Declaración ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (76a sesión)

Estimado presidente y apreciables delegaciones:

Hace setenta años, en una conferencia especial de las Naciones Unidas en Ginebra, se aprobó la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Este hecho se tradujo en un fuerte compromiso de colaboración entre Estados para brindar protección y asistencia a las personas refugiadas, así como solucionar su situación.

Hoy se requiere ese mismo sentido de cooperación para encontrar soluciones al desplazamiento forzado y a otros desafíos mundiales. Si hemos de hacer frente a los inmensos retos que se avecinan – conflictos, pobreza, pandemias y emergencias climáticas –, debemos trabajar de manera conjunta. Sin embargo, en el terreno político, son demasiadas las personas que se rehúsan a abandonar el enfoque “yo primero; mi país primero”, el cual ayuda a garantizar la victoria en las elecciones, pero no aporta soluciones prácticas.

Al estar en el terreno con las personas refugiadas, desplazadas internas y apátridas en más de 130 países, día con día, el personal de ACNUR (18.000 individuos) puede ver las consecuencias que tiene la falta de cooperación entre la comunidad internacional.

Hemos visto cómo, a causa de la pandemia, las personas en mayor situación de vulnerabilidad – incluidas las refugiadas, desplazadas y apátridas – han quedado más expuestas no solo a la necedad del virus, sino también a la pobreza, que va en aumento. Hemos visto que no compartir las vacunas ha afectado a los países que han dado acogida al mayor número de personas refugiadas, los cuales no suelen encontrarse entre los más ricos.

Hemos visto cómo la emergencia climática ha tenido mayor impacto en quienes menos han dañado el planeta, lo que incluye un creciente número de personas que han tenido que abandonar sus hogares. La escasez provocada por el cambio climático ha originado tensiones, conflictos y desplazamiento. El desplazamiento provocado por el cambio climático es una realidad cada vez más extendida. Por tanto, espero que nuestros gobiernos aborden el tema en la COP26 y en futuros encuentros.

Estimado presidente:

Los conflictos siguen siendo el principal detonante del desplazamiento.

Por ejemplo, durante más de 40 años, la población afgana ha estado rodeada de enfrentamientos y violencia. Millones de personas han sido desplazadas dentro y fuera de Afganistán. De hecho, Irán, Pakistán y otros países, como Turquía, han dado acogida a generaciones de refugiados afganos. La situación es difícil, y temo que se deteriore con rapidez si no sostenemos la respuesta humanitaria dentro del país y, sobre todo, si no encontramos maneras de impedir que colapsen la economía y los servicios públicos. Errar en este sentido parece inminente, lo cual pudiera desencadenar el desplazamiento masivo de aún más personas afganas.

Mientras tanto, ACNUR, el sistema de la ONU y la comunidad de ONG continuarán ampliando el alcance de la respuesta humanitaria; esto incluye llegar a millones de personas desplazadas internas, así como más de 150.000 PDI que han vuelto a casa conforme la violencia se repliega. Seguiremos ejerciendo presión para que el régimen Talibán respete los derechos de la población afgana, en especial de mujeres y minorías. Asimismo, haremos lo posible por garantizar que toda la población afgana pueda trabajar, tener acceso a servicios y ejercer el derecho a la educación.

Trabajar en zonas de conflicto – como Yemen, Etiopía, República Democrática del Congo, Libia o el Sahel central – inevitablemente nos expone, cada vez más, a la politización de la acción humanitaria, a la inseguridad o a ambas cuestiones. En estos sitios, la eficacia de la acción humanitaria depende de más recursos; al mismo tiempo, requiere, sobre todo, de un entorno en el que las partes del conflicto permitan accionar en cuanto a seguridad y acceso, cuestión que se ha ido erosionando dramáticamente en los últimos años (tal es el caso, por ejemplo, de Etiopía).

