Emergencia rohingya: las personas apátridas continúan luchando por sobrevivir en Myanmar
Emergencia rohingya: las personas apátridas continúan luchando por sobrevivir en Myanmar
En sus 27 años de vida, Za Beda, una mujer rohingya que vive en el estado de Rakáin, al oeste de Myanmar, ha tenido que adaptarse a cada vez más restricciones a sus derechos y libertades.
En 2012, los enfrentamientos intercomunitarios sacudieron al estado de Rakáin. Za Beda tenía 17 años en aquel momento y apenas había formado su propia familia. Como ocurrió con decenas de miles de personas más, Za Beda y su familia fueron desplazadas por la fuerza.
Una década después, más de 153.000 personas rohingyas – incluida Za Beda – siguen siendo desplazadas; la mayoría vive confinada en campamentos. Otras 447.000 personas viven en pueblos donde tienen poca libertad de tránsito, lo cual limita la posibilidad de recibir atención médica, asistir a la escuela y generar ingresos. Debido a la ola de violencia que se vivió en 2017, 700.000 personas rohingyas huyeron del país y ahora viven como refugiadas en Bangladesh o en otras partes de la región.
Por las restricciones en el terreno que pueden ocupar los campamentos, muchos de ellos no pueden ampliarse para recibir a más personas. En consecuencia, Za Beda ha enfrentado diversas dificultades por vivir en un campamento hacinado, donde escasea la infraestructura para el saneamiento. “No puedo dormir porque somos ocho personas, y nuestro albergue no tiene suficiente espacio. Suelo ir a la casa vecina para poder dormir”, comentó.
El acceso a la atención médica supone un desafió adicional. Aun con las dificultades que ha presentado su tercer embarazo, Za Beda no quiere solicitar atención médica para evitar un costoso y problemático proceso burocrático que, por un lado, requiere la aprobación de personal administrativo local, así como escoltas integradas solo por hombres, y, por otro, exige transitar por puntos de seguridad donde las extorsiones se dan recurrentemente.
“Me molesta que haya complicaciones durante el parto”, indicó Hassinah Begom, una partera que atiende a Za Beda y a otras mujeres embarazadas en el campamento. A pesar de no haber recibido formación, con una trayectoria de 20 años, Hassinah Begom ha estado a cargo de más de 500 partos y suele ser la persona a la que buscan las madres cuando requieren ayuda.
“Si la situación se agrava, debo acompañarlas rápidamente al hospital. Por el toque de queda, no podemos salir pasadas las 6 de la tarde, pero, cuando vamos al hospital, permiten que una sola persona acompañe a la paciente, y no podemos llevar el móvil. Además, debemos cubrir los costos más altos por los medicamentos”, señaló Begom. “Por suerte, ninguna mujer ha muerto bajo mi cuidado”.
Con el propósito de mejorar las condiciones de vida y cerrar heridas de larga data, ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, y sus socios han apoyado a las personas rohingyas y de Rakáin, así como a otras comunidades desplazadas en el estado del mismo nombre, mediante la distribución de artículos para el hogar, la reconstrucción de albergues, la prestación de servicios y los medios de vida. Con este tipo de asistencia se busca reducir vulnerabilidades, como la violencia de género, al tiempo que se promueve el diálogo entre distintas comunidades.
Sin embargo, las políticas que obstaculizan el acceso igualitario a la ciudadanía o a servicios esenciales, así como las restricciones a la libertad de tránsito han mantenido a las personas rohingyas en condiciones de marginación, lo cual las hace dependientes de la asistencia humanitaria. “La ayuda no basta para resolver esta crisis”, aseveró Federico Sersale, jefe de la oficina de ACNUR en Sittwe, la capital del estado de Rakáin. “Aunque brindar asistencia es imperativo, para alcanzar soluciones duraderas resultan cruciales el acceso a derechos y libertades, la cohesión social entre las comunidades y la posibilidad de que las personas rohingyas retornen a sus hogares o lugares de elección cuando cierren los campamentos”.
Incluso luego de haber dado a luz con poca o nula atención médica, las mujeres que viven en los campamentos siguen preocupándose por sus hijas e hijos. La niñez rohingya rara vez obtiene partidas de nacimiento, un documento clave que les otorga una identidad jurídica.
“Me entristece que ningún niño o niña que haya nacido aquí tenga una partida de nacimiento”.
El segundo hijo de Za Beda nació en el campamento y no cuenta con una partida de nacimiento. Su hijo mayor tenía una, pero la perdió cuando fueron desplazados, en 2012. “He intentado, de diversas formas, obtener una partida de nacimiento para él, pero parece imposible”, contó.
“Me entristece que ningún niño o niña que haya nacido aquí tenga una partida de nacimiento. No contar con una obstaculiza el éxito en la edad adulta”, recalcó Begom.
Determinada a brindar tanta ayuda como le sea posible, esta partera ha registrado diligentemente la fecha de nacimiento de cada bebé que ha recibido. “Espero que estos registros les ayuden a obtener documentos de identidad algún día”, confesó.
Restringir el acceso de las personas rohingyas a documentación civil, como las partidas de nacimiento, tiene consecuencias de largo alcance. Mientras crecen, no les es posible obtener otros documentos de identidad, como identificaciones nacionales, lo cual confina a estas personas a la invisibilidad jurídica y administrativa. Esta situación, a su vez, pone en riesgo otras posibilidades a futuro, limita la libertad de tránsito, y sigue alimentando un ciclo de pobreza y marginación.
“Cuanto más dure esta situación, seguirán aumentando la vulnerabilidad y la marginación de las comunidades rohingyas. Además, disminuirán las posibilidades de retorno en condiciones seguras para quienes se encuentran en Bangladesh”, recalcó Federico Sersale, funcionario de ACNUR.
Ajam Bibi, una joven de 16 años que vive en el campamento de Basara y que fue recibida por Begom al nacer, tuvo que abandonar la escuela a los 14 años porque su madre no podía costear las cuotas. “Me encanta aprender. Si logro concluir mis estudios, me postularé para trabajar en una organización humanitaria. De momento, apoyo en las labores domésticas y ayudo a mis hermanos menores con sus tareas”, comentó.
Si bien las agencias humanitarias ofrecen educación primaria gratuita dentro de los campamentos, las preparatorias estatales se encuentran lejos de ellos, apartadas de otras comunidades. Las cuotas escolares y los costos del transporte aumentan la carga financiera que deben asumir las familias con escasos recursos económicos, una situación que se agrava con la falta de oportunidades laborales.
Considerando las dificultades que ha enfrentado a lo largo de su propia vida y la de sus hijos, para Za Beda resulta preocupante qué depara el futuro. “Esta situación me llena de tristeza. No puedo imaginar cómo será la vida de mis hijos cuando crezcan”, afirmó.
