Opinión: ¿Cuándo se van a vacunar contra la COVID-19 las personas refugiadas?

Para las personas más pobres del mundo, la COVID-19 ha supuesto una catástrofe social y económica. Es posible que hasta 115 millones de personas hayan caído bajo el umbral de la pobreza en 2020, de acuerdo con estimaciones del Banco Mundial. La mayoría viven en países de ingresos bajos y medianos, casi siempre en entornos frágiles y afectados por el conflicto. El avance de la vacunación se ve empañado por la incertidumbre sobre cuándo llegará a las poblaciones vulnerables en todo el mundo.

Entre los más vulnerables se encuentran personas refugiadas y desplazadas internas desarraigadas por el conflicto. ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, alerta de que ya han superado los 80 millones: el equivalente de la población de Alemania. En Jordania, el Líbano e Iraq, por ejemplo, la COVID-19 ha empujado a un millón de personas refugiadas sirias y a 180.000 personas desplazadas internas bajo el umbral de la pobreza, junto a más de cuatro millones de personas en las comunidades de acogida.

Hoy, un 85% de las personas refugiadas están acogidas en países de ingresos bajos y medianos. La recesión económica actual agrava las crisis causadas por el conflicto, la violencia y la inseguridad alimentaria que ya llevaban al límite a estas comunidades. Las infraestructuras y los sistemas de sanidad, educación y protección social de estos países no están en condiciones de asumir una conmoción de esta magnitud. A falta de un incremento urgente del apoyo humanitario y al desarrollo, los países corren el riesgo de padecer una desestabilización drástica y a largo plazo.

Las personas refugiadas están totalmente desesperadas. El personal de ACNUR reporta más casos de autolesiones y suicidios en países tan distintos como Uganda y el Líbano, lo cual es indicador de una profunda angustia. Y sin embargo las personas refugiadas consiguen ayudar a las comunidades de acogida si tienen la oportunidad de hacerlo. En Jordania, Francia y Perú, por ejemplo, personas refugiadas con formación en sanidad pública o medicina se han unido a los primeros intervinientes en la respuesta a la pandemia.

Incluso a finales de Febrero, antes de que comenzara la pandemia, el Banco Mundial estimó que dentro 10 años hasta dos tercios de las personas que viven en situación de extrema pobreza se encontrarán en países afectados por la fragilidad y el conflicto, en los que el progreso en materia de pobreza se estaba invirtiendo. Entre los conflictos prolongados en el tiempo, cuatro de cada cinco personas refugiadas llevan viviendo en países de acogida cinco años o más.

Desde el comienzo de la pandemia ACNUR y el Banco Mundial han incrementado los servicios sanitarios, de agua, saneamiento e higiene para brindar protección a las personas forzadas a huir. Hemos trabajado con los gobiernos de los países de acogida para garantizar que las personas desplazadas quedan incluidas en la respuesta a la pandemia y en los esfuerzos de recuperación económica.

Pero la crisis económica supone que los esfuerzos deben ir todavía más allá: ahora más que nunca las personas forzadas a huir necesitan ayuda a largo plazo. En 2019, más de la mitad de los siete millones de niñas y niños refugiados en edad escolar que hay en el mundo no estaban escolarizados. Ahora, con los cierres impuestos por la COVID, las fuertes pérdidas de aprendizaje podrían suponer una generación perdida de refugiados con escasas perspectivas de encontrar trabajo y poca esperanza en el futuro.

Las poblaciones refugiadas con el mejor acceso a los mercados laborales se encontraban tradicionalmente en las ciudades, pero el coronavirus y la recesión han afectado mucho a las zonas urbanas y las ha hecho vulnerables a la pérdida de ingresos, en especial entre trabajadores autónomos e informales. La presión social y económica podría traducirse en violencia y desencadenar nuevas oleadas de desplazamiento.

Los países de acogida pueden beneficiarse de incluir a las personas refugiadas y desplazadas internas en los esfuerzos de recuperación, así como de garantizar su acceso a la sanidad y la educación públicas y al mercado de trabajo. Muchos están haciendo esfuerzos encomiables. Jordania, por ejemplo, incluye a las personas refugiadas sirias en su campaña nacional de vacunación, mientras el Líbano se acaba de comprometer a hacer lo mismo. Las personas refugiadas carecen de redes de seguridad y a menudo falta incluso información sobre su condición socioeconómica. Incluirlas en la estadísticas nacionales, la respuesta de emergencia y la recuperación a largo plazo les da visibilidad y nos ayuda a comprender la magnitud del desafío y el modo en que podemos ayudar.

Invertir en personas refugiadas no puede ser responsabilidad únicamente de los países de acogida. En diciembre de 2018, la comunidad internacional se unió en torno al Pacto Mundial sobre los Refugiados, en el que donantes e instituciones multilaterales se comprometen a compartir la responsabilidad de este bien público mundial. Debemos estar a la altura de este compromiso con la población refugiada y las comunidades de acogida en nuestro pensamiento, pero también con nuestras obras.

Esta opinión editorial fue publicada originalmente en inglés por la Fundación Thomson Reuters.