Instituciones y sociedad civil evalúan la situación humanitaria en La Guajira

BARRANQUILLA, Colombia, 7 de junio (ACNUR) – El pasado 31 de mayo y 1 de junio, se realizó el Conversatorio Guajira: Dinámicas del Conflicto, Situación Humanitaria y Políticas Públicas. El evento fue convocado por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Defensoría del Pueblo, la MAPP OEA, la Pastoral Social Diócesis Guajira, y la Campaña Colombiana Contra Minas.

Esta iniciativa surgió de la preocupación conjunta de las instituciones convocantes por la situación humanitaria y de seguridad del departamento de La Guajira, las cuales han venido presentado un cambio en su dinámica recientemente. En el conversatorio participaron 80 personas, la mayoría representantes de organizaciones comunitarias e instituciones de la sociedad civil del departamento, además de algunas instituciones estatales del nivel local, ONGs y agencias internacionales. El Ministerio del Interior y Justicia y Acción Social a nivel nacional también acompañaron al evento.

El objetivo de este conversatorio, era promover un espacio de encuentro y de diálogo entre las autoridades locales y la sociedad civil alrededor de la dinámica del conflicto armado en el departamento, sus consecuencias humanitarias, y contribuir a la búsqueda de posibles líneas de acción que permitan avanzar hacia la superación de estas problemáticas..

El departamento de La Guajira se caracteriza por su diversidad étnica y cultural, por su ubicación geoestratégica, cuenta con diversos recursos naturales como: el gas, la energía y el carbón. Adicionalmente, La Guajira tiene la mayor tasa de crecimiento económico sostenido desde hace 20 años junto con la ciudad de Bogotá. Sin embargo, estas mismas características hacen del departamento una zona atractiva para el tráfico de armas, drogas y la trata de personas. La presencia de grupos armados ilegales, que se está consolidando en diferentes zonas del departamento, genera victimización y desplazamiento forzado de la población civil a través de amenazas a líderes y comunidades; reclutamiento forzado, homicidios, y despojo de tierras, entre otras violaciones a los derechos humanos.

Los participantes expresaron su preocupación por el desarrollo de proyectos de explotación minera y de hidrocarburos pues ha generado un impacto negativo, no solamente sobre el medio ambiente, sino también sobre los pueblos indígenas y comunidades afro que habitan el departamento y que implica, entre otras afectaciones, el cierre de caminos y la ocupación de lugares sagrados. Esto, atenta de manera directa a sus costumbres y cosmovisión.

El hecho de que muchas zonas, como la troncal del Caribe, sean zonas de inversión y desarrollo económico donde se están adelantando megaproyectos, ha aumentado el valor estratégico de estos territorios, razón por la cual los actores armados ilegales se disputan su control y a su vez genera el desplazamiento forzado de individuos y comunidades dentro y fuera del departamento, incluso hacía Venezuela. La situación de vulnerabilidad en la que se encuentran estas personas se agrava ante el hecho que no presentan sus declaraciones ante las instituciones competentes, por miedo a recibir represalias.

Los representantes de los pueblos indígenas que participaron en el Conversatorio, expresaron su preocupación por la falta de garantías en los procesos de consulta previa. Otros, manifestaron sus inquietudes frente a la ausencia de una participación efectiva y real por parte de las comunidades en el diseño y ejecución de la política publica para el desplazamiento forzado en el departamento; uno que tenga en cuenta sus prioridades y necesidades. También preocupa la falta de rutas efectivas de prevención y protección para líderes y comunidades en riesgo de desplazamiento, especialmente los que reclaman su tierra o que se pronuncian en contra de los impactos negativos de algunos megaproyectos.

El Conversatorio concluyó con tres mesas de trabajo que formularon recomendaciones para avanzar hacia la superación de las problemáticas identificadas. Estas recomendaciones fueron entregadas al Secretario de Gobierno del departamento de La Guajira, y se resaltan las siguientes:

• Garantizar el derecho a la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas del departamento de La Guajira y de los pueblos indígenas, a través de medidas de prevención y protección que respeten sus usos y costumbres.

• Garantizar el acceso a los servicios básicos a la salud, la alimentación y la educación por parte del Estado, como un primer paso hacía el desarrollo del departamento.

• Considerar la dinámica actual del conflicto armado en el proceso de valoración de declaraciones de desplazamiento forzado por parte de Acción Social para que sean incluidos en el SIPOD y puedan acceder al sistema de atención integral a población desplazada.

• Mejorar y promover una respuesta más efectiva de las instituciones a la problemática del desplazamiento forzado, principalmente a través del fortalecimiento de los Comités departamentales y municipales y sus respectivas mesas temáticas como las mesas de tierras y las de prevención y protección.

• Promover la articulación entre el nivel nacional, departamental y local, en áreas de garantizar una respuesta integral a la población desplazada en particular y a las víctimas del conflicto armado en general.

• Establecer mecanismos que garanticen la participación efectiva de las comunidades y las organizaciones de población desplazada y de victimas.

• Exigir el cumplimiento del procedimiento de consulta previa libre e informada y promover que las decisiones de las comunidades y pueblos indígenas involucrados sean vinculantes. Para lo cual se solicita un mayor acompañamiento del Ministerio Público.

• Promover otras visiones de desarrollo no necesariamente ligadas a la explotación de los recursos naturales.

• Incrementar la presencia y el apoyo del Ministerio Publico y las agencias internacionales y nacionales para acompañar a las comunidades desplazadas o riesgo de desplazamiento y fortalecer a las instituciones y los procesos organizativos sociales y comunitarios.

Reem Alsalem y Lucia Ramirez, en Barranquilla, Colombia