Por desgracia, la creciente incapacidad de la comunidad internacional de construir y mantener la paz se conjuga con una tendencia también creciente de no mostrar solidaridad a personas que han tenido que abandonar su hogar debido a conflictos. Esto se observa con frecuencia en los países con más recursos; específicamente, en la construcción de muros, respuestas violentas, detenciones (incluso de niñas y niños), leyes restrictivas, esfuerzos irresponsables por externalizar o tercerizar las obligaciones de asilo e incluso manipulación de personas refugiadas y migrantes que, por motivos meramente políticos, son convencidas de trasladarse a otros países por vías peligrosas.

Comprendo los desafíos que suponen los llamados “movimientos mixtos”, como aquellos en Libia y Centroamérica. De igual forma, comprendo que los Estados tienen la potestad de gestionar sus fronteras. Sin embargo, como he señalado en múltiples ocasiones, es posible mantener la seguridad en las fronteras sin privar a las personas solicitantes de asilo de sus derechos; por ejemplo, mediante procedimientos de asilo justos y eficaces o mediante el retorno – digno en el que se garanticen los derechos – de quienes no requieren protección internacional. ACNUR continuará colaborando con los Estados para prevenir que las personas que cruzan fronteras sean rechazadas indiscriminadamente (en ocasiones, por motivos de salud pública o de seguridad, lo cual contraviene la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y otras normas internacionales).

Estimado presidente:

El Pacto Mundial sobre los Refugiados, que fue ratificado por la Asamblea General en 2018, ha sido un catalizador para que la “sociedad en su conjunto” responda al desplazamiento forzado. Además, permitió que se adquirieran más de 1.600 compromisos en el Foro Mundial sobre los Refugiados (y luego de este); estimuló avances en tres plataformas regionales; y amplió el alcance de las alianzas de ACNUR.

Los organismos para el desarrollo – como el Banco Mundial, instituciones financieras regionales y donantes bilaterales – han incluido el desplazamiento en sus agendas; por ejemplo, han apoyado los servicios en países de acogida para facilitar la inclusión de las personas refugiadas. Estos organismos han movilizado miles de millones de dólares, así que exhorto a los actores de desarrollo a que aumenten el apoyo económico otorgado a países de acogida para mitigar las consecuencias de la COVID-19. Asimismo, les invito a apoyar la inclusión de las personas refugiadas hasta su repatriación o hasta que se encuentren otras soluciones.

Aunado a esto, el hecho de que haya más involucramiento del sector privado es otro resultado. Alrededor del 11% de los ingresos de ACNUR el año pasado (más de $535 millones de dólares) provenían de donantes privados. El porcentaje incluye contribuciones de casi tres millones de donantes individuales, una clara muestra de que la ciudadanía y la población contribuyente apoya a las personas refugiadas. Estos fondos complementan las contribuciones hechas por los gobiernos, que continúan apoyando a ACNUR y a los refugiados. Quisiera agradecer especialmente a nuestros tres donantes principales: Estados Unidos de América, Alemania y la Comisión Europea. De igual forma, agradezco el apoyo de donantes de fondos flexibles.

Agradezco, asimismo, el apoyo que nuestras reformas han recibido de los Estados. Hemos acercado personal, recursos y procesos de toma de decisiones al terreno. Además, hemos mejorado el presupuesto y la planeación, al tiempo que continuamos reforzando la supervisión y gestión de riesgos. Aunado a ello, no hemos perdido de vista las cuestiones de integridad, que incluyen luchar contra el abuso, el acoso, el hostigamiento y la explotación sexuales; erradicar el racismo y cualquier forma de discriminación; alcanzar la paridad de género; y promover la creación de entornos laborales más diversos e inclusivos. 

