Discurso de Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en la Universidad de Georgetown, Washington D. C.

Buenas tardes. Doy las gracias a la Universidad de Georgetown – y, en particular, a la Escuela del Servicio Exterior y al Instituto para el Estudio de la Migración Internacional (ISIM) – por llevar a cabo este acto; también agradezco a los estudiantes, socios, colegas y otros amigos que estén presentes hoy aquí.

Para mí, que he sido alumno de escuelas jesuitas, significa mucho estar aquí por primera vez. También se trata de un momento importante para dirigirse a un campus universitario, y especialmente a uno tan prestigioso. Por complejo y controvertido que sea, lo que está pasando en las universidades de los Estados Unidos y en todo el mundo demuestra que la juventud participa más que nunca en los acontecimientos internacionales. Esto es positivo, porque – y disculpen este comentario propio de una persona mayor – existía la percepción de que este interés, que era muy común en mi juventud, se estaba desvaneciendo, pero, por suerte, evidentemente no es así, ya sea en cuanto a conflictos, medioambiente, derechos, justicia u otras causas. Y esto es crucial si queremos que el mundo siga siendo un lugar vivo y sensible en un momento de grandes desafíos globales.

Es de vital importancia que sigamos siendo conscientes de la interdependencia que impera, más que nunca, en este mismo mundo: hoy en día lo que sucede en un país puede resonar en casi todos los demás. No olvidemos que esto incluye el movimiento de personas por nuestro planeta, que siempre ha existido, pero que en esta época ha alcanzado unas dimensiones, una velocidad y unas implicaciones de una importancia y una gravedad nunca vistas. No cabe duda de que algunos de estos aspectos son pertinentes para el mandato de mi organización, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

ACNUR se ocupa de un aspecto muy concreto de la movilidad humana global, a saber, el desplazamiento forzado de personas – y enfatizo “forzado” – que huyen de la guerra, de violaciones de derechos humanos y otras persecuciones por razones específicas, de formas cada vez más complejas de violencia y de otras variantes de violaciones de la legalidad vigente. Según nuestras últimas estadísticas, que muchos de ustedes ya conocen, más de 114 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Dentro de unos días actualizaremos esta cifra. Todavía no puedo divulgar la nueva, pero puedo decirles que es más alta, y el precio que pagan los afectados se exacerba, cada vez más, con otro de los principales retos a nivel mundial: el impacto del cambio climático, muy a menudo combinado con conflictos y enfrentamientos entre comunidades.

La mayoría de las personas refugiadas buscan seguridad cerca de sus países y hogares, con la esperanza de poder volver. Sin embargo, seguirán avanzando si no pueden volver a casa, si no existe un futuro viable en el lugar donde se encuentran o si sus duras circunstancias son ignoradas.

Se desplazarán junto con personas migrantes que no huyen de guerras, violencia ni persecuciones y que, por tanto, (probablemente) no son refugiadas, sino que tienen otros motivos de peso para buscar oportunidades para ellas y sus familias, pero no disponen de vías legales para hacerlo.

Así se crea el fenómeno que, con la frialdad que caracteriza al lenguaje técnico, definimos como “movimientos mixtos”, es decir, personas refugiadas y migrantes que se desplazan juntas.

Reconozco que la diferenciación puede sonar simplista o incluso innecesaria en este momento, ya que con frecuencia se solapan los múltiples motivos que tienen las personas para desplazarse. Un refugiado que huye de la persecución también querrá encontrar mejores oportunidades, así como la pobreza o el hambre también pueden obligar a las personas a migrar. Sin embargo, son distintas las obligaciones legales internacionales que se aplican a la forma en que estos grupos son recibidos por los países de acogida o a la forma en que retornan a sus países de origen. Al mismo tiempo, ambos grupos suelen enfrentarse a los mismos peligros por el camino, puesto que se embarcan en los mismos viajes, y muchas vulnerabilidades son comunes, especialmente en lo que atañe a las mujeres, los menores no acompañados, el colectivo LGBTQI+ y las personas con necesidades específicas.

Por lo tanto, para responder a los movimientos mixtos es necesario tener en cuenta los retos comunes a los que se enfrentan las personas en situación de movilidad humana (y los países en los que se encuentran), así como las diferencias y especificidades de los grupos. Aunque algunos políticos se empeñen en agruparlos a todos en la categoría de amenaza genérica e imponen soluciones simplistas y brutales a su difícil situación, en realidad este complejo fenómeno requiere respuestas no menos complejas.

