Aproximadamente 800 personas de comunidades del Truando en Riosucio forzadas a huir y otras en riesgo de desplazamiento

BOGOTÁ, Colombia, 4 de abril de 2017 (ACNUR) – La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, en conjunto con la Unidad para la Víctimas, la Defensoría del Pueblo, y la administración municipal de Riosucio, Chocó, realizaron entre los días 28 y 30 de marzo una misión humanitaria a las comunidades de la cuenca del río Truandó, confirmando la crítica situación de confinamiento, desplazamiento forzado, reclutamiento forzado y riesgo de afectación por minas antipersonal, munición sin explotar y artefactos explosivos improvisados, que afecta a las comunidades indígenas y afrodescendientes que habitan este territorio.

La situación de riesgo inminente de desplazamiento en la que se encuentran las comunidades indígenas de Kiparadó La Loma, Marcial, Jagual, Juin Duur, Pichindé y Peñas Blancas de las etnias Wounaan y Embera por una parte, y por otra las comunidades afrodescendientes de Quiparadó Platanillo, La Nueva y Taparal es resultado de las afectaciones por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que se están presentando en las cuencas del río Truandó, municipio de Riosucio, Chocó, desde la segunda semana del mes de marzo. Las comunidades mencionadas están en confinamiento, lo que les implica no poder acceder a sus lugares de siembra y producción de alimentos, y tienen restricciones en su movilidad por el riesgo que representa el hecho que actores armados ilegales hayan sembrado minas antipersonal en su territorio, incluso en lugares muy próximos a escuelas y otros bienes civiles.

Debido a esta situación, aproximadamente 800 personas pertenecientes a las comunidades indígenas de Juin Duur y Chintadó, y las comunidades afrodescendientes de Quiparadó Platanillo, Clavellino, Truandó Medio, Taparal y Pavas, ya se desplazaron y realizaron su declaración ante la Personería municipal.

ACNUR llama la atención que, de continuar la situación crítica de seguridad de la zona, las familias habitantes de esta cuenca podrían llegar desplazadas a la cabecera municipal de Riosucio. Los niños, niñas y adolescentes de la zona se encuentran en riesgo de reclutamiento y vinculación a los grupos armados ilegales que disputan el control del territorio del Truandó. Es de resaltar que estos hechos afectan a población afrocolombiana e indígena, considerada como sujetos de especial protección constitucional.

El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo había advertido el pasado 26 de marzo, el riesgo para estas comunidades. ACNUR se une a este llamado para pedir la implementación de todas las medidas necesarias para proteger a la población civil frente a afectaciones por infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

Llamamos a las entidades a nivel local, departamental y nacional a brindar efectiva atención humanitaria a las comunidades desplazadas o confinadas. ACNUR reitera su compromiso para apoyar las instituciones del Estado en esta labor. Es igualmente necesario que la institucionalidad implemente acciones educativas con la comunidad sobre comportamientos seguros y medidas de prevención frente a riesgo por minas antipersonal, munición sin explotar y artefactos explosivos improvisados.

Así mismo, el ACNUR llama la atención sobre la situación de desplazamiento forzado durante los últimos días en otros lugares de la Costa Pacífica, incluyendo el desplazamiento de cerca de 120 familias del Consejo Comunitario del Río Patía Grande – ACAPA (municipios de Mosquera y Francisco Pizarro en el departamento de Nariño) al casco urbano de Tumaco y, de otro lado, el desplazamiento masivo de cerca de 55 familias de comunidades del Litoral San Juan (Chocó) a Docordó (cabecera municipal del Litoral San Juan) y Buenaventura, como consecuencia de la masacre de 5 personas del pasado 24 de marzo.

Ante la situación recurrente de desplazamientos forzados y confinamientos que se han presentado en estos primeros meses del año en toda la Costa Pacífica, ACNUR reitera la importancia de garantizar una respuesta integral y coordinada entre las instituciones nacionales y locales, con particular énfasis en la atención humanitaria para las comunidades confinadas y en las medidas de protección para la prevención de más desplazamientos y de las afectaciones particulares de comunidades indígenas y afrocolombianas.

En Colombia el conflicto armado ha costado la vida a más de 220,000 colombianos y ha obligado a más de 7.3 millones de personas a abandonar sus hogares. La violencia ha afectado de forma desproporcionada a las comunidades indígenas, afrocolombianas, así como a mujeres, niños niñas y adolescentes.

Por Rocío Castañeda C, Unidad de Información Pública en Colombia