Costa Rica: ACNUR señala posible necesidad de protección internacional de africanos

SAN JOSÉ, Costa Rica, 3 de julio de 2009 (ACNUR) – La Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) en Costa Rica señaló la posible necesidad de protección internacional de ciudadanos africanos que fueron abandonados en el país por una red de tráfico de personas y resaltó la importancia de darles acceso a la solicitud del estatuto de refugiados.

"Hemos coordinado con las autoridades del Centro de Aprehensión de Hatillo y con Migración para ayudar a los africanos en sus necesidades tanto físicas como legales", manifestó Jozef Merkx, representante del ACNUR en el país.

En el mundo hay más de 200 mil personas refugiadas de Eritrea, cerca de 60 mil de Etiopía, y un millón de somalíes desplazados internamente a causa de la violencia, así como más de 450 mil refugiados de esta nacionalidad. Los conflictos armados y la violencia han obligado a estas personas provenientes del Cuerno de África a huir de su país para salvar su vida.

Merkx calificó como "preocupante" la información de que estos africanos serían deportados, divulgada por algunos medios de comunicación ayer. "Es fundamental asegurar el acceso al trámite (de solicitud del estatuto de refugiados) para poder dar protección internacional a quien verdaderamente la merezca"

Según la Convención del Estatuto de Refugiados que Costa Rica ratificó en 1978, cuando una persona dice ser perseguida por razones de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a determinado grupo social se le debe dar acceso al trámite de solicitud de la condición de refugiado.

La activación de este procedimiento impide la devolución de las personas a sus países de origen, mientras el gobierno determina si son o no refugiados. Este procedimiento incluye entrevistas a los solicitantes, análisis e investigación sobre la situación en el país de origen.

El reconocimiento de estas personas lo hace el Estado costarricense, a través de la Dirección General de Migración y Extranjería. El ACNUR coopera con la DGME para que sus procesos se ejecuten de acuerdo con la Convención del Estatuto de Refugiados de 1951.

Por otro lado, el jerarca del ACNUR también expresó su preocupación por la operación de redes de tráfico de personas en el área.