Diputados y diputadas debaten políticas públicas para las personas refugiadas

La respuesta humanitaria de Brasil y la solidaridad del pueblo brasileño con las personas refugiadas y migrantes procedentes de Venezuela han sido ejemplares. Solo con el trabajo de todos los actores implicados será posible mantener una respuesta que atienda las crecientes necesidades de protección de estas personas. Esté fue el mensaje de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, con ocasión de la audiencia pública en la Cámara de los Diputados organizada en Brasilia el día 20 de agosto por la Comisión de Derechos Humanos y Minorías.

La reunión contó con la participación de representantes de ACNUR, del Comité Nacional para los Refugiados (CONARE), del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), del Ministerio Público de Trabajo (MPT) y de la sociedad civil. Los participantes debatieron sobre mecanismos gubernamentales e institucionales de acogida de personas refugiadas, en especial aquellas procedentes de Venezuela.

“Es una respuesta de todos que ha demostrado ser un gran éxito. Pero estas acciones precisan determinadas labores de mantenimiento. Las políticas deben ser perfeccionadas y continuadas para que la Operación Acogida pueda tener una continuación y no empeore la situación de estas personas procedentes de Venezuela, porque probablemente este flujo de personas vaya a continuar durante un tiempo”, alertó Paulo Sérgio Almeida, oficial de medios de vida de ACNUR en Brasil.

La Operación Acogida constituye la respuesta humanitaria del Gobierno Federal al flujo de personas refugiadas y migrantes procedentes de Venezuela. ACNUR presta apoyo al grupo de trabajo logístico brasileño en sus tres principales ejes de actuación: ordenación de la frontera, acogida y reubicación interna.

Según la Policía Federal, en la actualidad más de 178.000 personas refugiadas y migrantes procedentes de Venezuela se encuentran en suelo brasileño. Solo en 2018 el país recibió más de 80.000 solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, 60.000 de las cuales procedían de ciudadanos venezolanos. El total acumulado desde el comienzo del recuento hasta el 31 de mayo de 2019 asciende a más de 103.000 solicitudes de personas venezolanas.

Para Camila Lissa Asano, representante del CNDH y de Conectas Direitos Humanos, la ley brasileña de protección de personas refugiadas protege al solicitante de asilo. “Tiene derecho a permanecer en Brasil incluso aunque aún no se le haya reconocido la condición de refugiado. El solicitante tiene derecho a una tarjeta de identidad fiscal, puede trabajar, tiene acceso al sistema sanitario y no debe tener problemas para proceder con la matrícula escolar”.

Otro punto importante que se debatió estuvo relacionado con los avances en Brasil en la aplicación en junio de este año de la condición de refugiado a las personas procedentes de Venezuela de acuerdo con la Declaración de Cartagena. “Para el CONARE, ahora una persona procedente de Venezuela puede ser reconocida como refugiada”, explicó Luiz Coimbra Barbosa, representante del Comité. El 24 de junio se aprobaron los casos de 174 personas venezolanas en aplicación de este criterio. Hasta entonces, el CONARE solo había reconocido la condición de refugiados de 5 personas procedentes de Venezuela.

“Esta decisión simplifica la entrevista y el proceso de análisis de los casos de venezolanos. Pero siguen siendo etapas fundamentales, sobre todo la entrevista presencial”, explicó Barbosa.

Políticas para integración de personas procedentes de Venezuela

El programa de reubicación interna de la Operación Acogida se ha convertido en un elemento cada vez más prioritario en el ámbito de actuación del grupo de trabajo.

A partir de esta estrategia, personas refugiadas y migrantes procedentes de Venezuela tienen la oportunidad de desplazarse a otras ciudades de Brasil para reconstruir sus vidas e integrarse en la sociedad y en la economía del país.

Aunque Brasil esté considerado como un país de referencia por el modo en que ha respondido al flujo de personas venezolanas, sigue siendo muy difícil conseguir que esta población se inserte en el mercado laboral del país.

“Los datos sobre población refugiada reconocidos por Brasil nos permiten afirmar que son personas con un alto nivel educativo. Se trata de una población mayoritariamente masculina y joven, que llega con diplomas de su país de origen. Llegan listos para ponerse a trabajar e integrarse en el mercado de trabajo”, analizó Paulo Sérgio Almeida. No obstante, un 25% se encuentran desempleados o sin ocupación. Estos datos se desprenden del estudio Perfil Socioeconómico de las Personas Refugiadas en Brasil, llevado a cabo por ACNUR.

Según Almeida, la convalidación de títulos se ha convertido en un verdadero obstáculo para la integración socioeconómica de las personas refugiadas. “Se está produciendo una “pérdida de cerebros”, puesto que se trata de personas bien formadas y que a menudo no consiguen convalidar sus títulos y poner sus capacidades al servicio de la población brasileña”.

Catarina Von Zuben, investigadora del MPT, profundizó en este debate planteando su preocupación por los casos de reubicación interna llevados a cabo por particulares, es decir, empresas o personas que pagan el realojamiento de venezolanos con ofertas de empleo garantizadas.

“Cuando son los municipios los que hacen la oferta, conseguimos mantener el control, pero no cuando la acogida corre a cargo de un particular. No sabemos qué acogida se está dando en todos los casos a estas personas en situación de vulnerabilidad”, informó Von Zuben.

Se trata de ejemplos de políticas que pueden ser mejoradas, entre otras muchas que ya presentaron resultados muy positivos. Tal y como defendió ACNUR durante la audiencia, estas políticas deben mantenerse y ser perfeccionadas para dar continuidad a la respuesta ejemplar de Brasil ante el flujo de personas venezolanas.