este contexto, cabe señalar que la Declaración es de suma utilidad para articular la relación entre la acción humanitaria y los procesos de desarrollo, y en particular la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Una de las innovaciones más importantes en los esfuerzos del ACNUR para implementar la Declaración de Nueva York ha sido precisamente un trabajo cada vez más fuerte y coordinado con actores de desarrollo como el Banco Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La Declaración de Nueva York también enfatiza el hecho de que el apoyo a las personas refugiadas no es una responsabilidad exclusivamente gubernamental y de organismos internacionales, sino que también incumbe a la sociedad civil, a los voluntarios, a las organizaciones religiosas, a las instituciones académicas y a los medios de comunicación  un papel importante. México, en este sentido, tiene una activa red de organizaciones e instituciones que pueden contribuir de manera significativa. En este contexto, quiero destacar la importante labor de los albergues y organizaciones de la sociedad civil mexicana que trabajan a lo largo de la ruta migratoria en el país, muchas veces con pocos recursos y en situaciones difíciles. 

Asimismo, la Declaración reconoce el papel del sector privado, no solamente con relación al aporte de recursos financieros, sino de igual forma en su capacidad en influenciar actitudes y posturas solidarias, además de contribuir con ideas innovadoras y oportunidades de servicio.

Hoy en la tarde, poco antes de venir a verlos en este Museo, pude reunirme con líderes del vigoroso y pujante sector privado mexicano, de quienes he tenido la satisfacción de escuchar buenas prácticas que ya están siendo ejecutadas, así como sobre la promoción de la expansión de su participación en los esfuerzos para integrar a los refugiados en el país.        

Sin embargo, el resultado principal de la Declaración de Nueva York será conocido durante el próximo año, mediante la aprobación por la Asamblea General de un Pacto Mundial sobre Refugiados, en el cual estarán incluidos y detallados los compromisos tangibles de los Estados y los nuevos actores a los que ya hice referencia.

Desde la adopción de la Declaración de Nueva York, mi Oficina se encuentra trabajando para la consecución de tales acuerdos y compromisos, tanto a nivel global como en regiones específicas del mundo.

América Latina tiene una larga tradición de asilo que ha permitido salvar la vida a miles personas en América del Sur, durante la década de los setenta, y en América Central durante la década de los ochenta. Igualmente, la región ha sido innovadora en la búsqueda de soluciones.

Recordemos que en América Central, México jugó un papel fundamental liderando el proceso del Grupo de Contadora, y erigiendo la base para los acuerdos de paz de Esquipulas, y el Acuerdo de Oslo. En esta ciudad, igualmente se firmaron los Acuerdos de Paz de Chapultepec.

Respecto de los refugiados centroamericanos, las autoridades, los académicos y la sociedad civil mexicana jugaron un papel fundamental en la reflexión sobre los problemas humanitarios  y jurídicos, que dieron lugar a la más significativa contribución de América Latina al Derecho Internacional de los Refugiados: la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984.

En periodos más recientes, México asumió un liderazgo en la adopción de la Declaración y del Plan de Acción de México en 2004. El continente ratificó este compromiso de cooperación regional y búsqueda de soluciones a través de la adopción de una nueva declaración y plan de acción, esta vez en Brasil, a finales de 2014. 

En el contexto actual, América Central hace frente a nuevos desafíos de protección relacionados en particular con la violencia y la inseguridad causada por pandillas y otras formas de criminalidad organizada.

Aunque el impacto más visible de la violencia es la tasa de homicidios, hay otros indicadores que demuestran la grave situación humanitaria de los países del Norte de América Central.  Algunas categorías de población son particularmente vulnerables como los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres, los grupos de LGBTI, así como los defensores de derechos humanos, los periodistas o los lideres locales. 

Me gustaría compartir ciertos testimonios que he podido observar durante mi gira por Guatemala y por poblaciones fronterizas de Tabasco:

He escuchado relatos conmovedores de madres y padres de familia sobre el temor por el reclutamiento de sus hijos, el abuso sexual de sus hijas, el miedo de convertirse en víctimas de extorsión, de ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada, al igual que otras formas de persecución y amenazas a sus vidas, su seguridad y su libertad.

