Declaración atribuible a Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, sobre la situación de las personas refugiadas eritreas en la región de Tigray, Etiopía

Sigo estando profundamente afectado por la situación humanitaria en la región de Tigray, Etiopía, y su impacto sobre la población civil, en concreto sobre las personas refugiadas eritreas acogidas en la región.

Recientemente hemos presenciado algunos avances positivos en colaboración con el gobierno para acceder y asistir a las poblaciones vulnerables, incluido el trasporte y distribución de alimentos para parte de las 25.000 personas refugiadas procedentes de Eritrea que se encuentran en los campamentos de Mai Aini y Adi Harush, en Tigray. La semana pasada ACNUR y sus socios llevaron a cabo una misión de evaluación rápida en ambos campamentos junto con la Agencia para Asuntos de Refugiados y Retornados de Etiopía y fueron capaces de restablecer el suministro de agua y servicios sanitarios limitados. Esperamos ser capaces de restablecer pronto una protección integral y otras actividades humanitarias.

No obstante, a pesar de haberlo solicitado en repetidas ocasiones, ACNUR y sus socios no han podido tener acceso todavía a los campamentos de Shimelba y Hitsats desde el comienzo de la operación de orden público hace dos meses.

Estoy muy preocupado por la seguridad y el bienestar de las personas refugiadas eritreas que residen en estos campamentos. Hace muchas semanas que no reciben ningún tipo de ayuda. Además, sigo recibiendo numerosos informes fiables y relatos de primera mano que hablan de una situación de inseguridad continuada y denuncias de graves y alarmantes abusos contra los derechos humanos como asesinatos, secuestros selectivos y retornos forzosos a Eritrea de personas refugiadas. Esto es motivo de profunda preocupación. Los informes de nuevas incursiones militares en los últimos 10 días van en línea con las imágenes de satélite de fuentes de libre acceso, que muestran nuevos incendios activos y otros signos recientes de destrucción en ambos campamentos. Son indicaciones concretas de graves violaciones del derecho internacional.

Etiopía tiene una larga tradición de dar refugio a personas que huían del conflicto y la persecución. El Gobierno Federal ha garantizado que se están adoptando medidas para minimizar el impacto del conflicto sobre la población civil. He trasladado a los líderes de Etiopía la urgencia de garantizar la protección de las personas refugiadas, evitar retornos forzosos y mantener la seguridad de los campamentos de refugiados frente a ataques y otro tipo de amenazas por parte de actores armados.

Los equipos de ACNUR en el terreno han vivido también con angustia nuestra incapacidad de prestar asistencia a miles de personas refugiadas eritreas que siguen huyendo de los campamentos en busca de apoyo y seguridad. Las personas refugiadas que llegan a pie a la ciudad de Shire, en Tigray, llegan hambrientas y suplicando una ayuda que no está disponible. Los refugiados que alcanzaron Addis Abeba son devueltos a Tigray, algunos en contra de su voluntad. Si bien acceder a los campamentos de Mai Aini y Adi Harush es un buen comienzo, debo insistir en el llamamiento de todas las Naciones Unidas para un acceso libre y pleno, explorando todas las opciones para prestar con seguridad una asistencia que se necesita de manera desesperada.

ACNUR mantiene su compromiso de trabajar con el Gobierno de Etiopía para desarrollar nuestro mandato de proteger y asistir a las personas que se ven obligadas a huir, en línea con los principios humanitarios de imparcialidad y neutralidad. Seguimos dispuestos a colaborar para buscar soluciones a los problemas humanitarios actuales, con un espíritu de colaboración y asociación constructiva. Se precisan ahora un acceso seguro y una acción rápida para salvar las vidas de miles de personas en situación de riesgo.