Por otra parte, hemos mejorado nuestra respuesta a la emergencia climática, de modo que no solo reaccionamos ante cualquier eventualidad, sino que, con base en evidencia científica, invertimos en la posibilidad de anticipar, preparar, reforzar y empoderar a las comunidades que han sufrido más afectaciones y que cuentan con menos recursos para adaptarse. A principios de este año, ACNUR publicó el primer Marco estratégico para la acción climática, que se divide en tres pilares interrelacionados: leyes y políticas públicas; respuesta operativa (incluso mediante análisis predictivo); y reducción de la huella de carbono de ACNUR. Aún se están realizando esfuerzos, que incluyen, por ejemplo, participar en programas de reforestación en Camerún, Etiopía y Bangladesh; utilizar productos mejorados en los albergues, que ahora cuidan más del medio ambiente y funcionan mejor para adquisiciones locales (así ocurre en Yemen); y cada vez usamos más productos renovables, como solarizar perforaciones en Chad.

Hemos tomado acciones para reducir nuestras propias emisiones. En ese sentido, para que se suministre energía limpia a las oficinas, ACNUR está colaborando con el sector privado. Gracias a SIDA (Suecia) y a BMZ (Alemania), creamos el innovador Programa de Financiamiento Verde, que es mucho más eficiente que otras subvenciones en la transición hacia las energías renovables. Además, nos hemos propuesto que, hacia 2030, todas las oficinas de ACNUR funcionen con energías limpias.

Estimado presidente:

Si bien se hace lo posible por mejorar la respuesta al desplazamiento forzado, nunca debemos olvidar que nadie desea vivir con la ansiedad que provoca el exilio. Por ese motivo, ACNUR continúa trabajando en las soluciones, un aspecto sumamente valioso de su mandato.

En algunas instancias, esto se traducirá en la integración de personas refugiadas y desplazadas en las comunidades de acogida. De hecho, diversos Estados africanos encabezan la naturalización de personas refugiadas. El mes pasado, en la sesión del Comité Ejecutivo, me llenó de alegría haber recomendado la cesación general del estatuto de refugiado en favor de personas de Côte d’Ivoire, luego de años de exilio. Resulta ejemplar el camino hacia la repatriación y reintegración voluntarias o hacia la naturalización o la adquisición de la residencia permanente en el caso de personas que desean permanecer en los países de acogida. Nuestra gratitud va dirigida a los gobiernos de Côte d’Ivoire, Ghana, Guinea, Liberia, Malí, Mauritania y Togo.

Las personas apátridas se han encontrado en situaciones similares. De existir la voluntad política, el problema de la apatridia se resolvería. Sin embargo, aún queda mucho por hacer en este rubro, y deben multiplicarse los esfuerzos por alcanzar los objetivos de la campaña #IBelong. 

Del mismo modo, en relación con las personas desplazadas internas, el informe del panel de alto nivel del Secretario General se enfoca fuerte y adecuadamente en mejorar las soluciones. ACNUR tiene el compromiso de aplicar sus conocimientos en esta área, en colaboración con otras partes interesadas.

Otras personas refugiadas tendrán que ser reasentadas en terceros países. Aplaudo el esfuerzo de gobiernos como el de Canadá, que han apoyado el reasentamiento durante años. Asimismo, aplaudo a otros gobiernos, como el estadounidense, que en fechas recientes decidieron aumentar las cuotas.

Algunas personas encontrarán soluciones temporales en los países de asilo y quedarán a la espera de resultados permanentes. Por ejemplo, Colombia ha otorgado el estatuto de protección temporal a más de 1,7 millones de personas de Venezuela en su territorio. Esta acción no solo les ofrece oportunidades y permite regularizar su estadía, sino que también beneficia al Estado en cuestiones de seguridad y aportaciones a la economía.

Por otra parte, algunas personas refugiadas y desplazadas desean volver a casa antes de que ACNUR pueda promover o facilitar la repatriación, incluso previo a la conclusión de los esfuerzos de pacificación. En estos casos, ACNUR hará lo posible por garantizar que las personas refugiadas cuenten con la información que requieren para tomar decisiones de manera voluntaria e informada. De tomar tan difícil decisión, debemos brindarles el apoyo humanitario que requieran en su país de origen previo a la reconstrucción de sus vidas.

