Declaración ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas

Señora Presidenta,

Distinguidos delegados:

Hace solo unos días celebramos el 75.º aniversario de la Carta de las Naciones Unidas. Fue un momento para detenerse y reflexionar sobre los logros de las Naciones Unidas y para contemplar los desafíos que debemos superar entre todos.

La COVID-19 demostró claramente que las pandemias, al igual que la emergencia climática, la pobreza y la desigualdad, los conflictos y el desplazamiento forzado (que suele ser consecuencia de las anteriores) requieren de un esfuerzo colectivo y concreto para darles respuesta y apoyar a las personas afectadas, en especial a las más vulnerables.

Me siento orgulloso de la contribución de mi organización a este fin. El ACNUR, que también está a punto de cumplir 70 años de trabajo, sigue en el terreno trabajando para las personas refugiadas y desplazadas internas, sus comunidades de acogida y las personas apátridas en todo el mundo.

Pero a pesar de las décadas de experiencia, la emergencia del coronavirus ha sido distinta a todo lo que hemos visto a lo largo de nuestra historia. Nunca antes las oficinas y operaciones del ACNUR se enfrentaron a una crisis de esta magnitud, todas a la vez.

Los y las colegas del ACNUR, junto con gobiernos, Naciones Unidas, ONG y otros socios, se quedaron y cumplieron, a menudo en los lugares más complejos de todo el planeta, lejos de familiares y amigos y de las comodidades que todos añoramos durante esta crisis. Actuamos rápido y desarrollamos enfoques innovadores. Intensificamos nuestra respuesta en el ámbito sanitario, de agua y saneamiento y educativo. Mantuvimos un contacto amplio con las comunidades desplazadas y de acogida para proporcionar información y asesoramiento, combatir el estigma y la discriminación, ayudar con problemas de salud mental y luchar contra la violencia de género.

Si bien en los escenarios del refugio se han evitado hasta ahora en gran medida brotes de importancia, la mayoría de las personas refugiadas viven en las comunidades y no en campamentos, por lo que se ven expuestas a los mismos riesgos que sus anfitriones. Por eso no podemos cejar en nuestra preparación, y no lo haremos.

Y aunque la respuesta sanitaria siga siendo la prioridad más urgente, las personas refugiadas y desplazadas –al igual que otros grupos vulnerables– también sufren las consecuencias de una pandemia de pobreza. Las medidas de confinamiento han puesto en peligro de manera dramática los salarios de los trabajadores informales, que han agotado en poco tiempo sus limitados ahorros. Hemos visto cómo crecían las solicitudes de asistencia, incluso en países que llevan décadas ofreciendo refugio y servicios para personas refugiadas. Por ejemplo, se estima que más de 100.000 venezolanos han retornado porque los medios de vida en los países de acogida han quedado destruidos por los confinamientos.

La pobreza inducida por la pandemia está teniendo un impacto especialmente fuerte en mujeres y niñas. Las denuncias de casos de violencia de género, tales como violencia doméstica, matrimonios forzados y explotación, van en aumento.

También nos preocupa mucho el efecto duradero sobre la educación: hasta la mitad de las niñas refugiadas en la escuela secundaria no pueden volver a clase sin un mayor apoyo socioeconómico a sus familias, agua, saneamiento e higiene en las escuelas y oportunidades para recuperar el tiempo de escolarización. Por eso, ha resultado fundamental aumentar la asistencia en efectivo, que tiene un efecto inmediato y positivo.

Estoy sumamente agradecido a los donantes que respondieron rápida y generosamente a nuestro llamamiento para recibir recursos específicos para la COVID. Nuestro llamado actual para la COVID, de 754 millones USD, se encuentra financiado al 62% y también se necesitarán nuevos fondos para el nuevo año.