Hoy me gustaría centrarme en eso, en reflexionar y aportar sugerencias sobre cómo responder a estos flujos de población,

porque se ha convertido en un elemento central del debate público en casi todos los países. Está determinando el resultado de las elecciones y está afectando al corazón mismo de las democracias,

porque los movimientos mixtos suponen desafíos sin precedentes, tanto para los gobiernos como para las comunidades.

Y, por encima de todo, porque en el centro de este fenómeno reside el destino de millones de personas que, a su vez, están expuestas a peligros inimaginables conforme se desplazan.

No existe una única solución para todos los desplazados, pero independientemente de sus circunstancias, todos ellos tienen derechos humanos que deben respetarse. Estos derechos deben ser la base de nuestros esfuerzos colectivos para responder a sus necesidades.

Por ese motivo, es lamentable que las personas que se desplazan se hayan convertido en un peón de los debates políticos, utilizado fundamentalmente para ganar votos. Ya conocemos la retórica que culpa a las personas refugiadas y migrantes de todo lo malo que sucede o ha sucedido en la sociedad: han venido a quitarnos el trabajo, a crear inseguridad, a amenazar nuestros valores… Es absurdo, pero se sigue escuchando eso de que nos “invaden” o nos “sustituyen”. Con la inevitable conclusión de que no hay nada que hacer para gestionar estos flujos de población más que no dejarles entrar, construir muros, y restringir las leyes y prácticas de asilo y migración. Las propuestas más técnicas que ofrecen estos sectores son, en general, opciones simplistas centradas en el refuerzo de las fronteras como la solución más eficaz, si no la única.

Estos políticos esperan obtener votos y ganar elecciones, mientras se culpa, demoniza y deshumaniza a otros seres humanos con una necesidad imperiosa de apoyo y protección, y no se resuelven los problemas.

No deseo subestimar el reto real que suponen los “movimientos mixtos” en Europa, Asia Sudoriental y Sudáfrica y, sobre todo, aquí en América del Norte y, especialmente, en los Estados Unidos, pero con demasiada frecuencia vemos respuestas simplistas que, no solo se equivocan, sino que además son inútiles. Las soluciones sostenibles son más complicadas, desde luego, y más difíciles de planificar, implantar y explicar, pero son posibles, siempre que se basen en la solidaridad compartida entre todos los Estados afectados por estos flujos. Sin embargo, con notables excepciones, no suele invertirse en ellas, o ni siquiera se toman en serio. Los resultados netos son un aumento de la polarización en torno a esos temas y un crecimiento constante de los movimientos de población, tanto en número como en complejidad. Y el resultado, a menudo, es exactamente el contrario al que se proclama: las medidas exclusivamente restrictivas y coercitivas implican que, de hecho, la gestión de las poblaciones que se desplazan suele acabar involuntariamente en manos de redes criminales que ya han intervenido rápidamente para colmar ese nicho.

Visité el lado colombiano del Darién el pasado mes de diciembre y lo vi por mí mismo. El extraordinario control ejercido por las redes criminales a lo largo de las rutas – ¡a menudo para que no existan otras alternativas mejores a lo largo del camino! – significaba que, en especial las mujeres, los menores no acompañados y las personas mayores quedaban claramente a su merced y se enfrentaban a violencia y explotación sexual, a extorsiones y a la muerte. Las personas que cruzan a otros lugares en este continente menos expuestos en los medios, como la frontera entre México y Guatemala, se enfrentan a peligros y dificultades similares.

Se trata de desafíos increíblemente complicados. Aun así – permítanme repetirlo –, debemos rechazar lo que yo llamo la narrativa de la imposibilidad. No podemos permitirnos que nos superen la escala y complejidad de estos movimientos de población. No están fuera del alcance de soluciones reales, prácticas y legales, más bien lo contrario, es el momento de aumentar nuestros esfuerzos colectivos. A mi juicio, aquí en las Américas – que actualmente acogen a un quinto de las personas desplazadas del mundo – tenemos esa oportunidad.

