La violencia creciente en el este de la RDC desplaza a miles de personas

ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, continúa preocupada por el reciente aumento de los ataques violentos contra la población local en la provincia de Ituri, en la República Democrática del Congo (RDC), donde en solo dos meses más de 200.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares.

En ACNUR también continúa la preocupación por la reducción del espacio para la ayuda humanitaria, ya que los ataques siguen mermando la capacidad de la Agencia para llegar hasta quienes se encuentran en una situación desesperada y necesitan recibir ayuda. ACNUR pide a todas las partes involucradas en el conflicto que respeten las vidas de la población civil y el trabajo humanitario.

Cinco millones de personas se han visto desarraigadas en la República Democrática del Congo, de las cuales, 1,2 millones de personas en la provincia de Ituri.  

Las tensiones se han acentuado desde que el gobierno lanzase en diciembre de 2019 una operación militar contra varios grupos armados activos en la región. La violencia se ha recrudecido desde que a mediados de marzo se multiplicaran los contraataques de los grupos armados.

En la provincia de Ituri, en los últimos 60 días ACNUR y sus socios han registrado más de 3.000 violaciones graves de derechos humanos en el territorio de Djugu, cometidas en los casi 50 ataques contra la población local que de media se producen cada día.  

Las personas desplazadas han informado acerca de situaciones de violencia extrema, con al menos 274 civiles asesinados con armas como machetes. Más de 140 mujeres han sido violadas y unos 8.000 hogares han sido incendiados.

Siguiendo las tendencias anteriores, la inmensa mayoría de las personas desplazadas son mujeres, niños y niñas, muchos de los cuales ahora viven con familias de acogida en condiciones de superpoblación. Otras están durmiendo al raso o en edificios públicos como colegios que en estos momentos no están siendo utilizados debido a las medidas adoptadas contra el COVID-19.

Tanto las personas desplazadas como quienes las acogen han quedado en una situación de vulnerabilidad por los asaltos y contraataques recurrentes y la violencia continua.  

Algunos de los desplazados que se atreven a regresar a sus hogares vuelven a ser diana de los ataques y amenazas de los grupos armados. El 24 de abril, cuatro personas retornadas fueron asesinadas en Nyangaray, mientras que otras 20 familias fueron secuestradas por un grupo armado. Se han recibido informaciones de que en el territorio de Mahagi dos personas desplazadas retornadas fueron enterradas vivas por parte de un grupo de hombres armados tras ser acusados de haber robado una suma equivalente a 6 dólares.

El acceso humanitario a los territorios de Djugu y Mahagi se encuentra altamente restringido. Las carreteras principales que conectan la capital de la provincial, Bunia, con el territorio de Djugu se cerraron por completo durante casi tres semanas en el mes de abril, y siguen siendo demasiado inseguras como para permitir el acceso humanitario.

En ACNUR preocupa la seguridad de las personas desplazadas y se teme que la falta de asistencia humanitaria tenga un impacto enorme, dado que las oportunidades de obtener ingresos se han reducido a causa de la pandemia del COVID-19. El hambre también se presenta como un verdadero riesgo, con la subida de los precios por la escasa disponibilidad de alimentos en ambos territorios.

ACNUR y sus socios están trabajando para proporcionar material humanitario de primera necesidad y en la construcción de más espacios de alojamiento para las nuevas personas desplazadas. Sin embargo, los asentamientos para desplazados internos quedan rápidamente masificados debido al gran número de nuevas llegadas y al espacio limitado de terrenos disponibles. La falta de financiación también está afectando a la capacidad de ACNUR para satisfacer las necesidades más básicas de la población desplazada. El llamamiento de fondos para la RDC por valor de 154 millones de dólares apenas ha recibido el 18% de los fondos requeridos.

Contactos para medios:

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• En Ginebra, Babar Baloch, [email protected], +41 79 513 9549
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