Pero la asistencia humanitaria por sí sola no es suficiente. Por eso, hemos colaborado con actores del desarrollo para promover la inclusión de las personas refugiadas y desplazadas internas en programas de red de seguridad social diseñados como respuesta a la crisis económica. Si se incluye a las personas desplazadas en estos programas del mismo modo que se hizo en la respuesta sanitaria inicial (y como se debe hacer en futuras campañas de vacunación), no solo estaremos mitigando su difícil situación, sino que también estaremos aliviando la presión sobre las sociedades en las que viven, reduciendo la tensión y la inestabilidad.

Se han conseguido ya grandes progresos. El Banco Mundial ha suministrado hasta 1.000 millones USD para países de acogida de personas refugiadas que reúnan los requisitos de la AIF –la llamada “ventana para refugiados”– en forma de subvenciones más que de préstamos; el Banco Interamericano de Desarrollo ha comprometido con el Banco Mundial más de 2.000 millones USD en apoyo de la población refugiada y las comunidades de acogida en Latinoamérica; el Banco Africano de Desarrollo ha aportado más de 20 millones USD a la respuesta frente al coronavirus para las personas desplazadas en el Sahel central.

La implicación temprana de actores del desarrollo en las crisis de desplazamiento forzado constituye un elemento fundamental del Pacto Mundial sobre los Refugiados, confirmado por la Asamblea General hace casi dos años. Su implicación en apoyo de los países y las comunidades de acogida, como la de las instituciones bilaterales de desarrollo, está transformando el modo en que damos respuesta al desplazamiento forzado, influyendo en políticas y prácticas positivas y movilizando importantes recursos.

El Pacto también ha permitido respuestas extraordinarias procedentes de otros sectores de la sociedad. El Foro Mundial sobre los Refugiados celebrado el pasado mes de diciembre en Ginebra concluyó con más de 1.400 compromisos, muchos adoptados por nuevos socios. El sector privado y la sociedad civil se han implicado más con compromisos innovadores en apoyo de las personas refugiadas y sus anfitriones.

Y sin embargo, señora Presidenta, las causas subyacentes del desplazamiento no se han resuelto y ni siquiera el coronavirus ha podido detener el conflicto.

En este mismo momento diversas crisis (algunas nuevas y otras que resurgen después de años) están forzando a la gente a huir. Unas 650.000 personas se han visto desplazadas en el Sahel central solo este año, en lo que puede que sea la crisis regional más compleja de todo el mundo. Cientos de miles de personas han huido de la violencia en el norte de Mozambique. Miles de marfileños y marfileñas han cruzado a Ghana y Liberia en los últimos días huyendo de las tensiones en sus lugares de origen, en lo que supone el primer retroceso tras años de repatriaciones. Más de 100.000 personas en Nicaragua han abandonado sus hogares a causa de la violencia y los abusos de los derechos humanos, muchas de ellas con rumbo a Costa Rica. Las consecuencias más catastróficas de todas las guerras sobre la población civil se siguen viendo en Yemen, donde existen numerosas personas desplazadas por la fuerza. Nos preocupa mucho la escalada de las hostilidades entre Armenia y Azerbaiyán, un conflicto cuyo devastador impacto sobre la población civil de ambos países vuelve a ser cada vez mayor y que, si no se detiene de inmediato, podría provocar el desplazamiento de miles de personas más en una región frágil.

Casi 80 millones de personas, un 1% de la población mundial, se ve hoy forzada a abandonar sus hogares. Por eso, la protección internacional y el acceso al asilo siguen salvando las vidas de muchas personas todos los días, en numerosas ubicaciones.

Señora Presidenta,

Comprendo que la pandemia ha requerido la adopción de decisiones difíciles. Entre ellas destaca la restricción a la libertad de circulación y el establecimiento de límites para el cruce de fronteras. Estas restricciones son claramente necesarias para limitar el avance del virus. Pero vuelvo a exhortar a los Estados para que cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos y garanticen que estas restricciones sean temporales y no discriminatorias en relación con las personas que buscan asilo. No se debe violar el principio de no devolución.

