Defensorías Públicas y Defensorías del Pueblo de Latinoamérica se reúnen en Quito para asegurar la defensa legal de solicitantes de asilo y personas refugiadas en situaciones de afluencia a gran escala

Los días 27 a 29 de agosto se organizó en la ciudad de Quito, Ecuador, la “Primera Reunión Regional de Defensorías Públicas y Defensorías del Pueblo de Latinoamérica: Defensa Legal y Determinación de la Condición de Refugiado en el Contexto de Movimiento Mixtos en Gran Escala”. La reunión fue organizada por la Red de Apoyo Legal para los Refugiados de las Américas (RALRA), con el auspicio de la Defensoría Pública del Ecuador y el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Asistieron 35 participantes de 15 países de Latinoamérica (Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana), representado a 18 instancias de defensa legal (9 Defensorías Públicas y 9 Defensorías del Pueblo).

Los países de las Américas se están enfrentando a una situación sin precedentes. Las diferentes situaciones humanitarias y el crecimiento exponencial del número de solicitudes de refugio han venido presionando los sistemas de asilo de la mayoría de los países de la región. Según los últimos datos del ACNUR, 4 millones de personas venezolanas salieron de su país entre los cuales más de 597,047 solicitaron asilo en varios países de la región: 227.000 personas venezolanas solicitaron asilo en Perú y 99.858 en Brasil. Se registró también un crecimiento en los números de solicitudes de asilo de personas procedentes de los países del Norte de Centroamérica. Solo en México desde enero del 2019, se registraron 36.853 nuevas solicitudes de asilo. Aunado a esto, en Costa Rica se contabilizaron más de 67.000 solicitudes de asilo a la fecha, procedentes exclusivamente de Nicaragua.

 “Junto con las clínicas jurídicas y las organizaciones de la sociedad civil que brindan apoyo legal, las Defensorías Públicas y Defensorías del Pueblo juegan un rol clave en asegurar la asesoría, asistencia y representación legal de solicitantes de asilo en el procedimiento de asilo, y garantizar que las personas refugiadas puedan ejercer los derechos fundamentales que los países de refugio les reconocen. En el complejo escenario actual, es clave que los programas de las Defensorías se fortalezcan y que pueden desarrollarse nuevos programas allí donde no existen. Las defensorías pueden trabajar de la mano con las Comisiones Nacionales para los Refugiados (CONAREs) generando sinergias y multiplicando las capacidades de atención a las personas que la necesitan con urgencia” Dijo Juan Ignacio Mondelli, Oficial Regional Principal de Protección (Asilo).

Los objetivos del encuentro regional fueron: (1) favorecer el intercambio de información y buenas prácticas sobre la defensa legal y determinación de la condición de refugiado en el contexto de movimiento mixtos en gran escala; (2) mejorar la capacidad técnica de las Defensorías Públicas y Defensorías del Pueblo sobre los principios y criterios que rigen la protección de las personas refugiadas; (3) promover el desarrollo o fortalecer el funcionamiento, según sea el caso, de programas especiales de asistencia y representación legal, pública y gratuita para solicitantes de asilo y refugiados en las Defensorías Públicas y Defensorías del Pueblo de las Américas y; (4) elaborar una guía de orientación para el establecimiento de programas de orientación y asistencia legal,  que compile acuerdos marcos de cooperación, buenas prácticas, marcos normativos, lineamientos de funcionamiento y descripción de proyectos y programas.

