Cerca de 2 mil indígenas huyen de amenazas y violencia en Colombia

BOGOTÁ, Colombia, 17 de marzo de 2009 (ACNUR) – En el último incidente de desplazamiento de comunidades indígenas colombianas, cerca de 2 mil indígenas embera han huído de sus hogares en el departamento del Chocó, sobre la Costa Pacífica, como resultado de amenazas y enfrentamientos entre dos grupos armados ilegales.

Más de mil emberas han sido desplazados de sus territorios colectivos en los últimos días en la región chocoana del Alto Baudó, ubicada al noroeste de Colombia. 897 de ellos fueron censados la semana pasada en el pueblo de Catrú, mientras otros 114 han buscado protección en el pueblo de Nuncido durante los últimos días.

Los indígenas huyeron de 15 comunidades después de que unos 200 miembros de un grupo armado ilegal entraran a su territorio la primera semana de Marzo, los amenazaran y trataran de forzarlos a colaborar en ataques contra otro grupo ilegal.

En el Bajo Baudó, nueve comunidades donde vivían unos mil emberas se encuentran desiertas debido a los combates entre los mismos dos grupos armados ilegales. Un total de 86 personas llegaron al pueblo de Pizarro y la situación del resto de ellos es desconocida.

En el Medio Baudó, 35 Emberas de la comunidad de Indicina en el río Ancozó se encuentran ahora desplazados en el pueblo de Puerto Meluk huyendo, según ellos, de varios grupos armados ilegales que operan en su territorio.

Las autoridades nacionales y las organizaciones internacionales han tenido una rápida respuesta humanitaria al desplazamiento en el Alto Baudó, donde los indígenas emberas están recibiendo comida, alojamiento, asistencia médica básica, agua y asistencia psicosocial en Catrú. En el caso del Medio y Bajo Baudó, las autoridades locales han proveído la asistencia básica a los desplazados y las autoridades nacionales están empezando a evaluar las necesidades.

Sin embargo, el ACNUR está preocupado por la protección de estas comunidades. Solo en el 2008, hubo tres desplazamientos masivos en el Alto Baudó, dos en el Medio Baudó y cinco en el Bajo Baudó. Hay reportes confiables sobre abusos que deben ser investigados, incluyendo el posible asesinato de una mujer indígena y la violación de otras dos en la comunidad de La Vaca en el Bajo Baudó.

La población indígena se encuentra bajo constante presión por parte de los grupos armados ilegales en toda la región, y enfrenta creciente restricciones en su capacidad de cazar o pescar en sus territorios tradicionales. En el Alto Baudó, uno de los grupos armados ilegales impuso un bloqueo económico a lo largo de los ríos Catrú y Dubasa.

"Estamos recibiendo amenazas de todos los grupos ilegales" dijo un líder indígena de la zona al ACNUR. "Ellos también quieren reclutar nuestros niños y niñas. Es por eso que es preocupante que no todos los desplazamientos hayan sido registrados por el gobierno en el pasado."

El Representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Jean-Noël Wetterwald, resaltó la necesidad de esfuerzos integrales para proteger a los indígenas "Hace algunas semanas fuimos testigos del asesinato de un grupo Awá en Nariño. Ahora vemos un desplazamiento masivo de emberas en Chocó. La respuesta humanitaria para estas situaciones tiene que ser complementada por esfuerzos crecientes para la protección de las comunidades indígenas" afirmó Wetterwald, y añadió que "nosotros queremos reafirmar que los civiles en Colombia también están protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, y que el desplazamiento forzado es un crimen contra la humanidad."

Al menos 27 grupos indígenas se encuentran en peligro de extinción en Colombia, en gran parte como resultado del conflicto armado y del desplazamiento forzado. Su supervivencia depende enormemente de su capacidad de permanecer en sus tierras tradicionales. Desafortunadamente, muchos han huido de dichas tierras y se han dispersado a la largo del país, algunas veces, en centros urbanos lejanos.

El ACNUR, con 12 oficinas en Colombia, tiene varios programas que apuntan a la protección de la población indígena, incluyendo el monitoreo regular y el apoyo para afrontar las amenazas y los desplazamiento masivos; apoyo a las organizaciones indígenas dirigido al mantenimiento de la unidad entre las comunidades desplazadas; capacitación en sus derechos, y apoyo a las autoridades nacionales y locales responsables de proteger y ayudar a los pueblos indígenas.

Por Gustavo Valdivieso, en Bogotá, Colombia