'No dejar a nadie atrás' en los planes nacionales de salud - Alto Comisionado Auxiliar para las Operaciones de ACNUR
'No dejar a nadie atrás' en los planes nacionales de salud - Alto Comisionado Auxiliar para las Operaciones de ACNUR
La pandemia de COVID-19 pone de manifiesto la necesidad de incluir a las personas refugiadas y desplazadas en los planes nacionales de salud, dijo ayer el Alto Comisionado Auxiliar para las Operaciones de ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, en un conversatorio en línea, instando a un mayor apoyo a los países para lograrlo.
“Todos conocemos el principio de no dejar a nadie atrás y está claro que las políticas y servicios nacionales inclusivos contribuirán a lograr la cobertura sanitaria universal para todos”, dijo Raouf Mazou.
Participando en una sesión de Diálogo del Alto Comisionado centrada en la capacidad de resiliencia e inclusión en los servicios de salud, Mazou explicó que al menos el 85% de las personas refugiadas y desplazadas se alberga en países en desarrollo. Señaló que esto ponía a prueba los sistemas nacionales de salud incluso antes de que se produjera la pandemia de COVID-19, este año.
“No solamente se benefician las personas refugiadas”.
“Lo que también hemos escuchado de muchos de los representantes de los gobiernos que participan en este conversatorio es la voluntad de muchos países de incluir de una mejor manera a las personas refugiadas en los servicios nacionales de salud”, observó, añadiendo que los Estados necesitan apoyo para lograrlo.
“No solamente se benefician las personas refugiadas de las respuestas integrales... los propios países que acogen a los refugiados pueden beneficiarse de los enfoques inclusivos”, añadió. Los países de acogida pueden beneficiarse de los fondos para el desarrollo, destinados tanto a los refugiados como a las comunidades de acogida, así como de las competencias y el trabajo que las personas refugiadas pueden aportar a la sociedad.
En el foro, que reunió a expertos, académicos, autoridades gubernamentales y profesionales de la salud, se examinaron tanto las respuestas de emergencia como los enfoques a más largo plazo. Nigel Pearson actuó como moderador y el evento incluyó las contribuciones de varias personas directamente involucradas en la implementación de planes de atención de salud en países específicos.
Fezzeh Hosseini, de 38 años, es una médica afgana refugiada que vive en la provincia iraní de Isfahán, donde dirige un equipo de médicos y enfermeros. Desde que comenzó la pandemia, ha trabajado para asegurar que tanto los iraníes como los refugiados afganos tengan información y acceso a los servicios de salud.
Manifestó que muchos refugiados no tienen empleo y, por lo tanto, a menudo no cuentan con los recursos económicos necesarios para tener acceso a los servicios de salud.
“El mensaje que estoy tratando de pasar es conseguir tanta ayuda internacional como sea posible para apoyar los servicios de salud para los iraníes y los afganos por igual”, expresó.
“Las comunidades de acogida cercanas a los refugiados tienen libre acceso”.
Alfred Driwale, Comisionado Adjunto de Servicios de Salud de Uganda, explicó que los refugiados en su país tienen acceso a los servicios de salud y también pueden trabajar, lo que en el largo plazo ayuda a toda la sociedad.
“Gracias a esa integración, las comunidades de acogida cercanas a los refugiados tienen libre acceso a través de los socios”, dijo.
Akramul Islam, director del programa de enfermedades transmisibles y agua, saneamiento e higiene (WASH por sus siglas en inglés) de BRAC, una organización internacional de desarrollo de Bangladesh, indicó que su organización trabaja con varios socios, entre ellos ACNUR, para la implementación de medidas para prevenir y tratar enfermedades como la malaria, la tuberculosis y el VIH.
Cuando comenzó la pandemia, dichas organizaciones proporcionaron educación, capacitación y atención médica para evitar la propagación del virus entre los refugiados rohingya, comentó.
Los diálogos de alto nivel se establecieron para promover un intercambio de opiniones entre personas refugiadas, gobiernos, sociedad civil, sector privado, académicos y organizaciones internacionales sobre los desafíos emergentes en materia de protección humanitaria.
Este año las sesiones se están realizando en modalidad virtual a lo largo de siete semanas, centrándose en cómo la pandemia de COVID-19 afecta a las personas refugiadas, desplazadas y apátridas.
