Refugiada nicaragüense sana las heridas de la persecución en Costa Rica
Refugiada nicaragüense sana las heridas de la persecución en Costa Rica
Para Catalina, buscar atención médica en Nicaragua era muy arriesgado, mientras que en Costa Rica no la podía costear hasta que se convirtió en una de las 6.000 personas refugiadas beneficiadas con el acceso al sistema público de salud de Costa Rica.
Hacía muchos años desde que Catalina terminó su carrera en derecho cuando, el temor por la seguridad de su familia y el enojo por lo que estaba sucediendo en su natal Nicaragua, la obligaron a ocultarse con algunos estudiantes en un campus universitario en medio de las manifestaciones antigubernamentales en 2018.
Una noche lanzaron un explosivo casero a través de una ventana que explotó en su pie derecho.
Aunque fue sometida a una cirugía para salvar su pie tras la explosión, las graves heridas que sufrió requerían de un tratamiento extenso. Ante el temor de ser víctima de un secuestro, Catalina solía disfrazarse cuando iba a las citas médicas. Finalmente, el miedo a ser detenida por su papel en las protestas la llevó a huir a través de la frontera hacia la vecina Costa Rica, donde solicitó asilo.
Con sus heridas aún sin sanar y sin poder pagar un médico en Costa Rica, estuvo sin tratamiento durante varios meses, corriendo el riesgo de un daño mucho mayor. Luego se enteró de una iniciativa de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, que brinda acceso a 6.000 personas refugiadas y solicitantes de asilo al sólido sistema de salud pública de Costa Rica.
“Fue una bendición cuando escuché del seguro médico de ACNUR”, dijo Catalina, una abogada de 44 años y madre de dos hijas.
Inicialmente, encabezada por estudiantes y adultos mayores, la ola de manifestaciones en Nicaragua en 2018 fue apoyada rápidamente por profesionales como Catalina, incluidos maestros, médicos y periodistas, así como campesinos. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos estima que más de 300 manifestantes murieron durante las protestas.
“Fue una bendición cuando escuché del seguro médico de ACNUR”.
Catalina se sintió obligada a involucrarse y convirtió su casa en un centro de ayuda improvisado para manifestantes, donde ella y otras personas entregaron alimentos y ropa, así como también brindaban primeros auxilios. Pero su acto de solidaridad pronto también la convirtió en blanco de represalias.
Para escapar de posibles ataques y evitar poner en peligro a sus dos hijas adolescentes, Catalina se unió a los manifestantes en el campus de una universidad cercana. Una noche, mientras ella y otros dormían en un salón de clases, un fuerte ruido la despertó. Se acercó para ver qué era. Un explosivo casero entró por la ventana y explotó sobre ella, destruyendo la mitad de su pie.
“Estaba sangrando y me llevaron al hospital”, dijo. “A una cuadra del automóvil comencé a sentir frío y pensé que iba a morir. Uno de los jóvenes me decía que me mantuviera alejada de la luz. Yo solo pensaba en mis hijas”.
En el hospital, fue operada y fue dada de alta rápidamente porque el personal médico temía que quienes estaban detrás del ataque pudieran localizarla. Aun así, sus heridas requirieron un tratamiento continuo, por lo que durante varios meses se tiñó el cabello o se puso sombreros para evitar ser identificada y detenida.
Pero Catalina sospechaba que los grupos paramilitares se estaban acercando a ella. Sintió que su única oportunidad de sobrevivir era huir de Nicaragua. Empacó algunas pertenencias y, a pesar de sus heridas estaban sin cicatrizar, logró cruzar la frontera terrestre del sur de la nación centroamericana hacia Costa Rica, completamente sola.
Ella es una de las 100.000 nicaragüenses que se estima han huido de la persecución y las violaciones de derechos humanos a raíz de las protestas. Como ella, más de 86.000 de ellos han buscado protección en Costa Rica.
Si bien logró escapar del peligro, Catalina todavía necesitaba sanar sus heridas. Sin trabajo, no podía pagar la atención médica en Costa Rica y, por lo tanto, no tenía acceso a los tratamientos que requería con urgencia.
“Comencé a sentir frío y pensé que iba a morir …. Yo solo pensaba en mis hijas”.
Sin embargo, un convenio firmado entre la Caja Costarricense de Seguro Social y ACNUR cambió eso para Catalina y miles de personas como ella. El acuerdo amplió la cobertura del sistema público del país a 6.000 personas refugiadas y solicitantes de asilo en situaciones de extrema vulnerabilidad en el país.
María José Barth Vega, Oficial de salud pública de ACNUR en Costa Rica, subrayó que las personas que se ven obligadas a huir de sus países de origen a menudo tienden a sufrir dolencias crónicas que requieren cuidados a largo plazo, y agregó que el estrés de dejar el hogar a veces empeora sus condiciones.
“Muchas personas refugiadas y solicitantes de asilo tienen heridas y traumas que requieren atención médica urgente. El acceso efectivo a los servicios de salud es imprescindible para que puedan reconstruir sus vidas con dignidad”, explicó.
- Ver también: Más de 100.000 personas forzadas a huir de Nicaragua tras dos años de crisis política y social
La iniciativa ha adquirido una importancia aún mayor en medio de la pandemia causada por COVID-19, que ha afectado especialmente a las Américas. Como resultado, ACNUR modificó el programa para que también se enfocara en personas refugiadas y solicitantes de asilo que enfrentan mayores riesgos debido al virus, como por ejemplo las personas mayores.
Gracias al convenio, Catalina pudo reanudar su tratamiento. A medida que sus heridas físicas han sanado, también lo han hecho las cicatrices emocionales.
Catalina ha vuelto ahora a lo que más le gusta: ayudar a los demás. Trabajando con una organización religiosa y otros nicaragüenses en Costa Rica, ha organizado iniciativas para brindar ayuda a las personas sin hogar y otras vulnerables en su país de acogida.
“Ayudar a los demás me ayuda”, dijo.
*Nombre cambiado por motivos de protección.