Invierto mucho tiempo visitando gobiernos de todo el mundo y muchos de ellos están abordando estos retos. Sin embargo, con demasiada frecuencia, solo aplican medidas fragmentadas, de índole fronteriza y centradas en la disuasión que son totalmente ineficaces, y a menudo ilegales desde el punto de vista del derecho internacional.

Estas medidas rara vez aportan soluciones adecuadas para las personas refugiadas y migrantes, y desde luego no proporcionan resultados a los Estados.

Además, ponen en peligro el marco jurídico internacional que lleva siete decenios siendo la piedra angular que aporta protección y soluciones a millones de personas refugiadas en todo el mundo.

La clave para resolver esta situación insostenible en las Américas no se encuentra a lo largo de la frontera suroeste de los Estados Unidos, de 2.000 millas de longitud. Tampoco existe ninguna solución rápida oculta en el Darién, en México ni en otros lugares del Cono Sur de este continente.

Por eso, hoy el principal objetivo de mi discurso no es tanto recordar lo que ha salido mal, sino destacar las oportunidades de hallar soluciones.

Soluciones que solo pueden encontrarse si damos un paso atrás y adoptamos una perspectiva que yo a menudo defino como “panorámica”, que es integral, colaborativa y específica para esta región.

Si bien los controles migratorios y fronterizos son necesarios y constituyen uno de los derechos soberanos de un país, necesitamos un enfoque más ambicioso y estratégico que incorpore varios elementos interdependientes. Como opciones de un menú que se refuerzan mutuamente, deben adoptarse en paralelo en múltiples ubicaciones – en las regiones de origen, tránsito, destino y retorno – e implicarán a todos los Estados afectados con la participación de muchas otras partes.

Las buenas noticias son que podemos partir del excelente trabajo que ya han llevado a cabo varios gobiernos en esta región, junto con las organizaciones internacionales, los agentes del desarrollo, la sociedad civil, el sector privado y, no en menor medida, las propias personas refugiadas y migrantes. También debemos aprovechar las soluciones que ofrece el Pacto Mundial sobre los Refugiados de 2018 (y su mellizo, el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular). No olvidemos que el primero se basa en los importantes cimientos de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984, que era tan avanzada respecto a la protección de los refugiados en este hemisferio y cuyo 40º aniversario celebramos este año.

Estas múltiples vías pueden presentarse de muchas formas distintas. En aras de la claridad, voy a dividirlas en cuatro ámbitos generales.

El primero y más importante es el más evidente, pero también el más difícil, y es que debemos hacer frente a las causas subyacentes de los flujos de población. Esto implica resolver conflictos, mejorar la seguridad, reforzar la gobernanza y los derechos humanos, proporcionar apoyo financiero constante para impulsar el crecimiento y la resiliencia en los países de origen; es decir, se trata de retos importantes que, sin duda, deben estudiarse en profundidad de forma independiente. En resumen, lo que hace falta desde el punto de vista de los flujos de población es invertir en el futuro de las personas en sus propios países, para que tengan la opción de quedarse en sus comunidades y prosperar en ellas, sin sentir la necesidad de desplazarse debido a la violencia, la pobreza o ambas.

Sin embargo, la acción en este frente está plagada de dificultades, la mayoría de carácter político. Es importante que sigamos centrándonos en resolver las crisis (en el informe que presenté ante el Consejo de Seguridad el pasado jueves destaqué el vínculo entre los conflictos y los desplazamientos forzados), pero debemos asumir que, mientras intentamos resolver las crisis, millones de personas no tendrán otra opción que huir. Si observan los lugares de origen de muchas de las personas que se desplazan a las Américas (Haití, Nicaragua, Venezuela y otros países de Centroamérica), se darán cuenta de que cada uno de ellos atraviesa dificultades de extraordinaria complejidad política y económica. Si no hacemos frente a estos – y otros – problemas, será muy difícil que veamos una ralentización o disminución de los flujos de población.

El segundo elemento de este gran rompecabezas consiste en tener en cuenta que, aunque sí muchas de ellas, no todas las personas que atraviesan fronteras van en busca de protección. A veces se subestima este factor, en tanto que desencadena obligaciones, pero es muy real y frecuente. Está claro que es el más importante para ACNUR, ya que implica, fundamentalmente, que debe concederse el acceso al territorio a las personas que se encuentran en esta situación para que puedan solicitar asilo, y que los sistemas de asilo a lo largo de las rutas deben ser sólidos y eficaces.

