Australia no debería coaccionar a las personas vulnerables para que retornen a donde podrían correr peligro

El cambio anunciado por el Gobierno de Australia en la condición legal y el retiro del apoyo de las personas refugiadas y solicitantes de asilo es un evidente intento de coaccionar a las personas más vulnerables para que retornen a Papua Nueva Guinea, Nauru, o a su país de origen. La eliminación de las instalaciones y del apoyo financiero deja a las personas en un serio riesgo de pobreza en Australia. Igualmente, retirar el acceso a servicios básicos, tales como consejería en casos de trauma y tortura, exacerbará su situación ya precaria.

Aproximadamente 400 personas refugiadas y solicitantes de asilo continúan en detención comunitaria en Australia, a donde fueron trasladadas desde Papua Nueva Guinea y Nauru debido a serias preocupaciones médicas y de protección. Con estos traslados, el Gobierno de Australia ha reconocido implícitamente que las condiciones allí son inaceptable.

El Gobierno no les ha otorgado a estas personas refugiadas y solicitantes de asilo permisos de trabajo. La mayoría de ellas fueron traídas a Australia con severas necesidades médicas. Pretender que estas mismas personas deberían mantenerse financieramente de forma inmediata es injusto e irracional.

Papua Nueva Guinea y Nauru continúan siendo lugares no aptos para asentar a refugiados y solicitantes de asilo enviados por Australia. ACNUR ha reportado que es imposible integrar localmente a la gran mayoría de los refugiados y solicitantes de asilo, aunque sea de forma temporal; además se han reportado preocupaciones por su seguridad física. Los expertos médicos han confirmado en repetidas ocasiones la urgente necesidad de contar con servicios médicos y psicológicos que no están disponibles en Papua Nueva Guinea y Nauru.

A la mayoría de los solicitantes de asilo transferidos de Papua Nueva Guinea y Nauru a Australia aún no se les han resuelto sus solicitudes de protección internacional, a pesar de que han pasado más de cuatro años. Hasta que se concluya la revisión de sus solicitudes no deberían ser devueltos a sus países de origen. Volver a sus lugares de origen no es una opción para quienes tienen serios temores de daños o persecución.

Como signatario de la Convención de Refugiados de 1951, Australia continúa siendo responsable por quienes han buscado su protección. Esto incluye un deber de considerar las solicitudes de protección internacional de forma justa y eficiente, así como brindar a las personas refugiadas y solicitantes de asilo estándares mínimos de vida humanos y dignos.

Quienes han sufrido las condiciones más inhumanas en Papua Nueva Guinea y Nauru necesitan atención y compasión. Las personas refugiadas y solicitantes de asilo que han sido trasladadas a Australia como refugiadas y solicitantes de asilo, deberían recibir el apoyo apropiado y soluciones a largo plazo fuera de Papua Nueva Guinea y Nauru.

Contexto

Desde la adopción de los actuales acuerdos australianos de "procesamiento extraterritorial" para trasladar por la fuerza a refugiados y solicitantes de asilo a Nauru y Papua Nueva Guinea, las personas han regresado a Australia debido a condiciones médicas graves que no pueden ser tratadas en esos países, así como debido a preocupaciones de protección. En la actualidad, aproximadamente 400 personas están en detención comunitaria, habiendo sido re-transferidas a Australia desde Papua Nueva Guinea y Nauru. Al 29 de agosto de 2017, el Departamento de Inmigración y Protección de Fronteras informó a aproximadamente 70 de estas personas altamente vulnerables que se les otorgará la nueva visa temporal "Final Departure Bridging Visa E".

En virtud del plazo de seis meses de esta visa, a los solicitantes de asilo y refugiados se les permitirá trabajar. A los mayores de 18 años no se les permite estudiar ni realizar cursos de formación. Además, los pagos financieros de 200 dólares australianos por quincena cesarán inmediatamente con la emisión de esta visa, y la vivienda apoyada por el gobierno será retirada tres semanas después. Aunque se proporcionará Medicare (asistencia médica financiada por el gobierno), el acceso a otros servicios, en particular los servicios de trauma y tortura, que son financiados por el Gobierno, cesará. Inicialmente, el visado se ha expedido a los solicitantes de asilo adultos y a los refugiados actualmente en detención comunitaria, que no están acompañados por familiares. El grupo de personas potencialmente afectadas incluye a 400 personas, incluyendo familias y más de 100 niños. Se informa que la mayoría de los refugiados y solicitantes de asilo afectados son iraníes, sirios, afganos, srilanqués y apátridas.

Las soluciones a largo plazo son necesarias para todas las personas transferidas por Australia a Papua Nueva Guinea y Nauru desde 2013. Para aquellos refugiados que desean ser considerados para ser reubicados bajo el acuerdo bilateral Australia-Estados Unidos, el retorno a Papua Nueva Guinea o Nauru respectivamente no debería ser una condición previa para tal consideración.

La Oficina Nacional de Auditoría de Australia confirma que el mantenimiento de refugiados y solicitantes de asilo en instalaciones de "procesamiento extraterritorial" cuesta aproximadamente 15 veces más que permitirles vivir en la detención comunitaria en Australia.

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