En Manaos, refugiados discuten derechos previsionales con la Defensoría Pública de la Unión

MANAOS, Brasil, 8 de agosto de 2013 (ACNUR) – "¿Tenemos derecho a jubilarnos?" Esta duda, presentada por varios refugiados que viven en Manaos, Amazonas, Brasil, llevó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) a organizar con la Defensoría Pública de la Unión (PDU) y la Cáritas Arquidiocesana en Manaos (CAM) un debate sobre la seguridad social Brasileña y los derechos de los refugiados y solicitantes de asilo en relación al derecho previsional.

El debate se enmarca en la estrategia del ACNUR para promover la integración de solicitantes de asilo y refugiados en Manaos, acercando esta población a las instituciones públicas por medio de sesiones informativas sobre temas de interés general relacionados con los derechos y deberes de todos los extranjeros que viven en el territorio brasileño.

Manaos es uno de los principales destinos de los solicitantes de asilo que llegan a Brasil por la Región Norte, que el año pasado registró el 11% de las solicitudes presentadas en todo el país – en lo que va de 2013 ya se han registrado más de 160 solicitudes en la región. Actualmente en Manaos viven cerca de 200 solicitantes de asilo y refugiados ya reconocidos por el Gobierno brasileño.

La DPU cuenta con nueve defensores en Manaos, y tres de ellos participaron en el debate la semana pasada. Ellos explicaron que los refugiados tienen los mismos derechos que un brasileño: después de una cotización mínima de 15 años a la seguridad social (como trabajador dependiente o autónomo), el trabajador tiene derecho a la jubilación.

En Manaos, muchos de los refugiados y solicitantes de asilo viven en núcleos familiares constituidos por personas mayores. Es el caso de María Digna, que tiene 60 años mantiene a su hija de 14. "Necesitaba saber más sobre el tema. No puedo hacer frente a todos los gastos de mi casa y tengo que mantener a mi hija. Ahora que me informé, voy a estar pendiente de mi pensión", afirma María, refugiada colombiana que llegó a Brasil en 2011.

Sin embargo, para Juan Manuel Roa, refugiado colombiano de 63 años que vive en Brasil desde hace 6, el período mínimo de cotización no deja esperanzas a los refugiados. "La mayoría está en Brasil desde hace menos de 10 años, y esa contribución de 15 años vuelve la jubilación un sueño lejano", afirmó Juan, que participó en el debate.

Para la refugiada colombiana e ama de casa María Auxiliadora, de 60 años, la conversación con la DPU ayudó a esclarecer "muchas cosas que no sabía". Ella afirmó que los debates la ayudan en su integración local.

La DPU es la entidad encargada de defender a todas las personas que no poseen los medios para pagar un abogado. Los defensores públicos en Manaos se ocupan tanto de derecho penal como civil.

Para el director de la DPU en Manaos, Pedro de Paula Almeida, este tipo de iniciativa es de importancia fundamental, especialmente para los refugiados. "Es muy importante compartir conocimientos en tema de justicia social, principalmente con los refugiados que buscan protección en Brasil", afirmó.

El defensor todavía resalta la importancia de diseminar estas informaciones entre la población en general y los refugiados que viven lejos del centro de la ciudad. "DPU Comunidad es una campaña dirigida a la concienciación y al esclarecimiento de todas las dudas relacionadas a las funciones de la defensoría. La campaña es itinerante y se realiza de barrio en barrio", explicó.

La Defensora Pública Fernanda Tavares Homem de Carvalho, resaltó la oportunidad de integración que iniciativas como estas proporcionan. "Por medio de estos debates, hay varios esclarecimientos sobre el asunto. Es una forma de hacer con que los refugiados se sientan acogidos en la ciudad".

Por Sebastian Roa, de Manaus, Brasil