He escuchado y comprendido cómo la violencia doméstica, el hostigamiento y la discriminación en contra de personas en razón de su orientación sexual o identidad de género son razones que siguen causando el desplazamiento forzado desde estos países.

He escuchado testimonios de líderes comunitarios, muchos dedicados a la defensa del medio ambiente y el bienestar de sus comunidades, así como de grupos determinados de la población – como los garífunas o comunidades indígenas – que igualmente se encuentran expuestos a la violencia y la persecución motivadas por disputas sobre sus tierras, o por el acceso a recursos naturales.

Todas estas situaciones reflejan motivos para que una persona se vea en la necesidad de abandonar su hogar y buscar protección, sea al interior de su país o fuera de él, como persona refugiada.

Esta situación tiene un impacto a nivel de todos los países de América del Norte y  América Central en su calidad de países de origen, tránsito y/o destino. Ante la falta de mecanismos efectivos de protección, muchas personas  tienen que huir de sus comunidades, cruzando fronteras para luego ser deportadas a sus comunidades, sin que se hayan resuelto las causas que les obligaron a desplazarse.  En este ciclo de desplazamiento regional, el número de solicitantes de asilo y refugiados continua incrementándose. A mediados de 2017 se registraban alrededor de 205,000 refugiados y solicitantes de asilo provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador. Aunque la mayoría buscan protección en los Estados Unidos de América, el número de refugiados en México y en otros países de América Central ha crecido de manera exponencial. En este nuevo contexto, el ACNUR  ha tenido que ampliar la presencia operativa, multiplicando alianzas tanto en México, como en los países de América Central.

Sin embargo, también me parece importante reconocer que ante esta nueva crisis regional, esta región nuevamente demuestra su solidaridad, su cooperación y su innovación.

México no sólo está co-liderando el esfuerzo para desarrollar un Pacto Global sobre las Migraciones, sino también se ha sumado a los esfuerzos en torno al Pacto Global de Refugiados. En efecto, México participa como país piloto –conjuntamente  con cinco países centroamericanos - en la construcción de mecanismos de co-responsabilidad frente al desplazamiento forzado en esta región.  Se trata de la construcción de un Marco Integral Regional de Protección y Soluciones (MIRPS), con base en la Declaración de Nueva York, pero también en seguimiento a los compromisos adoptados en la Declaración de Acción de San José, de julio de 2016, así como en la Declaración y el Plan de Acción de Brasil, de diciembre de 2014. 

La meta es fortalecer la protección en todas las fases del desplazamiento y integrar a diferentes actores de desarrollo para resolver las causas subyacentes del desplazamiento. Aunque, esta iniciativa es liderada por los Estados, esperamos contar con el involucramiento de la sociedad civil, la academia, la cooperación multilateral y bilateral, así como de las instituciones financieras y de todas las personas y organizaciones capaces de tomar acción e intervenir, apoyando y asegurando el bienestar de familias, niños, niñas y adolescentes refugiados.

En México, muchos de Ustedes nos han apoyado en este esfuerzo, de manera que destaco aquí la conclusión de seis importantes consultas realizadas en el país. El proceso culminará con una consulta nacional, a ser liderada por la Coordinación General  de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, la COMAR, con el apoyo de mi Oficina de Representación en México.

Por lo tanto, México es una vez más llamado a hacer valer su vocación como país de asilo. Esto se refleja en la reforma constitucional concluida en agosto del año pasado, a través de la cual la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y asegura el derecho que tiene toda persona de buscar y recibir asilo. México cuenta hoy con un marco legal y un sistema de protección internacional para los refugiados que sirven de referencia en el contexto latinoamericano.

35 años después de abrir nuestra Oficina en México, ACNUR mantiene vigente su plena disposición de trabajar con el Estado y la sociedad mexicana en el fortalecimiento de la protección internacional y la búsqueda de soluciones regionales.

Muchas gracias por su presencia.