Durante el Encuentro, la Defensoría Pública de Ecuador destacó la importancia del rol de las Defensorías Públicas de la región ante este panorama. “La región vive uno de los momentos más complejos de nuestra historia, los estados y las diferentes instituciones no estuvimos ni estamos preparados para dar una respuesta de forma aislada a un movimiento humano a gran escala; en un contexto cada vez más adverso para el ejercicio de derechos de las personas en Movilidad Humana,  las Defensorías públicas de la Región debemos aunar esfuerzos a fin de brindar respuestas regionales conjuntas a esta problemática a fin de cumplir nuestro deber que es el garantizar el acceso a la justicia.” Dijo Ángel Torres – Defensor Público General Encargado – Defensoría Pública del Ecuador

La Defensoría del Pueblo de Colombia por su parte reitero la importancia de la presencia en el terreno para reportar las problemáticas a las cuales se enfrentan las personas solicitantes de refugio en la realidad. “Tanto las defensorías del pueblo como las diferentes agencias que promocionan y defienden los derechos humanos tienen la responsabilidad de evidenciar estas problemáticas ante los gobiernos de la región para que las políticas y las acciones migratorias se tomen con un componente de derechos humanos reconociendo al migrante y al refugiado. La fortaleza de la defensoría del pueblo en Colombia ha sido la presencia en el terreno, evidenciando el drama de familias y personas venezolanas que han sido víctimas, no solo de las políticas migratorias restrictivas, sino de dinámicas delincuencias que re victimizan más su situación” dijo Felipe Vernaza Pinzón – Defensor Delegado para la Población en Movilidad Humana – Defensoría del Pueblo de Colombia

Tanto las Defensorías Públicas como las Defensorías del Pueblo presentes reconocieron la importancia de fortalecer los programas existentes por medio de acuerdos de cooperación interinstitucionales. “El principal elemento para el fortalecimiento de los programas de atención es la universalidad de la asistencia jurídica gratuita en los procedimientos de refugio. Para esto tiene que haber una creación o fortalecimiento de equipos de trabajos especializados en la materia. Es fundamental lograr acuerdos o protocolos de actuación interinstitucionales (defensorías públicas o del pueblo – ACNUR – CONARES y otros actores relevantes) para elaborar pautas de actuación, roles y responsabilidades. La defensa Publica debe ser vista como un órgano facilitador de solución en su rol de representante de los solicitantes de refugio y refugiados” dijó Hernán Gustavo de Llano – Defensor Publico Oficial, Co-titular del Programa de Asistencia Jurídica Gratuita de refugiados y solicitantes de refugio – Defensoría General de la Nación de Argentina.

Ayesha Borja, Secretaría Técnica del Instituto Federal de la Defensoría Pública compartió su experiencia con las demás instituciones presentes resaltando la importancia del compromiso por parte del gobierno:  “A través del Instituto Federal de la Defensoría Pública, el Estado mexicano asume su obligación constitucional de garantizar la defensa jurídica gratuita y adecuada a personas en movilidad y sujetas a protección internacional mediante la creación de la secretaria técnica dedicada a atender grupos en situación de vulnerabilidad, la cual coordina a 20 asesores especializados en esta materia alrededor del país”.

Finalmente, las Defensorías Publicas y Defensorías del Pueblo discutieron la posibilidad de presentar un compromiso voluntario común durante el Primer Foro Mundial sobre los Refugiados, que tendrá lugar en Ginebra, los días 17 y 18 de diciembre de 2019.

La Red de Apoyo Legal para los Refugiados de las Américas se creó en el 2018 con el apoyo del ACNUR en conjunto con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) con el objetivo de apoyar y facilitar el desarrollo, articulación y acción conjunta de las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a promover y defender el acceso efectivo a derechos para los solicitantes de asilo, las personas refugiadas, desplazadas internas o retornadas así como de otras personas beneficiarias de una protección humanitaria y/o complementaria en las Américas.

“Los Estados de la región americana deben garantizar un debido proceso legal en las solicitudes de determinación de la condición de refugiado. Para ello, resulta fundamental que las Defensorías Públicas o Defensorías del Pueblo proporcionen, de oficio, una asesoría y representación legal, gratuita y especializada, a los solicitantes de asilo”. dijo José Pablo Vega, Coordinador de la Red de Apoyo Legal para los Refugiados en las Américas (RALRA)