El ACNUR da la bienvenida a la decisión de Colombia de apoyar la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

BOGOTÁ, Colombia, 24 de abril de 2009 (ACNUR) – El ACNUR dio la bienvenida a la decisión tomada esta semana de apoyar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

"Este es un paso significativo hacia el esfuerzo por proteger a los pueblos indígenas, incluyendo aquellos en situación o en riesgo de desplazamiento forzado", señaló el miércoles pasado el representante del ACNUR en el país, Jean-Noel Wetterwald, a los legisladores colombianos.

Su discurso se pronunció en la plenaria de la Cámara de Representantes en la ciudad de Bogotá, cumpliendo el llamado de la Corte Constitucional a avanzar y tomar medidas urgentes para proteger algunos de los grupos indígenas más vulnerables del país. En el Auto 004 de 2009, la Corte enumeró 34 grupos cuya supervivencia física y cultural está en riesgo como resultado del desplazamiento forzado en contextos de conflicto armado. La Corte dio una fecha límite a todas las entidades concernientes del Estado para explicar todas las acciones tomadas para protegerlos.

El desplazamiento forzado es especialmente duro en los pueblos indígenas, por su especial arraigo a la tierra, un vínculo que va más allá de la dependencia económica pues incluye la identidad histórica y cultural: en el peor de los casos, este desarraigo puede llevar la desaparición de un grupo entero.

"Hemos sobrevivido mucho en estos años, hemos visto un grupo armado tras otro pasando sobre nuestro territorio, matando nuestra gente y tomando nuestros niños. Ahora hemos perdido nuestra tierra y no sabemos cómo soportar esta nueva tristeza", indicó el mes pasado un indígena Embera al ACNUR después de abandonar su hogar.

Los Embera de la región noroeste del Chocó son uno de los 34 grupos de la lista de la Corte, que también incluye al pueblo indígena Awá de Nariño, los Siona y Kofán en el sur del país, los Wiwa y Kankuamo en el noreste, los Nukak Maku y Guayabero en el Guaviare, entre otros.

En total, existen cerca de 1 millón de indígenas en Colombia, divididos en más de 90 grupos que representan alrededor del 2.5% de la población total de 43 millones de personas. Las comunidades indígenas han sufrido desproporcionadamente los efectos del conflicto armado interno, incluyendo el desplazamiento forzado, en parte por sus ubicaciones geográficas (muchos de ellos viven en territorios conflictivos y remotos del país), y en parte por factores históricos y culturales.

"Es de incumbencia para todas las partes involucradas – el Estado, las autoridades indígenas, la sociedad civil y las agencias de cooperación internacional – actuar en conjunto y con rapidez en la construcción de un sistema efectivo de protección para preservar la diversidad étnica de Colombia", señaló Wetterwald.

Así mismo, resaltó la importancia especial de medidas efectivas de prevención para evitar el desplazamiento forzado en contextos indígenas de fuertes lazos a la tierra.

En contravía de este difícil panorama, el anuncio de Colombia, hecho esta semana en Ginebra durante la Conferencia de Durban para expresar su apoyo a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, es una acción positiva. Esta ofrece una única oportunidad para un cambio real en las vidas de muchos pueblos indígenas que han sido por mucho tiempo víctimas del conflicto y de la violencia.

La Declaración, que señala una serie de derechos humanos, culturales y económicos para los indígenas alrededor del mundo, no es legalmente vinculante pero afirma un compromiso del Estado para acatar su espíritu y respetar sus principios.

La Declaración contiene un número de artículos de importancia para ayudar a proteger y prevenir el desplazamiento forzado de grupos indígenas durante el conflicto armado. Estos incluyen el Artículo 7 y 8 sobre el derecho a la vida, integridad física y deber de protección del Estado, así como el artículo 10, que estipula que los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios y el Artículo 26 sobre el derecho a las tierras, territorios que tradicionalmente han poseído.

La Declaración fue adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en el 2007. Bogotá no firmó el documento en ese entonces, argumentando que era superfluo dado que la Constitución colombiana ya garantizaba los derechos de los indígenas.

Por Marie-Hélène Verney
en Bogotá