Reclutamiento armado de niños en Colombia obliga a indígenas a salir de sus tierras

MITÚ, Colombia, 12 de agosto de 2009 (ACNUR) – En un rincón distante de Colombia en la frontera con Brasil, el departamento de Vaupés es el hogar de 27 diferentes grupos de indígenas, cada uno con una cultura y un idioma diferente. Pero afectados por el conflicto y el desplazamiento forzado, muchos están en riesgo de no sobrevivir.

La región del Vaupés es remota, su extensión comprende 50.000 kilómetros cuadrados de selva y ríos. Allí hay solo 16 kilómetros de carretera pavimentada rodeando la pequeña ciudad de Mitú, la cual está vinculada con la capital del país, Bogotá, por solo dos vuelos a la semana. El Río Vaupés es el único otro medio de transporte hacia el mundo exterior.

La región es también uno de los bastiones del mayor grupo armado irregular del país, que controla las áreas rurales, mientras las fuerzas armadas nacionales con dificultad mantienen una presencia en las zonas aledañas a la ciudad. Muchas comunidades a lo largo del río viven en aislamiento forzado y virtual confinamiento. A menudo, la situación de seguridad deja a los individuos sin otra alternativa más que huir.

"Durante los últimos dos años, la principal causa del desplazamiento forzado ha sido el reclutamiento forzado de niños indígenas por grupos armados ilegales", dijo un funcionario público de Mitú a ACNUR. En 2008, unas 500 familias huyeron de sus hogares, la mayoría porque sus hijos estaban a punto de ser reclutados por grupos ilegales.

Niños de tan sólo 13 años han sido reclutados, y tanto niños como niñas están en riego. El Consejo Regional Indígenas del Vaupés (CRIVA) está particularmente preocupado por el reclutamiento de miembros de grupos indígenas que se encuentran en riesgo de extinción. Uno de los casos más urgentes es el de los Pizamira. Siendo ellos en total menos de 50, tres niños fueron reclutados el año pasado.

"Muchos de los padres han ido al bosque a buscar a sus hijos, pero no los pueden traer de regreso", dijo un miembro del Consejo al ACNUR.

Unos 42 menores indígenas fueron obligados a unirse a grupos ilegales desde el inicio del 2008, de acuerdo con el CRIVA. Once de ellos eran estudiantes del internado de Bocas de Yi, una comunidad indígena ubicada en un recodo del río Vaupés que alberga niños de toda la cuenca del río y les brinda la oportunidad de estudiar.

Los habitantes de Bocas de Yi viven en completo aislamiento, sin acceso a servicios básicos. Unos 200 habitantes comparten los pocos recursos que existen con 160 niños que estudian en la escuela. El internado no tiene agua, electricidad ni baños. Algunos niños duermen en hamacas, otros en el piso.

"La mayoría de los niños está aquí todo el año porque sería demasiado largo o peligroso ir y venir de sus casas. Las condiciones de aquí son muy, muy duras año tras año", según un profesor. "Estos niños no tienen una real esperanza y esto los hace terriblemente vulnerables a otras opciones que personas inescrupulosas les ofrezcan", dijo.

No siempre el reclutamiento forzado se realiza violentamente. Uno de los métodos más comunes es hacer que los jóvenes "se enamoren", como dice la gente del lugar, a través del adoctrinamiento y de promesas de una vida mejor. Según el derecho humanitario, todo reclutamiento de menores por grupos armados ilegales es definido como reclutamiento forzado, así el niño crea o no que debe unirse.

En lugar de tomar el riesgo de perder a sus hijos, muchas familias prefieren huir. Cerca de 3.000 personas, un 1% de la población de Vaupés han dejado sus hogares.

El ACNUR está trabajando con los militares en el Vaupés como parte de una iniciativa nacional de capacitación finalizada a un mejor conocimiento de los derechos de los desplazados.

"En Colombia, el personal militar a menudo es la primera o la única presencia del Estado en comunidades en riesgo", dijo Roberto Mignone, representante adjunto del ACNUR en Colombia. "Las fuerzas armadas tiene un rol muy significativo que desempeñar en la protección y la prevención del desplazamiento forzado".

Por sus fuertes vínculos culturales, sociales y económicos con la tierra, el desplazamiento forzado es especialmente perjudicial para la población indígena, y puede conducir a la desaparición de grupos enteros. De acuerdo con la Corte Constitucional de Colombia, un tercio de los 90 distintos grupos étnicos del país está en riego.

Por Marie-Hélène Verney, en Mitú, Colombia