Proceso de Quito: ACNUR y OIM felicitan a Brasil por liderar la búsqueda de soluciones regionales para las personas refugiadas y migrantes de Venezuela
Proceso de Quito: ACNUR y OIM felicitan a Brasil por liderar la búsqueda de soluciones regionales para las personas refugiadas y migrantes de Venezuela
BRASILIA, Brasil – ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, y OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, expresan satisfacción por los compromisos asumidos en la VIII Declaración Conjunta del Proceso de Quito, firmada este viernes, 1 de julio, en Brasilia, por 13 países. Ambas organizaciones celebran también el compromiso del Gobierno de Chile de asumir la próxima presidencia pro tempore del Proceso.
Los Estados miembros adoptaron el texto durante el segundo día de la sesión plenaria y reafirmaron su compromiso de seguir fomentando soluciones articuladas y el intercambio de buenas prácticas a nivel regional para encontrar respuestas comunes a la situación de movilidad humana de 5,1 millones de refugiados y migrantes de Venezuela en América Latina y el Caribe, así como para las comunidades que los acogen.
El documento recoge el trabajo de los Estados que han marcado la pauta en cuanto a inserción socioeconómica, asilo, regularización migratoria, centros de orientación y acogida temporal, COVID-19, educación, igualdad de género, protección de la infancia y la adolescencia, reunificación familiar, trata de personas y VIH/SIDA, así como las aportaciones derivadas de distintos webinars que han abordado temáticas como los grupos en situación de vulnerabilidad, las comunidades de acogida, la regularización migratoria y el reconocimiento de la condición de refugiado. En todos los apartados de la Declaración se ratifica el compromiso de avanzar en conjunto dentro del espacio técnico intergubernamental constituido por el Proceso.
“La Declaración Conjunta del Proceso de Quito envía un mensaje de coordinación regional y acuerdo común sobre la necesidad de producir una respuesta que continúe fortaleciendo tanto la integración socioeconómica de las personas refugiadas y migrantes como la de las comunidades de acogida, y reitera la preocupación por la crisis de movilidad humana que se vive en la región y la posibilidad de que se vuelva invisible”, destacó el Representante Especial Conjunto de ACNUR y OIM para los refugiados y migrantes de Venezuela, Eduardo Stein, quien asistió al evento.
Durante el período marcado por el liderazgo de Brasil como presidente pro tempore, el Proceso de Quito ha avanzado en la consolidación de una hoja de ruta con el Grupo de Amigos (integrado por España, Países Bajos, Suiza, Alemania, Francia, Unión Europea, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Italia y el Banco Interamericano de Desarrollo), en el lanzamiento de una estrategia regional contra la xenofobia, en la revisión de los procesos internos para mejorar las dinámicas de participación, así como en una primera medición del alcance que las recomendaciones emanadas del Proceso de Quito han tenido en las políticas públicas y la legislación de los Estados miembros.
Además, se reconocieron los esfuerzos de los Estados en el desarrollo de estrategias que permiten la integración socioeconómica, educativa y en los sistemas de salud de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela para que la protección que se les brinda abarque todos los ejes temáticos del Proceso de Quito.
Durante la Plenaria, Chile anunció su decisión de liderar el nuevo capítulo del Proceso de Quito y de trabajar en la consolidación de los ejes temáticos con un enfoque regional orientado a la cooperación internacional.
¿Qué es el Proceso de Quito?
El Proceso de Quito es un espacio de trabajo técnico regional de 13 países de América Latina y el Caribe, que nació en 2018 por iniciativa de Ecuador, con el apoyo del ACNUR y la OIM. En el marco del Proceso de Quito, los Estados (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay) desarrollan respuestas coordinadas a los desafíos institucionales producidos en América Latina y el Caribe por los flujos de personas refugiadas y migrantes procedentes de Venezuela.
Los países participan en sesiones plenarias y en espacios técnicos, de los que emanan las conclusiones que conforman la Declaración Conjunta. Sin tener carácter vinculante, las recomendaciones enumeradas en la declaración pueden ser adoptadas por los Estados que así lo consideren.