Esto constituye la esencia del mandato de mi organización. Negar el derecho a solicitar asilo contraviene derecho internacional. Esto no significa que los Estados deban conceder a todo el mundo el derecho a permanecer en el país, sino que quienes lo necesiten deben tener la posibilidad de argumentar su caso.

Debemos impulsar de manera coordinada un mayor desarrollo de sistemas de asilo y protección justos y eficientes en todo el continente americano. De hecho, una de las partes fundamentales de la contribución de ACNUR a un enfoque hemisférico o panorámico consiste en trabajar junto con los gobiernos y con agentes de la sociedad civil para construir sistemas que puedan identificar, de manera rápida y justa, quiénes necesitan protección internacional y proporcionarles soluciones adecuadas.

Tenemos mucho que ofrecer cuando hablamos de construir sistemas nacionales de asilo que sean justos y eficientes. No es ningún secreto que tenemos serias preocupaciones acerca de las medidas restrictivas aplicadas – y que parece y resulta preocupante que estén siendo consideradas – por los Estados Unidos, así como por otros gobiernos. Existen formas fundamentadas y prácticas de eliminar las ineficiencias y atajar los retrasos mediante herramientas innovadoras, como una tramitación diferente en función del caso y procedimientos acelerados.  No es necesario que las solicitudes de asilo se evalúen por orden cronológico, lo que a menudo obliga a las personas a esperar durante años para que se escuche su caso. Por el contrario, ACNUR puede ayudar a los Estados a desarrollar procedimientos adaptados y a asignar mejor los recursos. El resultado es una menor presión sobre los sistemas nacionales, que se refleja en menos retrasos. Nos anima saber que estas medidas, que ya se aplican en algunos países (como Brasil, Canadá, México y Uruguay), se estén valorando en otros países; entre ellos, los Estados Unidos, donde, como todos sabemos, estas reformas son necesarias con gran urgencia.

Asimismo, cabe reconocer cómo el hemisferio occidental ha allanado el camino para un régimen jurídico alternativo de estancia legal, en particular para las personas refugiadas. Se ha demostrado que estos regímenes son un complemento importante del asilo tradicional, al brindar protección temporal y generar oportunidades de inclusión para las personas desplazadas, a la vez que benefician a las comunidades que las acogen. Las mejores prácticas en las Américas han satisfecho principalmente las necesidades de la población venezolana, como son los casos de Brasil, Colombia, el Ecuador y el Perú, así como de los Estados Unidos. Hay oportunidades de ampliar estas iniciativas de regularización con miras a aumentar aún más sus efectos, es decir, para que abarquen también otras nacionalidades.

Los Estados solo obtendrán beneficios de sistemas de asilo más sólidos, ya que estos también les permitirán organizar el retorno, en condiciones dignas y seguras, de las personas que no necesiten protección y que no tienen otro argumento para quedarse. Aunque esta cuestión, por definición, excede los límites de mi mandato, debe decirse claramente: ACNUR seguirá oponiéndose categóricamente a toda deportación de solicitantes de asilo cuyas solicitudes no se hayan atendido correctamente, así como a todo retorno forzado a países en situaciones de inestabilidad grave (el Haití, por ejemplo); con esta claridad se lo hemos comunicado al gobierno estadounidense, entre otros. No obstante, consideramos que los retornos realizados con humanidad, tras una evaluación adecuada de los méritos de la solicitud de asilo, son cruciales para conservar la confianza social en el proceso del asilo y, en última instancia, son necesarios para velar por que se conceda el asilo a quienes, en efecto, necesitan protección.

Por otra parte, es posible organizar la readmisión en un país “anterior”, por así decirlo, en la ruta de una persona que ya había disfrutado de una condición jurídica de protección en tal país. Esto puede formar parte de acuerdos colaborativos entre países, que deben incluir salvaguardias adecuadas, de manera que las personas sean retornadas a situaciones en las que se respeten sus derechos y en la que existan oportunidades para lograr la estabilidad.

