Nuevos datos revelan las urgentes necesidades de justicia de las personas desplazadas internamente en Honduras
Nuevos datos revelan las urgentes necesidades de justicia de las personas desplazadas internamente en Honduras
Personas desplazadas internamente en Honduras participan en espacios colectivos para la búsqueda de soluciones que les permita acceder a derechos y justicia.
TEGUCIGALPA – Un nuevo informe de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, y el Instituto de La Haya para la Innovación en el Derecho (HiiL, por sus siglas en inglés) presenta por primera vez datos sobre las necesidades de justicia de las personas desplazadas internamente (PDI) en Honduras. Este informe, que también es el primero de su tipo en América Latina, destaca cómo los conocimientos basados en datos pueden allanar el camino para reformas orientadas a resolver los desafíos legales que enfrentan las poblaciones desplazadas y vulnerables.
Honduras se encuentra entre los primeros países con mayor número de personas desplazadas internamente en Centroamérica; sin embargo, el desplazamiento forzado es poco visible debido a los riesgos que enfrentan las PDI al hablar sobre su situación. Más de 250,000 personas – 2.7% del total de la población hondureña – fueron desplazadas entre 2004 y 2018, y los desplazamientos continúan hasta la fecha. La falta de acceso a la justicia es un factor que impulsa el desplazamiento en un contexto de violencia, en particular, la que es ejercida por organizaciones criminales. El desplazamiento es visto como una medida de autoprotección que proporciona un alivio temporal cuando no hay una alternativa segura, pero profundiza las vulnerabilidades existentes, especialmente cuando las personas se ven desconectadas de sus lazos comunitarios y otros sistemas de apoyo.
El informe destaca la relación cíclica entre el desplazamiento y la falta de acceso a la justicia, donde el desplazamiento hace más difícil acceder a la justicia para resolver problemas legales, nuevos o antiguos.
Metodología del informe:
Este informe es el cuarto de una serie de encuestas sobre Necesidades y Satisfacción de Justicia realizadas como parte de una asociación entre HiiL y ACNUR. La encuesta realizada en Honduras en el 2024 se llevó a cabo en ocho municipios (Choloma, San Pedro Sula, Tela, Tegucigalpa, El Triunfo, Duyure, Concepción de María). Participaron 2,010 adultos (mayores de 18 años) que son PDI o están en riesgo de desplazamiento. Además, se realizaron 59 entrevistas cualitativas con el objetivo de comprender la compleja relación entre los problemas legales, el acceso a la justicia y el desplazamiento.
Aspectos destacados de los datos:
Más del 40% de las personas en riesgo de desplazamiento reportaron al menos un problema legal. Además, el 52% de las personas desplazadas enfrentan graves problemas legales, muchos de los cuales los califican con una dificultad de 10 sobre 10 en términos de gravedad e impacto en su vida.
La brecha de justicia es amplia: 65% de los problemas legales han sido abandonados sin resolver o siguen a la espera de una resolución.
Los problemas legales más comunes en Honduras son los crímenes y delitos, los problemas con vecinos y los laborales; sin embargo, la violencia doméstica, los problemas relacionados con la familia y con el dinero son los principales problemas para las personas desplazadas internamente.
El 42% de los encuestados cambiaría de lugar de residencia si eso significase un mejor acceso a la justicia; y en el caso de las personas desplazadas internamente el porcentaje es todavía mayor, situándose en el 58%.
Impacto de los problemas legales: El 75% de las personas encuestadas reportó consecuencias negativas derivadas de problemas legales no resueltos, como pérdida de ingresos y enfermedades relacionadas con el estrés, siendo las PDI quienes experimentaron estos impactos de manera más aguda.
La muerte de un familiar como consecuencia de la falta de resolución de los problemas legales fue desproporcionadamente alta en comparación con otros países con estudios similares. En Honduras, el 11% de los PDI reportaron la pérdida de un familiar, en comparación con el 5% en Irak, donde HiiL también realizó un estudio similar con PDI.
El director ejecutivo de HiiL, Sam Muller, declaró: “Los datos en este informe brindan a las instituciones hondureñas los elementos clave necesarios para mejorar la seguridad y el bienestar de las PDI a través del sistema de justicia. Los datos son el punto de referencia desde el cual podemos medir el progreso, y este informe es un primer paso crucial para comprender las necesidades de justicia de las poblaciones vulnerables”.
Muller continuó: “Estamos presenciando un cambio global hacia la programación de justicia centrada en las personas, utilizando datos para establecer un propósito claro y prioridades centradas en las personas, diseñando mejores servicios legales y de justicia, y estableciendo los marcos legales y políticos necesarios para permitirlo. Con este informe, el gobierno de Honduras tiene una gran base sobre la cual construir. Es hora de aprovechar este impulso para garantizar que su sistema de justicia sirva a las necesidades de todas las personas, especialmente aquellas en mayor riesgo”.
Kathryn Lo, Representante de ACNUR en Honduras, señaló: “La protección de las personas desplazadas está estrechamente vinculada al fortalecimiento de la justicia. Los datos no solo resaltan la magnitud del desafío, sino que también señalan soluciones. Honduras puede usar los conocimientos basados en datos para ayudar a reformar su sistema de justicia, crear políticas que empoderen a las comunidades, romper los ciclos de violencia y restaurar la dignidad de quienes se ven obligados a huir. Detrás de estos números hay personas reales, historias de individuos que buscan justicia para reconstruir sus vidas, restaurar sus sueños y vivir en paz”.
En un país impactado por la violencia, el desplazamiento es visto como un mecanismo de supervivencia, lo que a menudo genera nuevos desafíos legales y sociales. Aunque se necesita mayor confianza en las instituciones formales, Honduras ha logrado avances significativos con la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente, el primer marco legal diseñado para proteger a individuos y comunidades de los efectos del desplazamiento forzado ocasionado por la violencia. Además, las instituciones públicas cuentan con diversos programas de protección centrados en la protección de los derechos de vivienda y propiedad, asistencia humanitaria y la salvaguarda de niños y mujeres en riesgo.
Honduras busca garantizar los derechos de las personas afectadas y abordar las causas estructurales del desplazamiento, incluyendo la protección del derecho al acceso a la justicia.
Los datos de este informe proporcionan una hoja de ruta para que las autoridades, sociedad civil, academia y cooperación internacional diseñen soluciones que cierren la brecha de justicia, fomenten la cohesión social y promuevan una sociedad más justa.
Testimonios de las personas desplazadas entrevistadas:
“Si el sistema de justicia hubiera funcionado como debería, creo que tal vez las cosas se habrían resuelto mientras aún estaba en mi casa... Pero, bueno, tuve que irme”.
“Debido a las amenazas de las pandillas que empezaron a entrar en los barrios, tuvimos que mudarnos de repente, sin previo aviso, dejando atrás todo lo que habíamos construido como familia”.
“Ya no hay justicia en ninguna parte. Para mí, mudarme de una casa a otra no significa que me sentiré segura. Ellos [los criminales] están en todas partes”.
“Recuerden, cuando la justicia funciona plenamente, las personas pueden vivir en paz, ¿verdad? Porque la justicia está diseñada para proteger a los ciudadanos. Si hay justicia, te sientes protegido. Pero si no hay participación de la justicia, ¿a dónde vamos?”
Para más información por favor contacte a:
- ACNUR Honduras: Danielle Alvarez, [email protected]
- HiiL: Fionuala Cregan, [email protected]