A pesar de la pandemia, muchos Estados han encontrado formas de preservar alguna vía de acceso al territorio para personas que buscan protección internacional. Uganda, por ejemplo, ha aceptado a miles de personas refugiadas procedentes de la República Democrática del Congo sin dejar de garantizar las medidas de seguridad necesarias, tales como cuarentenas.

Desafortunadamente, 67 Estados no lo han hecho.

Por eso, reitero a todos los Estados que la experiencia del ACNUR está a su disposición para ayudarlos a encontrar soluciones prácticas que les permitan proteger a las personas frente a la guerra, la violencia y la pandemia al mismo tiempo.

También quedamos a su disposición para encontrar soluciones pragmáticas que ayuden a abordar otros desafíos de protección, tales como los que presentan los movimientos mixtos de personas refugiadas y migrantes. Los riesgos son enormes, en especial para las personas que participan en estos peligrosos viajes, como hemos podido observar por ejemplo en Libia; pero estos movimientos plantean complejos desafíos también a los Estados.

Sin embargo, levantar muros para prevenir flujos, reducir la capacidad de rescate marítimo o externalizar el asilo fuera del territorio nacional no son soluciones apropiadas. Estos enfoques, a menudo sugeridos o implementados como reacción oportunista a una retórica xenófoba, pueden constituir una violación del derecho internacional, poner a las personas en una situación de peligro innecesaria y dañar potencialmente y a nivel mundial la institución y la práctica del asilo de la que tan dramáticamente estamos hoy necesitados.

Señora Presidenta,

El Estatuto de mi organización, adoptado hace 70 años, exhorta a los gobiernos a colaborar con el ACNUR también para encontrar soluciones para la difícil solución de las personas refugiadas. Seguimos haciéndolo, y las Plataformas de Apoyo contempladas en el Pacto han resultado ser herramientas clave en Centroamérica, en el Cuerno de África y para la situación de los refugiados afganos.

Doy la bienvenida a los Estados que están estableciendo mecanismos de repatriación voluntaria mediante acuerdos tripartitos, y animo a todos a trabajar con el ACNUR. Les ruego que nos consideren un socio dispuesto a trabajar con ustedes para encontrar soluciones justas, sostenibles y eficaces que aseguren siempre que sea posible retornos seguros, voluntarios y dignos.

En efecto, el retorno es la opción preferida de la mayoría de las personas refugiadas. Pero mientras siga sin poder alcanzarse la paz, el retorno debe complementarse con otras soluciones como la integración en países de asilo (cuando sea posible) y el reasentamiento en terceros países. No puedo ocultar mi decepción por los bajos niveles de reasentamiento en los últimos años y espero que la tendencia decreciente se invierta rápidamente. En este sentido, la decisión que adoptó la semana pasada Canadá de incrementar en más de 4.000 plazas su programa anual de reasentamiento debe ser saludada como un ejemplo muy positivo que espero que sigan otras naciones.

Nunca debemos cejar en nuestro empeño de buscar soluciones para las personas refugiadas y desplazadas, incluso en contextos difíciles como la situación de refugiados rohingyas en Bangladesh y otros países, el exilio prolongado de millones de personas procedentes de Afganistán y Somalia, la crisis de refugiados sirios y la polifacética prevalencia del desplazamiento forzado en la región del lago Chad, por citar algunos ejemplos.

Y cuando los líderes adoptan medidas para poner fin al conflicto, deben recibir apoyo. El mes pasado los gobiernos de Sudán y Sudán del Sur, justo con la IGAD y el ACNUR y con el apoyo de la Comisión Europea, acordaron desarrollar e implementar una iniciativa para encontrar soluciones para los casi siete millones de personas sudanesas y sursudanesas desarraigadas. Los desafíos son numerosos y complejos, pero esta iniciativa tiene el potencial de lograr soluciones y merece atención internacional.