El tercer elemento es más amplio: afecta a las esferas de las personas refugiadas o migrantes y comprende un amplio abanico de intervenciones encaminadas a ayudar a los países situados a lo largo de las rutas a hacer frente a los retos a largo plazo que plantea la presencia de personas en situación de movilidad humana (desde las necesidades humanitarias hasta la inclusión y la integración, cuando sean posibles). Realmente se trata de aumentar la capacidad de los Estados de crear oportunidades para las personas refugiadas y migrantes, velando siempre por que las comunidades de acogida se beneficien de estas intervenciones; al hacer esto, también se busca que se estabilicen los flujos de población de forma lícita, sostenible y positiva para los países situados a lo largo de las rutas.

Para lograrlo, se necesitan alianzas sólidas: los países de acogida deben establecer políticas contundentes para asegurarse de que la condición jurídica y el acceso a los servicios y medios de vida estén al alcance de las personas que cumplan las condiciones. Algunos lo han hecho, por ejemplo, para mí fue un privilegio ser testigo de la adopción pública de un régimen de protección temporal muy novedoso en Colombia. Para apoyar estas iniciativas, los gobiernos donantes y las instituciones financieras internacionales deben reconocer estos audaces esfuerzos y proporcionar – además de ayuda humanitaria en caso de crisis – los recursos para el desarrollo necesarios para implantar políticas públicas inclusivas que puedan facilitar la integración, a través de inversiones, por ejemplo, en escuelas y universidades, sistemas de salud, empresas, mercados, comercio y proyectos medioambientales. Cuando se da esta circunstancia, las comunidades de acogida salen ganando. Por ejemplo, según un estudio del Fondo Monetario Internacional, en Chile, Colombia, el Ecuador y el Perú, los flujos procedentes de Venezuela y el capital humano que aportan en términos de oferta de mano de obra e ingresos fiscales contribuyen al crecimiento del producto interno bruto.

En esta ecuación, no cabe duda de que lo que marcará realmente la diferencia será la financiación para el desarrollo a través de instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, o mediante organismos bilaterales, como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Por supuesto, las inversiones del sector privado también serán cruciales, especialmente para la creación de oportunidades laborales. En varias ciudades mexicanas, por ejemplo, he visitado proyectos de integración para personas refugiadas de Centroamérica que han tenido un éxito arrollador y estaban impulsados en gran parte por empresas. Todavía hay mucho trabajo por delante, pero si se aumentara su escala, podrían cambiar radicalmente la situación.

En ACNUR seguiremos promoviendo estas inversiones y trabajaremos codo con codo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que se centra en una migración segura y ordenada. Ambas instituciones están dando grandes pasos hacia la inclusión de las poblaciones refugiadas y migrantes en el análisis y la planificación de oportunidades de desarrollo e inversión. En mi opinión, este hemisferio tiene potencial para tomar la iniciativa en la forma en que llevamos a cabo iniciativas colectivas para lograr estabilidad y prosperidad tanto para las comunidades de acogida como para las poblaciones desplazadas.

Si se ofrece una oportunidad, ¡la gente la va a aprovechar!

Por último, pero no menos importante, tenemos el cuarto elemento: la necesidad de más vías alternativas a terceros países para la población refugiada y migrante, incluido el reasentamiento. Estas opciones existen, pero siguen siendo muy limitadas en comparación con las necesidades totales y, sinceramente, aún no pueden competir con las redes que se dedican al tráfico o a la trata de personas. 

Las vías seguras son importantes para las personas refugiadas y las que necesitan protección internacional, pero también son fundamentales para proporcionar canales de migración segura y ordenada que, una vez más, si estuvieran disponibles a mayor escala, fueran relevantes y funcionaran correctamente, podrían aliviar la presión sobre unos sistemas de asilo congestionados y que se utilizan en exceso, ya que a menudo los migrantes consideran que son la única opción para acceder a un país.

Respecto a este elemento, sería negligente no reconocer el liderazgo de los Estados Unidos, que ha ganado bastante fuerza en los últimos años, no solo en la región sino a escala internacional. El reasentamiento para personas refugiadas; los visados para reunificación familiar, educación o trabajo; las oportunidades de empleo estacional; las vías para la obtención de permisos de permanencia temporales (parole) y el acceso a programas de patrocinio privado, como el que ha puesto en marcha Canadá, así como Welcome Corps aquí en los Estados Unidos: todos proporcionan alternativas seguras y ordenadas a los arriesgados viajes irregulares.

