La titulación de tierras da una nueva esperanza a los desplazados colombianos
La titulación de tierras da una nueva esperanza a los desplazados colombianos
Alba ya había perdido a su marido en el conflicto armado colombiano cuando guerrilleros de la izquierda entraron a su ciudad natal y mataron a sus tres hijos.
Alba fue por su nieta de cuatro años, Karen, y huyó a las afueras de Mocoa, una ciudad en el sur de Colombia, donde miles de personas desplazadas por la guerra han intentado comenzar una nueva vida en seguridad.
"Vivíamos con miedo, así que buscamos una salida, vivir una vida tranquila y evitar más muertes", dice Alba, en el asentamiento informal llamado Nueva Esperanza.
Más de cinco décadas de conflicto armado en Colombia han desarraigado a unos 7,4 millones de personas dentro de las fronteras del país, muchas como Alba y Karen, desarraigadas desde áreas rurales remotas que fueron las más afectadas por la guerra.
"Vivíamos con miedo, así que buscamos una salida, vivir una vida tranquila y evitar más muertes."
Nueva Esperanza surgió en 2001 cuando las primeras familias desplazadas en el sur del departamento de Putumayo se asentaron. Algunos de ellos usaron bolsas de plástico para marcar los terrenos. Desde entonces, se ha convertido en un asentamiento informal en expansión, que actualmente alberga a 258 familias.
A pesar de que un acuerdo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) puso fin a las hostilidades en 2016, quedan muchos desafíos para quienes comenzaron una nueva vida en estas comunidades no planificadas.
"La mayoría de los desplazados internos que viven en estos asentamientos informales no tienen un acceso básico a derechos como vivienda adecuada, agua y saneamiento, o a la educación", dice Federico Sersale, oficial en el terreno del ACNUR, Agencia de la ONU para los Refugiados, en Putumayo.
ACNUR llegó hace más de tres años para ayudar a los residentes de la comunidad a acceder a esos derechos. "Cuando ACNUR ingresó a Nueva Esperanza, todo cambió", dice Alba.
En los últimos años se han construido un centro comunitario, un laboratorio de computación y un sistema de agua comunal, con la ayuda del ACNUR. Luego, 2017 trajo la realización de un sueño aún más grande: Nueva Esperanza se convirtió en el primer asentamiento informal legalizado en la región de Putumayo. En agosto, 160 familias recibieron el título de sus terrenos y otras 106 están en proceso de recibir los suyos.
Raúl Torres huyó a Nueva Esperanza en 2009, desplazado por las FARC desde una región llamada Puerto Guzmán. Como presidente de la Asociación de Víctimas, ha estado presionando al gobierno para obtener servicios públicos básicos, como un centro de salud y una escuela para su vecindario.
"Esperamos que el estado no nos ignore más ahora que tenemos una propiedad y que no nos diga que no podrá construir allí porque no tenemos título de propiedad". Torres está frente a su hogar, título en mano, emanando un sentido de orgullo.
"Siento esa felicidad, esa seguridad, porque ahora tengo lo que necesitaba, lo que pensé que nunca tendría."
"Diría que es por el papel de la comunidad en todo este proceso, si la comunidad no hubiera impulsado la legalización y los títulos de propiedad, probablemente esto no hubiese ocurrido", dice Sersale.
La vida de Alba quedó destrozada por la guerra. Su voz se quiebra al recordar la reacción de su nieta cuando les dijeron que las FARC habían matado a su padre y sus dos tíos. "Ella me dijo: 'Abuela, ¿por qué tenemos un teléfono celular? No queda nadie para llamarnos'. Me preguntó esto porque sabía que estábamos solas".
Pero ahora Alba finalmente se siente en casa, rodeada de sus vecinos en Nueva Esperanza: "Siento esa felicidad, esa seguridad, porque ahora, en mis manos, tengo lo que necesitaba, lo que pensé que nunca tendría".
Es un regalo que una vez Alba nunca pensó que iba a recibir, y mucho menos poder dar: "Para el futuro de mi nieta, a quien amo tanto, deseo darle la herencia que no pude dejar a mis hijos. Mi deseo es que ella tenga esto".
Por Michelle Begue