Hemos observado este fenómeno en prolongadas crisis de refugiados, lo cual supone una pesada carga para los países de acogida. Y, si bien apoyar a personas retornadas de forma espontánea no se traduce en la promoción activa de la repatriación, se trata de una oportunidad para explorar soluciones y colaborar con países de origen en la remoción paulatina de obstáculos que impiden el retorno (tal es el caso en Somalia, Burundi y Siria, entre otros países). Aunque la mayor parte de las personas sirias indican que les gustaría volver a casa, por ejemplo, otras tantas comentan que no pueden hacerlo por cuestiones de seguridad y por las condiciones físicas y económicas en sus lugares de origen. Por este motivo, seguiremos trabajando en Siria para abordar cuestiones de seguridad y de derechos en favor de personas retornadas. De cualquier forma, debemos ampliar la asistencia humanitaria que se brinda en áreas de retorno; al mismo tiempo, debemos garantizar que no flaquee el apoyo brindado a personas refugiadas y comunidades de acogida en la región.  

La responsabilidad de crear entornos que lleven a soluciones sostenibles recae, primordialmente, en el gobierno del país de origen; no obstante, requiere del apoyo y de la cooperación de los países de acogida, así como contribuciones de donantes. En este sentido, hemos alcanzado avances significativos en favor de más de siete millones de personas refugiadas y desplazadas en Sudán y Sudán del Sur. De cualquier forma, hacemos eco de la exhortación del Secretario General y de otras partes para redireccionar la transición política en Sudán. De lo contrario, las consecuencias seguirán impidiendo que se solucione el desplazamiento en la región. 

Estimado presidente:

A principios de este año, el Secretario General lanzó el informe “Nuestra agenda común”. En él, nos instó a abandonar el camino por el que estamos transitando, que inevitablemente lleva al colapso y perpetuación de las crisis. En lugar de ello, el Secretario General nos invita a colaborar y encontrar soluciones que nos permitan avanzar hacia un futuro mejor, más pacífico y más sostenible.

La Agenda Común nos recuerda que la ciudadanía del mundo exige cooperación internacional y acciones urgentes para superar los grandes desafíos que enfrenta la humanidad (es decir, aquellos que amenazan con destruir el planeta y nuestro bienestar individual y colectivo).

Esto adquiere particular relevancia para quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad, con inclusión de 82 millones de personas desplazadas por la fuerza alrededor del mundo, ninguna de las cuales se ha dado por vencida a pesar del sufrimiento causado por la COVID-19, el cambio climático y los conflictos.

No olvidemos que no son solo víctimas, sino que pueden hacer grandes contribuciones para crear un mundo mejor. Estas personas nos mantienen a salvo, ya que muchas de ellas han apagado incendios de manera voluntaria, o bien, han luchado contra la COVID-19 como parte del personal médico o de enfermería. Con la esperanza de un mejor mañana, gran parte de estas personas ha hecho lo posible para garantizar que sus hijas e hijos reciban educación. Del mismo modo, muchas de estas personas nos llenan de inspiración con sus palabras, su arte, sus danzas. Como ocurrió con las y los atletas refugiados en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, nos inspira su capacidad de superar imponentes obstáculos para competir en los niveles más altos.

Hoy, les invito – en especial a las y los líderes que ustedes representan – a permitir que las personas refugiadas les llenen de inspiración, a no darse por vencido simplemente porque la tarea es difícil y, sobre todo, les invito a hacer a un lado limitados intereses a corto plazo para trabajar en conjunto con el objetivo de resolver los desafíos que enfrentamos.

Quienes integramos las Naciones Unidas no merecemos menos que eso.

¡Muchas gracias, apreciable presidente!