La iniciativa de las Oficinas de Movilidad Segura, por ejemplo, constituye una impresionante hazaña en términos de colaboración entre el gobierno estadounidense, varios países de acogida claves, la OIM y el ACNUR, de cara a la creación de un mecanismo de ventanilla única para el reasentamiento y las vías migratorias en múltiples países en cuestión de meses. ¡Juntos hemos logrado demostrar que ese concepto es realizable! Sin embargo, para que alcance su pleno potencial, esta iniciativa debe ampliarse para que llegue a otras poblaciones que reúnan las condiciones y debe formar parte de un ecosistema integral de iniciativas bien coordinadas.

Permítanme añadir algo más: es fundamental que estas vías no se utilicen como alternativa para acceder al asilo en las fronteras (esto es algo que debemos evitar), sino que sean un elemento adicional importante que forme parte de un esfuerzo mayor para gestionar los movimientos de población de forma eficaz. Este es un problema que hemos planteado en repetidas ocasiones – no siempre con resultados positivos – al gobierno estadounidense.

Es fácil comprender la interdependencia existente entre estos cuatro elementos. Por tanto, el enfoque de “mi país primero” que prevalece en la retórica de tantos políticos y de algunos gobiernos no resultará útil para obtenerlos, por el contrario, son esenciales la cooperación y la verdadera responsabilidad compartida entre los gobiernos.

Es el momento ideal para construir un enfoque hemisférico integral que abarque los elementos fundamentales y entrelazados de un ecosistema de respuestas. Estos diversos “enfoques integrales en las rutas” deben buscarse simultáneamente, ya sea aquí en las Américas o a lo largo de otras rutas en otras regiones, con la participación de un conjunto de actores. Si actuamos de manera aislada, si nos centramos únicamente en la disuasión, el impacto durará poco. Debemos colocar todas las piezas del puzle o no conseguiremos resolverlo y la imagen quedará incompleta.

Para lograrlo, necesitamos un entendimiento común de lo que debe ser una respuesta integral que mantenga la vista fija en las soluciones: una visión común del camino a seguir que debemos tomar con determinación y unidad. Me gustaría ver que los líderes de la región son lo suficientemente valientes y, en lugar de centrarse constantemente en cómo mejorar los controles y las restricciones, adoptan una visión colectiva, fundamentada, integral y sostenible para avanzar hacia la resolución de los problemas en todas las fases de este complejo fenómeno y en todos los países que atraviesan esos dolorosos viajes.

La cooperación es vital para poder avanzar en los cuatro ejes. Los Estados deben establecer acuerdos, que exigirán que superen las profundas diferencias políticas que separan a los países del hemisferio occidental. Es difícil, pero no imposible. Por ejemplo, la reunión ministerial del mes pasado en Guatemala, como seguimiento de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección de 2022, fue alentadora. Muchos de nosotros sentimos que las posiciones acerca de los retos que plantea la movilidad humana y la necesidad de hacerles frente en conjunto, a pesar de las divisiones políticas, se acercaban cada vez más. Existen otros foros multilaterales que fomentan el diálogo entre los Estados en la región. Las organizaciones especializadas – como el ACNUR y la OIM – están dispuestas a proporcionar apoyo y colaborar. Esto significa que también necesitamos un marco sólido para la participación de las agencias de las Naciones Unidas, las instituciones financieras internacionales, las organizaciones no gubernamentales y otras partes interesadas (considerando que también es necesario garantizar la participación significativa de las personas refugiadas y migrantes); en dicho marco deben converger agentes humanitarios y del desarrollo en torno a la búsqueda de respuestas integrales y estratégicas.

Queridos amigos, deberíamos hacer hecho este esfuerzo hace mucho tiempo. No hay una varita mágica que resuelva estos problemas, y puede que no obtengamos inmediatamente las soluciones ideales para todos ellos. Sin embargo, si colaboramos, si damos un paso atrás y si tenemos en cuenta todas las piezas del rompecabezas y cómo encajan entre ellas, confío en que podremos proteger mejor las vidas de las personas y obtendremos más beneficios para todas las partes, incluidos los Estados afectados.

Necesitamos coraje para innovar y decisión para cooperar, para lograr un enfoque hemisférico que sea integral, eficaz y compasivo.

El viaje será largo y complicado, pero, si existe voluntad, encontraremos el camino.

Gracias.