Señora Presidenta,

Este ha sido un año difícil. Pero a pesar de los desafíos, hemos sido testigos de una solidaridad extraordinaria. El ACNUR ha recibido 4.500 millones USD de sus donantes, más que nunca antes. Se espera que las aportaciones del sector privado superen por primera vez los 500 millones USD. Siguen creciendo nuevas colaboraciones.

La asistencia humanitaria más allá de la COVID sigue y seguirá siendo una necesidad urgente para millones de personas en todo el mundo. Comprendo que las consecuencias económicas de la pandemia son dolorosas, pero quisiera hacer un llamamiento a todos los donantes: por favor, por favor, mantengan el rumbo y no reduzcan la asistencia humanitaria y a personas refugiadas. Es un modo económico de salvar vidas y reducir el sufrimiento.

Seguiremos siendo eficaces y eficientes, en línea con los enfoques y directrices establecidos en las reformas de las Naciones Unidas impulsadas por el Secretario General, a las que contribuimos y damos nuestro pleno apoyo.

Nuestras partes interesadas han apoyado nuestras reformas más importantes, como la descentralización y la reorganización, que se implementaron justo antes del comienzo de la pandemia y que ya han demostrado su valor. Seguimos simplificando procesos y procedimientos, también para nuestros socios.

También hemos lanzado una nueva iniciativa para promover una verdadera diversidad en el seno de nuestra organización. Sabemos que no somos inmunes al racismo y a la discriminación. Pero si queremos seguir siendo una organización basada en derechos que defiende sus principios, tenemos que garantizar que tenemos el mismo compromiso con la igualdad y la igualdad de derechos dentro del ACNUR.

En apoyo de nuestras reflexiones y acciones, que se basan en las buenas prácticas y lecciones aprendidas en nuestra lucha por erradicar la explotación sexual y el abuso, he constituido un Grupo Asesor Global sobre Inclusión y Diversidad formado por colegas de todas las regiones y hemos lanzado una revisión independiente de equidad e igualdad racial que hará recomendaciones la próxima primavera.

Señora Presidenta,

Hace dos semanas, en la sesión inaugural del Diálogo sobre Problema de Protección del ACNUR, celebré un debate con un grupo de jóvenes mujeres y hombres, todos refugiados o activistas, que habían sido distinguidos por sus excepcionales aportaciones a su población refugiada y las comunidades de acogida, brindando ayuda para superar la pandemia del coronavirus de modos distintos, creativos y eficaces, en su rol de médicos, trabajadores comunitarios, proveedores de información y activistas.

Fue una conversación excepcionalmente inspiradora: su energía, determinación y entusiasmo unidos a su inteligente percepción sobre lo que hay que hacer para brindar apoyo, sanar, incluir y unir.

Lo que aprendí en ese debate, los pensamientos que provocó en mí, es lo que quisiera que llegara hoy a ustedes como mi mensaje principal.

Es un recordatorio que de que las personas refugiadas, como las migrantes y otras que huyen en esta era de extraordinaria movilidad humana, no son solo personas vulnerables que necesitan ayuda: también son personas fuertes, eficaces y valientes que contribuyen a las comunidades que las acogen y a las sociedades en su conjunto.

Lo hemos visto en hospitales, residencias de ancianos, supermercados, negocios y organizaciones comunitarias: en los numerosos frentes de esta lucha global sin precedentes. Esto es muy importante, porque hace frente a la narrativa tóxica e improductiva que las describe como una amenaza y una carga.

Pero también es un ruego para mantener nuestro compromiso de solidaridad con las personas para cuyo apoyo, protección y defensa crearon ustedes mi organización hace 70 años.

Porque la solidaridad, la solidaridad inclusiva, será más importante que nunca en un momento en que la pandemia se cobra su devastador peaje con las personas más vulnerables, en todo el mundo, entre los formidables desafíos globales que debemos enfrentar.

Gracias, señora Presidenta.