Los refugiados están en la primera línea de la pandemia de COVID-19. Asegurémonos de que tengan los derechos que merecen

Este editorial se publicó en su versión original en inglés en el sitio web del Foro Económico Mundial el 30 de abril de 2020.

Carmen es una de las muchas heroínas del coronavirus. Un doctora que trabaja como parte de un equipo de servicio de ambulancia, ha estado en turnos de 24 horas para comunicarse con personas en su hogar que sospechan que tienen el virus o para llevar casos críticos al hospital. Pero Carmen tiene otra característica que la hace destacar: es una solicitante de asilo.

En todo el mundo, las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes con calificaciones médicas se presentan a cumplir el servicio: desde el cardiólogo iraquí que atiende a vecinos y pacientes en Atlanta, a la maestra siria que limpia las salas hospitalarias en Londres, hasta Carmen, una doctora venezolana que ahora salva vidas en Lima.

Y aquellos en la primera línea necesitan sus tropas de apoyo: las personas refugiadas han estado fabricando jabón y equipo de protección personal, cocinando comidas gratis para las personas trabajadoras de la salud, dotando de personal a los centros de información, y uniéndose al esfuerzo masivo de voluntariado en sus comunidades de acogida.

De repente, los orígenes y el estatus legal de las personas desplazadas parecen ser mucho menos importantes que las habilidades, el conocimiento y la experiencia que pueden aportar a nuestro drama compartido. Las historias de estas personas refugiadas y solicitantes de asilo ilustran lo que sucede cuando las personas tienen el poder de hacer uso de sus habilidades, conocimientos y experiencia: todos ganamos.

Atrapados

Pero la mayoría de los millones de personas obligadas a huir de sus países de origen, especialmente los 25,9 millones de personas refugiadas que han cruzado una frontera internacional, están atrapadas en una trampa laboral. Profesionales altamente capacitados se dan cuenta que sus calificaciones no son reconocidas. Adaptarlas o actualizarlas es burocráticamente imposible o depende del acceso a la educación y la capacitación, algo que a menudo se les niega a las personas refugiadas.

A las personas refugiadas que alguna vez dirigieron negocios prósperos les resulta difícil obtener las licencias necesarias para iniciar nuevas empresas o se les niega el derecho a alquilar espacios comerciales. Incluso en el 50 por ciento de los países que otorgan a las personas refugiadas acceso a los mercados laborales, una serie de otras restricciones (de movimiento, derechos de propiedad, acceso a capacitaciones) hacen que sea casi imposible encontrar un empleo sostenible, regular y bien remunerado.

Algunas personas refugiadas han desafiado esta tendencia, como la ex refugiada liberiana que ahora trabaja como enfermera en Pensilvania, o el refugiado iraquí que volvió a acreditarse como médico en el Reino Unido gracias a un esquema pionero para disminuir la presión sobre el servicio de salud del país.

Pero el principio de aprovechar el poder de las personas refugiadas debería aplicarse en todo el mercado laboral, no solo en el sector de la salud. Mientras celebramos el Día Internacional de las y los Trabajadores en medio de una pandemia, los cultivos aún necesitan cosecharse, los suministros aún necesitan transportarse, las y los hijos de las personas trabajadoras de emergencia necesitan que les cuiden, los estantes deben llenarse y las cajas registradoras necesitan personal. Con el coronavirus planteando aspectos singulares al término “trabajadores esenciales”, las personas desplazadas y apátridas han dado un paso adelante para ofrecer sus servicios.

Al mismo tiempo, debemos recordar que alrededor del 85% de las personas refugiadas no viven en Europa o en los EE. UU., sino en los países en desarrollo o menos desarrollados. A medida que COVID-19 se expande, millones de personas que viven al día en las zonas urbanas y dependen de empleos ocasionales e irregulares podrían verse sumidas en la pobreza cuando las restricciones de movimiento hacen que ese empleo sea inviable.

Las facturas de alquiler y comida serán imposibles de cumplir. Los sistemas de salud básicos que ya estaban luchando para salir adelante se verán sometidos a una presión adicional. Si el objetivo es realmente "reconstruir mejor" una vez que esta crisis haya pasado, ayudar a esos países a fortalecer su infraestructura básica e impulsar los mercados laborales con inversiones muy necesarias son buenos puntos para comenzar. Tanto las comunidades de acogida como las poblaciones desplazadas se beneficiarán.

Que las personas refugiadas pueden hacer contribuciones vitales ahora es obvio. Otorgarles el acceso a los derechos laborales y permitirles alcanzar su potencial repercute en el interés de todos: fortalecer nuestros sistemas de salud, seguridad alimentaria, atención comunitaria e innumerables otras funciones de las que dependen nuestras sociedades.

Los Estados deberían revisar sus leyes laborales para dar a las personas refugiadas el derecho a trabajar en todo momento, no solo durante una crisis. Como ha dicho la Organización Internacional del Trabajo: “El acceso al empleo productivo y el trabajo digno es la estrategia más importante para una respuesta sostenible a la presencia de personas refugiadas y otras desplazadas por la fuerza”.

La plena participación en la vida de sus países de acogida brinda a las personas refugiadas autosuficiencia, aumenta el grupo de consumidores y contribuyentes, promueve la cohesión social y extiende más manos solidarias a las personas vulnerables.

Después de huir de Venezuela, Carmen pasó más de dos años trabajando como camarera, recepcionista y asistente de ventas hasta que ACNUR y una organización no gubernamental venezolana la ayudaron a validar sus calificaciones médicas en Perú. Su historia ilustra cuán contraproducente es excluir su tipo de talento, energía y coraje.

El cambio requiere liderazgo político, audacia y visión, y si podemos cubrir el costo a corto plazo, podremos cosechar la ganancia a largo plazo.