Cumbre en Ginebra propone acciones para modificar las leyes de nacionalidad que perpetúan la desigualdad de género

GINEBRA – Representantes de gobierno, de la sociedad civil y de diversas agencias de la ONU se reunieron hoy, en una Cumbre Mundial sobre Igualdad de Género en las Leyes de Nacionalidad, para solicitar que se emprendan acciones urgentes para acabar con la discriminación por razones de género en las leyes de nacionalidad que niegan a las personas el derecho de adquirir una nacionalidad o de transmitirla a su cónyuge o descendencia.

Convocada por la Campaña Mundial por el Acceso Igualitario al Derecho a una Nacionalidad, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y ONU Mujeres, en esta cumbre mundial participaron Irak, el Reino de Eswatini y Kiribati; estos países reafirmaron su compromiso de alcanzar la equidad de género en sus leyes de nacionalidad.

Aunque históricamente en diversas latitudes se ha negado a las mujeres el derecho de transmitir la nacionalidad a sus hijas e hijos en igualdad de condiciones con respecto a los hombres, diversos países han reformado sus leyes de nacionalidad en las últimas décadas. Aun con los avances alcanzados, las leyes de nacionalidad de veinticuatro países continúan negando a las mujeres el derecho de transmitir su nacionalidad a su descendencia; además, casi cincuenta países les impiden transmitirla a su cónyuge en igualdad de condiciones con los hombres.

En esencia, las leyes de nacionalidad que discriminan por razones de género no solo constituyen una de las principales causas de la apatridia, sino que también socavan la participación ciudadana de las mujeres y les impide ocupar un lugar igualitario en las familias. En la cumbre mundial que tuvo lugar el día de hoy, las agencias de la ONU y grupos de activistas afectados resaltaron las diversas violaciones a los derechos humanos que derivan de la discriminación por razones de género, que afectan no solo a las mujeres, sino también a sus familias y a la sociedad en su conjunto.

“Cuando un Estado permite que sus leyes de nacionalidad discriminen por razones de género implícitamente acepta y fomenta la idea de que las mujeres son inferiores a los hombres y, por tanto, las considera ciudadanas de segunda categoría. Las leyes que discriminan y niegan a las mujeres el ejercicio de sus derechos – en igualdad de condiciones con respecto a los hombres – traicionan la confianza de la sociedad y sugieren que la discriminación por razones de género es aceptable, normal o, incluso, esperada”, recalcó Adriana Quiñones, Jefa del área de Desarrollo y Derechos Humanos de ONU Mujeres en Ginebra.

Habiba Al-Hinai, Directora Ejecutiva de la Asociación Omani por los Derechos Humanos, secundó esta noción diciendo: “A las mujeres se las penaliza por contraer matrimonio, por elección propia, con una persona extranjera, lo cual viola su derecho a la libre elección de su cónyuge. Exigimos, ni más ni menos, que, en materia de nacionalidad, las mujeres gocen de los mismos derechos que los hombres. No se trata de una cuestión de beneficencia, sino del ejercicio de nuestros derechos en igualdad de condiciones”.

Por su parte, Gaithiri Siva, integrante de Family Frontiers Impacted Mothers Network, de Malasia, indicó que: “Las leyes de nacionalidad y ciudadanía que discriminan por razones de género socavan la autonomía de las mujeres y su capacidad para tomar decisiones por ellas mismas y por el bienestar de sus hijas e hijos. Aplaudimos que el Gobierno de Malasia tenga previsto discutir en septiembre algunas reformas que pondrán fin a nuestra difícil situación”.

Los beneficios que ofrece la equidad de género en las leyes de nacionalidad van más allá de las personas afectadas y sus familias, pues se trata de un elemento esencial para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, construir sociedades inclusivas y acabar con la apatridia.

“Los aparatos legislativos son cada vez más conscientes de la necesidad de incorporar la equidad de género en las leyes de nacionalidad y de hacer reformas cuando persiste la discriminación por razones de género. Eso es lo correcto”, indicó Catherine Harrington, gerente de campaña de la Campaña Mundial por el Acceso Igualitario al Derecho a una Nacionalidad.

El derecho ciudadano a obtener, cambiar, mantener o transmitir la nacionalidad está consagrado en el derecho internacional; en concreto, en diversas convenciones fundamentales en materia de derechos humanos que han sido ratificadas por la mayoría de los Estados, entre ellas, la Convención sobre los derechos del niño y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En la cumbre también se subrayó el vínculo entre el bienestar y los derechos de la niñez y el derecho de madres y padres a transmitir su nacionalidad a su descendencia, sin importar su sexo.

“Cuando niñas y niños no tienen una nacionalidad, no reciben protección y no tienen acceso a educación, atención médica, unidad familiar ni a la posibilidad de alcanzar sus sueños. Es prioritaria la colaboración entre gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y organismos regionales para alcanzar la equidad de género y salvaguardar los derechos y el bienestar de las personas en Medio Oriente y el Norte de África”, subrayó Marc Rubin, Director Regional Adjunto de UNICEF para Medio Oriente y Norte de África.

Reconociendo los logros y reformas recientes, en la cumbre mundial se reconoció que, si bien se trata de un problema creado por las propias sociedades, existen soluciones que no requieren grandes inversiones, sino voluntad y acciones políticas por parte de los Estados.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, recalcó que: “Tenemos en nuestras manos la cura para acabar con la apatridia y modificar las leyes de nacionalidad que son discriminatorias. Con el paso de los años hemos visto inspiradores avances que muestran que el problema puede resolverse cuando existe la voluntad política para lograrlo, y que nos recuerdan que las reformas son viables sin importar las diferencias lingüísticas, confesionales o culturales. Hagamos todo lo necesario para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en cuestiones de nacionalidad y, por tanto, asegurarnos de que la discriminación por razones de género se quede, de una vez por todas, en los libros de historia”.