Bangladesh: Una decisión judicial cambia la vida de más de 300.000 personas apátridas

DACA, Bangladesh, 23 de febrero de 2015 (ACNUR) – Es una fría tarde de invierno de domingo en el campo de Ginebra, en Daca, Bangladesh. Pequeños grupos de personas se han reunido en los callejones del asentamiento, paralizado por una pantalla al aire libre que muestra en directo un partido de la Copa del Mundo de cricket entre la India y Pakistán. Algunos niños se han pintado la bandera paquistaní en la cara y el pecho, un legado del pasado que todavía hoy les afecta.

Durante la partición en 1947 del subcontinente, cientos de miles de hablantes de urdu emigraron de la India a lo que entonces era el este de Paquistán. Dado que algunos hablantes de urdu se habían posicionado con Pakistán durante la guerra de independencia de Bangladesh, muchos se enfrentaron después a la violencia en este país y se vieron forzados a vivir en campos en centros urbanos con el fin de evitar enfrentamientos entre comunidades mayoritarias y minoritarias cuando el país se independizó en 1971.

En 2006 se estimaba que había unos 151.000 apátridas hablantes de urdu en 116 campos y asentamientos en Bangladesh, así como otros 100.000 viviendo fuera de campos y también sin ciudadanía. Desde entonces los fallos judiciales y los esfuerzos conjuntos de los partidos nacionales e internacionales lograron reducir el número de apátridas y ser un ejemplo sobre cómo reducir la apatridia.

Sólo el campo de Ginebra acoge a unos 30.000 hablantes de urdu. Mientras el domingo la multitud se centraba en el cricket, dos mujeres jóvenes acababan su trabajo del día. Puede que no lo sepan pero Nahid Parveen y Shabnaj Akter, ambas de 20 años, tienen la llave del presente y el futuro de su comunidad.

Trabajan en un centro de asistencia legal creado por Khalid Hussain, el primer abogado de la comunidad de hablantes de urdu que viven en campos en Bangladesh. Él estudió en el campo hasta octavo grado y después fue a una escuela estatal, donde las clases se daban en bengalí. Víctimas de insultos y comentarios prejuiciosos, muchos de sus amigos abandonaron la escuela y sólo cuatro lograron acabar sus estudios, lo cual no es poca cosa.

Junto con un amigo, Hussain fundó en 1999 la Asociación de la Generación Joven de la Comunidad de hablantes y comenzó a abogar para que su comunidad obtuviera la nacionalidad bangladesí. Dos años después, Hussain y otros nueve urdu parlantes presentaron una petición escrita para confirmar el derecho de los hablantes de urdu a la ciudadanía.

En 2003 se dictó la sentencia y la Corte Suprema garantizó la ciudadanía a los demandantes, a los que el gobierno registró como votantes. Para Hussain y su comunidad el veredicto fue un hito. "Esta ley cambió mi vida" dice.

Tras esta decisión judicial, ACNUR ayudó a crear enlaces entre activistas nacionales, la comunidad internacional y el gobierno. En 2008 la Corte Suprema estableció que todos los miembros de la comunidad de urdu parlantes eran nacionales de Bangladesh según la ley y dirigió la comisión electoral para incluirlos en las listas electorales y darles documentos nacionales de identidad. Esta declaración puso fin a la apatridia de más de 300.000 hombres, mujeres y niños hablantes de urdu que residían en el país.

Por este logro, Bangladesh es uno de los siete países de Asia, Europa y Latinoamérica que son objeto de estudio en la primera serie de Documentos de Buenas Prácticas de ACNUR lanzados el lunes. El primero de ellos, "Resolviendo las principales situaciones de apatridia existentes", corresponde a la primera acción de un Plan Global de Acción de 10 puntos que forma parte de la campaña de ACNUR #IBelong para poner fin a la apatridia en 2024.

Esto demuestra cómo es posible resolver la situación de cientos de miles de personas mediante la acción y voluntad política, el asesoramiento técnico y la promoción selectiva de ACNUR, así como la colaboración con un amplio abanico de actores de la sociedad civil.

En Bangladesh, Khalid Hussain fundó el Consejo de Minorías para sensibilizar sobre sus derechos a la población del campo para hablantes de urdu. Los seis centros de ayuda legal ofrecen servicios gratuitos. "Facilitamos la adquisición y el uso de certificados de nacimiento, pasaportes, licencias comerciales y carnés de identidad" explica Hussain.

Nahid Parveen está orgullosa de su trabajo aquí porque se gana el respeto de su comunidad: "Cuando salgo de casa la gente me saluda por la calle". Shabnaj Akter trabaja a tiempo parcial como asesora legal mientras sigue con sus estudios. Sus amigos bengalíes son amables, dice. Se sienten a gusto visitándola en su congestionada casa en el campo y nunca ha experimentado discriminación por ser hablante de urdu.

Aunque las puertas se han abierto para la comunidad, todavía hay obstáculos diarios que superar. Muchos hablantes de urdu siguen viviendo en la extrema pobreza, a veces sin acceso a servicios básicos, ya sea porque no están disponibles en su zona o porque no cumplen los requisitos legales o administrativos.

Por ejemplo, los residentes en el campo no tienen una dirección válida, lo cual es necesario para adquirir un pasaporte. El reto ahora es facilitar un acceso sin restricciones a sus derechos civiles para que puedan tener las mismas oportunidades que otros ciudadanos de Bangladesh.

Por Onchita Shadman en Daca, Bangladesh y Roland Schönbauer en Ginebra