OIM y ACNUR elogian la labor de Costa Rica en impulsar respuestas regionales de protección e integración para las personas migrantes y refugiadas
OIM y ACNUR elogian la labor de Costa Rica en impulsar respuestas regionales de protección e integración para las personas migrantes y refugiadas
SAN JOSÉ – ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, y OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, celebran la adopción de la Declaración Conjunta de la X Reunión Plenaria del Proceso de Quito por los países de América Latina y del Caribe. El documento tiene como objetivo promover los derechos humanos y buscar la regularización e integración socioeconómica de las personas refugiadas y migrantes en los países de origen, tránsito y destino de la región, como también contribuir a su integración y desarrollo en sus comunidades de acogida.
Durante la Presidencia Pro Tempore de Costa Rica en 2024, la primera de un país centroamericano, el Proceso de Quito se ha consolidado como un espacio técnico intergubernamental clave para la coordinación de soluciones conjuntas ante los movimientos de migrantes y refugiados de Venezuela y otras nacionalidades.
OIM y ACNUR también saludan el anuncio del Gobierno de Ecuador de asumir la Presidencia Pro Tempore del Proceso en 2025, y la incorporación de Guatemala como nuevo miembro de este importante foro.
“El Proceso de Quito se ha consolidado como un modelo de coordinación regional, demostrando que la verdadera fortaleza de nuestras naciones reside en la integración, la inclusión y el respeto por los derechos de todos”, destacó el Representante Especial Conjunto de ACNUR y OIM para los refugiados y migrantes de Venezuela, Eduardo Stein. “Al abrir nuestras puertas – en línea con los marcos legales de cada país – a quienes buscan nuevas oportunidades, no solo enriquecemos nuestras sociedades, sino que también cimentamos un camino hacia un desarrollo sostenible y equitativo”.
En la Declaración Conjunta adoptada ayer en San José, los países firmantes se comprometen a impulsar iniciativas inclusivas que garanticen la dignidad, seguridad, integración y no discriminación de las personas migrantes y refugiadas que buscan protección, asistencia y una oportunidad para su integración para así reconstruir sus vidas y aportar a las comunidades que los acogen.
Teniendo en cuenta las diferentes realidades políticas, capacidades y prioridades de los países, la Declaración recomienda fortalecer las instituciones nacionales responsables de determinar la condición de refugiado, y continuar apoyando la implementación de procesos de regularización migratoria y otros mecanismos de residencia temporal y permanente, así como también seguir fortaleciendo los mecanismos de lucha contra la trata de personas.
También se recomienda robustecer los sistemas de salud y facilitar el acceso a la educación para las personas refugiadas y migrantes y crear estrategias específicas para la integración socioeconómica, en particular, de poblaciones en situación de vulnerabilidad, entre ellas, personas con discapacidad, LGBTIQ+, mujeres, niñas, adolescentes, indígenas, y afrodescendientes. Asimismo, se subraya la necesidad de combatir la violencia de género, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y la xenofobia.
Además, se insta a los países a priorizar la reunificación familiar como una herramienta clave para alcanzar soluciones duraderas, en especial, para niños, niñas y adolescentes.
La Declaración resalta, asimismo, los seis años de trabajo de carácter técnico del Proceso y los esfuerzos realizados por los Estados miembros para proporcionar protección internacional a las personas refugiadas y regularizar a las personas migrantes, en particular, los grupos vulnerables. Esto incluye la flexibilización de requisitos que superen barreras, como la falta de documentos válidos de viaje o identidad, particularmente en el caso de niños, niñas y adolescentes. También reconoce las articulaciones realizadas con otros mecanismos regionales y subregionales que abordan la movilidad humana.
Los gobiernos signatarios de la Declaración Conjunta de la X Reunión Plenaria del Proceso de Quito hicieron un llamado a los países donantes y a las Organizaciones Internacionales para que brinden apoyo técnico y financiero destinado a implementar programas de regularización, integración y atención a comunidades de acogida. Además, saludaron la importancia de la consolidación de la Red Académica del Proceso de Quito (RAP), que desarrollará investigaciones científicas que aborden los desafíos identificados en este foro intergubernamental.
Con esta décima reunión plenaria, el Proceso de Quito reafirma su papel como un referente en la búsqueda de soluciones sostenibles e inclusivas ante los retos que plantea la movilidad de migrantes y refugiados en América Latina y el Caribe. OIM y ACNUR reiteran su apoyo para el plan de trabajo que Ecuador planteará en su presidencia.
¿Qué es el Proceso de Quito?
El Proceso de Quito es un espacio de trabajo técnico regional de 14 países de América Latina y el Caribe, que nació en 2018 por iniciativa de Ecuador, con el apoyo del ACNUR y la OIM, como secretaria técnica. En el marco del Proceso de Quito, los Estados (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay) desarrollan respuestas coordinadas a los desafíos institucionales producidos en América Latina y el Caribe por los flujos de personas refugiadas y migrantes, en especial las procedentes de Venezuela.
Los países participan en sesiones plenarias y en espacios técnicos, de los que emanan las conclusiones que conforman la Declaración Conjunta. Sin tener carácter vinculante, las recomendaciones enumeradas en la declaración pueden ser adoptadas por los Estados que así lo consideren.
Para más información, de favor contactar:
En Panamá:
- Luiz Fernando Godinho, ACNUR, [email protected] +507 6356 0074
- Gema Cortes, OIM, [email protected] +507 62694574