Al entrar al cuarto año de conflicto, la incertidumbre persiste para los desplazados ucranianos

Mientras el conflicto entra en su cuarto año, cerca de 1,6 millones de ucranianos desplazados internos luchan para encontrar seguridad, vivienda adecuada y acceso a empleo.

Los esporádicos intercambios de disparos en áreas cercanas a la línea de contacto continúan dañando la infraestructura civil, provocando nuevas necesidades humanitarias y creando riesgo de desplazamiento. La seguridad y la protección continúan siendo las principales preocupaciones para casi 800.000 personas que viven cerca de la Línea de Contacto en las regiones de Donetsk y Luhansk, al Este del país.

En junio de este año, el Servicio Estatal de Fronteras de Ucrania registró más de 1,1 millones de personas que cruzaron la línea divisoria en el este de Ucrania. ACNUR se muestra consternado por las dificultades en relación con la libertad de movimiento de los civiles, particularmente mientras cruzan la línea de conflicto. Frecuentemente hay largas filas y por ende, retrasos en los puntos de control. Quienes esperan para cruzar tienen limitado acceso a servicios básicos, tales como agua potable, letrinas, albergues que les protejan de las condiciones climáticas y atención médica.

Esto crea una situación particularmente difícil para quienes tienen condiciones de movilidad limitada y necesidades específicas, tales como personas mayores, y madres que hacen el recorrido con niños. A principios de este año, ACNUR brindó asistencia técnica para mejorar las condiciones de quienes cruzan los puntos de control, al reducir los retrasos en los mismos.

Desde inicios de 2016, cerca de 586.000 personas mayores retiradas que han estado viviendo en la zona del conflicto perdieron el acceso a sus pensiones como resultado de los procedimientos de verificación introducidos por el Gobierno de Ucrania. Esto ha afectado a los grupos más vulnerables, ya que muchos de ellos dependen de las pensiones y de los pagos sociales como su única fuente de ingresos.

Quienes viven en las áreas no controladas por el Gobierno deben registrarse como personas desplazadas internas con las autoridades ucranianas para poder tener acceso a sus pensiones y pagos sociales.

ACNUR y sus socios abogan por garantizar que las personas desplazadas tengan pleno acceso a los servicios y pagos del gobierno, incluyendo la desvinculación de las pensiones y las prestaciones sociales del lugar de residencia.

El desplazamiento ha afectado duramente a los grupos vulnerables, incluyendo a más de 50.000 personas con discapacidad que se han visto obligadas a huir de sus hogares. A parte del acceso a los servicios, ellos a menudo enfrentan dificultades adicionales y discriminación con base en su discapacidad, su etnia o su religión.

Por lo menos 40 comunidades que viven cerca de la línea divisoria tienen limitado acceso a los servicios médicos. Cerca de 150 instalaciones de salud han sido dañadas desde el inicio del conflicto, y el personal médico ha abandonado el área.

Los niños en las zonas afectadas tienen limitado acceso a la educación debido a la situación de seguridad y al daño que han sufrido las escuelas. Por lo menos 700 escuelas también han quedado dañadas desde el inicio del conflicto, incluyendo 55 que fueron impactadas directamente desde el inicio del año. En 2017, 89 escuelas han sido reparadas con la asistencia de ACNUR.

El nivel de destrucción de las casas de los civiles ha sido significativamente más alto de lo esperado, con aproximadamente de 40 a 60 casas dañadas semanalmente en ciertas comunidades cerca de la línea de frente. Más de 10.000 casas dañadas necesitan arreglos. En 2017, ACNUR y sus socios en materia de albergue han ayudado a reparar más de 1.000 albergues civiles, sin embargo, eso representa solo una fracción de las necesidades debido a los continuos bombardeos y las peligrosas condiciones de seguridad que empeoran el acceso a muchas zonas recién afectadas.

A principios de este año, ACNUR condujo 123 discusiones de grupos focales con la población afectada por el conflicto, incluyendo mujeres, menores huérfanos, personas con discapacidades y condiciones médicas serias, y personas LGBTI en 10 regiones de Ucrania. El reporte resume estas evaluaciones participativas que brindan un informe y testimonios de primera mano de familias desplazadas.

Entre los problemas relacionados con seguridad, acceso a servicios básicos, vivienda, empleo y medios de vida, residentes de las comunidades en las líneas de frente cuentan que las casas de civiles están siendo usadas con propósitos militares. El despliegue de combatientes y armas en áreas residenciales pone a la población civil en riesgo durante las luchas.

ACNUR continúa haciendo un llamado a todas las partes involucradas en el conflicto para que aseguren la protección a los civiles y los asentamientos de civiles de las consecuencias de los combates, los bombardeos, así como restringir el uso de hogares de civiles con fines militares.