Los datos revelan la difícil situación de personas refugiadas y migrantes de Venezuela desalojadas en la pandemia
Los datos revelan la difícil situación de personas refugiadas y migrantes de Venezuela desalojadas en la pandemia
El colapso de las economías informales y la pérdida de puestos de trabajo en toda América Latina durante los confinamientos de COVID-19 del año pasado hicieron que muchas personas refugiadas y migrantes de Venezuela no pudieran pagar el alquiler y se vieran obligadas a quedarse sin hogar, de acuerdo con una nueva visualización de datos publicada el lunes.
Hasta octubre de 2021, una combinación de violencia, inseguridad y falta de alimentos, medicamentos y otros servicios en Venezuela había forzado a más de 5,9 millones de personas a huir del país, creando una de las mayores crisis de desplazamiento del mundo. Más del 80 por ciento huyó a otros países de América Latina y el Caribe, siendo Colombia y Perú los que acogieron a la mayoría.
La nueva visualización de datos – No hay hogar lejos de casa – fue producida por los socios de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), con el apoyo de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, basado de una encuesta realizada en 2020 a los venezolanos desplazados que habían sido desalojados o recibido una notificación de desalojo. Tres cuartas partes de quienes perdieron sus hogares acabaron viviendo en la calle. Un asombroso 80 por ciento de las personas desalojadas eran mujeres, más de la mitad eran el único sostén de su familia.
“La pandemia de COVID-19 ha agravado aún más la ya delicada condición de vida de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela. Sumándose al grave riesgo de salud, la crisis sanitaria ha afectado la situación económica y ha exacerbado las necesidades de protección”, declaró en diciembre Eduardo Stein, Representante Especial Conjunto para Refugiados y Migrantes de Venezuela de ACNUR-OIM.
Adicionalmente a perder el hogar donde vivían, muchas familias desalojadas se enfrentaron posteriormente a un mayor riesgo de exposición al virus y tuvieron más dificultades para acceder a servicios básicos como agua y saneamiento. Otros riesgos asociados fueron la discriminación y la xenofobia – especialmente contra quienes se ven forzados a vivir en la calle –, la exposición a la violencia y la deserción escolar de la niñez, o el reclutamiento por parte de grupos armados y del crimen organizado.
Además de sus precarios medios de vida, un factor clave que hace vulnerables al desalojo forzado a las personas venezolanas desplazadas es la ausencia de acuerdos formales de arrendamiento entre más de tres cuartas partes de los encuestados, lo que les deja expuestos a explotación y abusos por parte de los propietarios.
Los datos muestran que solo un tercio de las familias desalojadas y una quinta parte de las que corren el riesgo de perder sus hogares habían recibido algún tipo de ayuda para evitar el desalojo, como subsidios de alquiler o asistencia legal.
Basándose en los resultados, los socios de R4V hicieron un llamamiento a los donantes internacionales para que asignen recursos a la mejora del acceso a una vivienda adecuada para los venezolanos desplazados, y a las organizaciones sobre el terreno para que centren la asistencia en las familias que han sido desalojadas o en las que corren un riesgo inminente.
