Años de avances en la protección e integración de las personas desplazadas en Colombia están en riesgo, advierte ACNUR

GINEBRA – A medida que la violencia se recrudece y las necesidades humanitarias se intensifican en toda Colombia, ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, advierte del riesgo que, debido a los recortes financieros, se pierdan años de avances en la protección e integración de las poblaciones desplazadas y que serían las personas más vulnerables – mujeres, niñas, niños y familias desplazadas – en verse más afectadas. Las personas refugiadas y desplazadas internas podrían verse obligadas a desplazarse de nuevo en busca de seguridad y estabilidad, mientras que las personas retornadas no encontrarían las condiciones apropiadas para volver a asentarse.

En Colombia vive una de las mayores poblaciones desarraigadas del mundo, con más de 7 millones de desplazados internos, casi 3 millones de refugiados y migrantes de Venezuela, y más de 500.000 colombianos retornados.

Durante años, el país ha sido un pilar de la solidaridad regional hacia las personas que huyen de la violencia y la inestabilidad. Sin embargo, a medida que se agotan los fondos disponibles, ACNUR no tiene otra opción que suspender servicios esenciales, lo que amenaza con disipar años de avances y privar a los más vulnerables del apoyo que necesitan desesperadamente.

De hecho, ya se están reduciendo o suspendiendo programas clave para apoyar a las comunidades afectadas por el conflicto, facilitar el retorno seguro a sus hogares de las familias desplazadas internas, y regularizar asentamientos urbanos informales. Estos recortes amenazan con aniquilar los avances hacia la estabilidad, la integración local y la autosuficiencia de las personas refugiadas y desplazadas internas en Colombia.

Las consecuencias de la falta de financiación resultan particularmente gravosas en la región del Catatumbo, en la frontera de Colombia con Venezuela, donde enfrentamientos entre grupos armados no estatales han provocado el desplazamiento forzado de más de 63.000 personas en lo que constituye el mayor incidente de desplazamiento masivo registrado en el país. A pesar de que la violencia continúe en la zona, y no obstante su papel de coordinación humanitaria, ACNUR ha tenido que detener la distribución de artículos básicos de ayuda, como colchones, mantas, kits de higiene, lámparas solares y mosquiteras.

Además de la ayuda de emergencia, los esfuerzos de estabilización a largo plazo también están flaqueando. ACNUR ha tenido que interrumpir su apoyo los programas gubernamentales para la legalización de asentamientos informales, gracias a los cuales – mediante la formalización de los títulos de propiedad – se brindan soluciones duraderas al desplazamiento, permitiendo que más de 105.000 personas tengan acceso al agua, a la electricidad y a una vivienda segura. Sin este apoyo, muchas personas seguirán viviendo en condiciones precarias sin poder estabilizar sus vidas.

Asimismo, la suspensión de los programas de protección de la infancia supone un golpe especialmente devastador. Durante 2024, nada menos que 17.740 niños en situación de riesgo se beneficiaron de dos importantes proyectos de ACNUR, centrados respectivamente en la creación de entornos protectores y en la gestión de casos. La suspensión de estos programas acarreará para miles de niños y niñas riesgos tan graves como el reclutamiento por parte de grupos armados y los expondrá a sufrir explotación y abusos.

La documentación de más de 500.000 personas venezolanas también está en riesgo debido a la falta de financiación. Aunque ACNUR ha estado apoyando el nuevo programa de regularización de Colombia (conocido como PEP Tutor), solamente podrá brindar apoyo para la adquisición de 100.000 tarjetas de identidad. Sin una identificación, 500.000 venezolanos tendrán dificultades para tener una vida estable, tener acceso a servicios de salud, a la educación y a un empleo formal, lo que aumentará drásticamente su vulnerabilidad ante la explotación y los abusos.

Además, debido al cierre de los Puntos de Atención y Orientación (PAO), que ofrecen servicios esenciales en zonas de alto riesgo, unas 100.00 personas ya no podrán tener acceso a información vital ni beneficiarse de la derivación a servicios básicos de protección y asistencia. La suspensión de la financiación también ha obligado a interrumpir o reducir otros programas esenciales realizados a través de los socios de ACNUR. Entre ellos se encuentran servicios de asistencia jurídica, iniciativas de apoyo a organizaciones comunitarias, capacitación de autoridades nacionales y locales, prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas, e iniciativas de fomento del empleo e inclusión financiera.

ACNUR hace un llamamiento urgente a la comunidad internacional para que aumente su apoyo y proporcione la financiación necesaria para mantener sus operaciones en Colombia. La organización necesita 118,3 millones de dólares (USD) de enero a diciembre de 2025 para continuar con su vital labor.

Colombia ha demostrado una generosidad extraordinaria al acoger a millones de personas refugiadas y migrantes. Pero esta generosidad debe ir acompañada de la solidaridad mundial, antes de que más vidas se vean abocadas a una situación de mayor penuria e inseguridad. 

Para más información, de favor contactar:

• En Panamá, Luiz Fernando Godinho, godinho@unhcr.org, +507 6356 0074
• En Ginebra, William Spindler, spindler@unhcr.org, +41 79 549 5998