5 razones por las que compartir la responsabilidad de los refugiados es más inteligente ahora durante la pandemia de COVID-19

Tan solo un año antes de que surgiera el nuevo coronavirus, los países de todo el mundo se unieron para adoptar el Pacto Mundial sobre los Refugiados, un nuevo marco para el manejo de los grandes movimientos de refugiados de forma más equitativa entre los Estados.

Este representó un compromiso político sin precedentes y un modelo para una mejor cooperación internacional. El Pacto allanó el camino para el Foro Mundial sobre Refugiados que se llevó a cabo en diciembre del año pasado, donde los gobiernos y otra serie de actores acordaron traducir muchos de esos objetivos en compromisos concretos.

El Pacto fue concebido como una respuesta colectiva a la situación de millones de personas que viven en situaciones de desplazamiento forzado de largo plazo como refugiados, pero también ofrece un modelo para responder a los impactos de la COVID-19 en los refugiados y las comunidades que les acogen. Este brinda las herramientas para responder tanto a la fase de emergencia de la pandemia, como a las consecuencias a largo plazo, al tiempo que ofrece soluciones para los desafíos del desplazamiento forzado que se han visto amplificados por esta crisis mundial de salud.

Ahora más que nunca, es tiempo de poner en práctica los cinco principios subyacentes del Pacto.

1. Mostrar solidaridad con los países más afectados

Los principios del reparto de las responsabilidades y la solidaridad global, que se encuentran en el corazón del Pacto, se necesitan con urgencia para responder a una pandemia global que no conoce fronteras. El secretario general de la ONU, António Guterres, ha enfatizado que, en un mundo interconectado, "ninguno de nosotros está a salvo hasta que todos estemos a salvo". Si bien el impacto de la pandemia ha sido devastador para toda la economía mundial, los países de bajos y medianos ingresos han sido particularmente afectados y necesitarán el apoyo de la comunidad internacional para recuperar y reforzar sus sistemas de salud, económicos y de protección social. Muchos países con la menor capacidad para hacer frente a los brotes de COVID-19 también son aquellos que continúan acogiendo a un gran número de refugiados y desplazados internos. Tenemos la responsabilidad colectiva de garantizar que sean compatibles para adaptarse a las realidades posteriores a la COVID.

Acabo de regresar de Malta, una pequeña nación insular que ha estado en primera línea de la ruta migratoria del Mediterráneo Central en los últimos años. La asistencia de Malta a los refugiados ha salvado vidas, pero un aumento reciente en las llegadas, combinado con la amenaza a la salud pública planteada por la COVID-19, han creado desafíos para su sistema de recepción y asilo. Según el Pacto, la solidaridad regional o global debe ir de la mano con las reformas nacionales para aliviar esas presiones y ayudar a los países a seguir cumpliendo sus obligaciones internacionales.

2. No dejar a nadie atrás

El Pacto previó la inclusión de los refugiados en las economías y en los sistemas de salud y protección social nacionales. La pandemia debería ser una razón para intensificar esos esfuerzos en lugar de retrasarlos, ya que la discriminación y otras barreras para la inclusión crearán un ambiente donde los casos no se detectan y el virus se propaga.

Las respuestas de salud pública solo serán efectivas si llegan a todos, independientemente de su nacionalidad o condición legal. Gobiernos como Portugal y Perú lo han reconocido e implementado políticas para garantizar que los refugiados, los solicitantes de asilo y los migrantes puedan acceder a la atención médica y otros servicios. Tales enfoques deberían extenderse más allá de la fase de emergencia de la pandemia para proteger el bienestar de las personas refugiadas, desplazadas internas o apátridas, y sus comunidades de acogida.

3. Respetar el derecho de las personas refugiadas a la protección

El Pacto afirma la importancia del derecho internacional de los refugiados, incluso en momentos excepcionales cuando los países pueden necesitar adaptar sus sistemas de asilo. Los Estados deben asegurarse de que sus acciones estén en línea con el derecho internacional y que, durante la pandemia actual, los refugiados vulnerables no estén expuestos a riesgos innecesarios. Filippo Grandi, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ha señalado que "garantizar la salud pública y proteger a los refugiados no son mutuamente excluyentes ... Tenemos que hacer ambas cosas".

