ACNUR presenta nuevas directrices de protección, ante la huida de venezolanos por América Latina

Ante de la continua salida de venezolanos hacia países vecinos y otros países de la región y el mundo, ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ha publicado nuevas guías para que los gobiernos aborden la situación de las personas en necesidad de protección internacional y asistencia humanitaria.

Como resultado del complejo contexto político y socioeconómico en Venezuela, un país que tradicionalmente ha acogido a miles de refugiados, el número de personas forzadas a abandonar sus hogares continúa aumentando. El movimiento de estas personas tiene su base en una variedad de razones, que incluyen la inseguridad y la violencia, la falta de alimentos, medicamentos o el acceso a servicios sociales esenciales, así como la pérdida de ingresos. Si bien no todos los venezolanos son refugiados, cada vez resulta más claro que un número significativo necesita protección internacional.

Se ha producido un aumento de 2.000% en el número de nacionales venezolanos que han solicitado el reconocimiento de condición de refugiado en todo el mundo desde 2014, principalmente en los países de las Américas desde el año pasado. Aunque más de 94,000 venezolanos pudieron acceder a los procedimientos de determinación de la condición de refugiado en 2017, muchos más con necesidad de protección optan por otras alternativas de residencia legal, que pueden ser más rápidas de obtener y otorgan el derecho al trabajo, acceso a la salud y la educación. Sin embargo, cientos de miles de venezolanos permanecen sin documentación o permiso para residir legalmente en países de acogida. Esto los hace particularmente vulnerables a la explotación, la trata de personas, la violencia, el abuso sexual, la discriminación y la xenofobia.

En este contexto, la nota de orientación del ACNUR alienta a los Estados a garantizar que los venezolanos tengan acceso a los territorios y a los procedimientos de determinación de la condición de refugiado. Además, ACNUR da la bienvenida y pide a los gobiernos que adopten respuestas pragmáticas de protección para el pueblo venezolano, como las alternativas de estadía legal, que incluyen visas o permisos de residencia temporal, así como otros programas de regularización que garanticen el acceso a los derechos básicos de salud, educación, unidad familiar, libertad de movimiento, albergue y el derecho al trabajo. ACNUR aplaude a los países de América Latina que han introducido tales opciones, y espera que los costos y requisitos se flexibilicen cuando sea necesario para garantizar el acceso a los mencionados derechos. En vista de la situación en Venezuela, es crucial que las personas no sean deportadas o forzados a retornar.

América Latina cuenta con algunos de los marcos normativos y prácticas más progresistas del mundo en materia de protección internacional, como la Declaración de Cartagena de 1984, que se basa en la Convención de Refugiados de las Naciones Unidas de 1951 y que incorpora una definición más amplia de refugiado. ACNUR considera que las circunstancias generales que conducen a la salida de ciudadanos venezolanos podrían estar contempladas en el espíritu de la Declaración de Cartagena. Si bien los gobiernos de la región han sido generosos en su respuesta, las comunidades de acogida que reciben venezolanos se encuentran bajo creciente presión y necesitan apoyo de forma urgente y contundente, para promover la coexistencia pacífica y prevenir manifestaciones de discriminación y xenofobia.

ACNUR está trabajando con los gobiernos para abordar la protección y necesidades básicas de las personas que salen de Venezuela. En consecuencia, ACNUR ha desarrollado un plan de respuesta regional que abarca 8 países y la subregión del Caribe. En particular, ACNUR busca fortalecer los sistemas de asilo nacionales y otros procesos de protección internacional, e intensificar sus actividades para fomentar una respuesta integral, predecible y armonizada a la difícil situación que enfrentan las personas venezolanas.

ACNUR trabajará para alcanzar estos objetivos, en particular el acceso a la protección, en cooperación con todos los niveles de gobierno y otros actores relevantes interesados, incluidas otras agencias de las Naciones Unidas, especialmente la OIM, organizaciones internacionales, la sociedad civil y el sector privado, así como para facilitar la participación de las personas venezolanas y sus comunidades de acogida. Los requerimientos financieros iniciales de ACNUR para la implementación de la respuesta regional para la situación de Venezuela ascienden a USD 46 millones.