Los Estados ya han demostrado que es posible continuar admitiendo y registrando a las personas que necesitan protección internacional mientras se protege la salud de sus propias poblaciones. Actualmente, 68 países que cerraron total o parcialmente sus fronteras como resultado de COVID-19 han hecho excepciones para las personas que buscan asilo. Al adaptar sus instalaciones y procedimientos, más de 100 Estados han logrado mantener sus sistemas de asilo operativos total o parcialmente.

4. Activar los compromisos del Foro Mundial sobre Refugiados para apoyar las respuestas para la COVID-19

De unos 1.400 compromisos hechos en el Foro Mundial sobre Refugiados celebrado en Ginebra en diciembre pasado, muchos son directamente relevantes para la crisis actual. Aquellos relacionados con los servicios de salud, agua y saneamiento e higiene pueden ayudar a la respuesta de emergencia, mientras que aquellos relacionados con la provisión de educación, medios de vida y redes de seguridad económica serán vitales para la respuesta a largo plazo. Aunque la pandemia podría retrasar la implementación de algunos compromisos, otros deberían acelerarse para ayudar a los esfuerzos de prevención y apoyar la recuperación.

Muchos actores estatales y no estatales están liderando el camino, implementando sus compromisos y tomando medidas para reducir las vulnerabilidades de los refugiados y los desplazados internos ante la COVID-19. Por ejemplo, la Coalición para el Alivio de la Pobreza, que incluye al ACNUR, el Banco Mundial y 13 ONG, se comprometió a aumentar los ingresos de 160.000 hogares de refugiados y comunidades de acogida para el próximo Foro en 2023. Reconociendo los impactos económicos de la COVID-19 en las poblaciones desplazadas, la Coalición ha seguido brindando programas de recuperación económica y autosuficiencia durante los bloqueos. En otro ejemplo, el Gobierno de Malaui se comprometió a incluir a los refugiados en su Agenda Nacional de Desarrollo. Con el apoyo del ACNUR y una donación de 10 millones de dólares de la Alianza Global para la Educación, ahora incluye a los refugiados en su respuesta educativa para la COVID-19.

5. Involucrar a las personas refugiadas en las respuestas y las soluciones

Muchos refugiados están encontrando formas de participar en la lucha contra el coronavirus como trabajadores de salud de primera línea, cuidadores, educadores, voluntarios y sensibilizadores. Son un recordatorio de que la inclusión socioeconómica y el apoyo a la autosuficiencia, ambos fundamentales para el Pacto, pueden ayudar a los refugiados a prosperar y contribuir a sus países de asilo.

Varios países europeos han pedido que los refugiados profesionales de la salud se unan a las respuestas nacionales, mientras que Perú, Chile, Argentina y varios estados de los Estados Unidos han facilitado o acelerado los requisitos de residencia y licencia para permitir que los médicos y enfermeros refugiados entrenados en el extranjero se unan a las respuestas de COVID-19. En Turquía, los profesionales de la salud sirios que ya trabajan en los centros de salud para migrantes han sido incluidos en los equipos de búsqueda de contactos. Muchos más refugiados podrían contribuir a las respuestas nacionales a la pandemia si sus calificaciones fueran reconocidas y tuvieran el derecho de trabajar y estudiar.

La pandemia de COVID-19 ha demostrado, como casi ninguna otra emergencia podría, que el Pacto Mundial sobre los Refugiados tiene una relevancia duradera. Usemos estos cinco principios para trabajar juntos en un mundo reimaginado de responsabilidad compartida.

Gillian Triggs es Alta Comisionada Auxiliar para la Protección del ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados.
ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, es una organización global dedicada a salvar vidas, proteger los derechos y construir un futuro mejor para los refugiados, las comunidades desplazadas por la fuerza y las personas apátridas.