Personas vulnerables de Venezuela encuentran ayuda en Colombia
Personas vulnerables de Venezuela encuentran ayuda en Colombia
Yuliany Ayala reflexionaba sobre el futuro de su familia mientras cuidaba a su hijo Andry Jesús, de nueve días, desde la esquina de una habitación llena de literas en un albergue para las personas refugiadas y migrantes venezolanas más vulnerables que llegan a la ciudad a diario.
“Nunca estuvo dentro de nuestros planes irnos, pero aquí estamos”, dijo la venezolana de 22 años, que llegó hace un año a esta ciudad fronteriza en la región desértica de la Guajira, en el noreste de Colombia, con su esposo Adrián Vega y su hijo de cuatro años, Diose.
Después de que Ayala diera a luz a su segundo hijo, la familia recibió un albergue temporal en el Centro para la Atención al Migrante y Refugiado, que cuenta con 60 camas y es administrado por la Pastoral Social de la Iglesia Católica en el centro de Maicao, que alguna vez fue un bullicioso centro comercial.
“Nunca estuvo dentro de nuestros planes irnos, pero aquí estamos”.
El albergue se ha convertido en un salvavidas para muchos, y es un ejemplo de respuesta que los gobiernos, las ONG y otros en toda la región han implementado para satisfacer las necesidades básicas de los venezolanos que han abandonado su país.
Al igual que en Maicao, ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, está apoyando a socios y gobiernos locales en toda Colombia y en toda la región, para abordar las crecientes necesidades de los venezolanos en movimiento. Los proyectos van desde el equipamiento de cocinas y albergues temporales hasta el fortalecimiento de los recursos de los hospitales y el apoyo a las instalaciones de cuidado infantil.
ACNUR también está ayudando a identificar a esas personas dentro del movimiento más amplio de los venezolanos que necesitan protección internacional y asegurándose de que comprendan sus opciones para obtener un estatus legal en los países donde se encuentran.
“Aunque la mayoría de los refugiados y migrantes tienen necesidades humanitarias urgentes, como protección, alimentación y albergue, contar con una condición regular en Colombia es una prioridad”, dijo Jozef Merkx, representante de ACNUR para Colombia, un país que con aproximadamente 45 millones de habitantes, acoge a un estimado de un millón de venezolanos.
“Aquellas personas que no tienen una condición regular en Colombia son las más vulnerables, y podrían ser víctimas de explotación laboral y explotación sexual”, dijo él, agregando que tener estatus legal les otorga muchas de las mismas protecciones y beneficios que los ciudadanos.
Al igual que muchos de los aproximadamente 1,9 millones de venezolanos que se han visto obligados a abandonar su país desde 2015, un número significativo de ellos necesita protección internacional. Algunos, como Ayala y Vega, dicen que no tienen planes inmediatos para regresar a Venezuela, que enfrenta una situación socioeconómica, de derechos humanos y política desafiante.
En el albergue de Maicao, la capacidad limitada, junto con el creciente número de venezolanos que llegan a Colombia, podría significar que Ayala y su familia pronto tendrían que volver a dormir en una choza de palmeras secas sin paredes, sobre algunos cojines de autos que sacaron de un montón de basura cuando llegaron por primera vez.
La vida para Ayala, su esposo Vega y sus hijos es dura. La pareja, que dejó su hogar en la ciudad venezolana de Cabimas, vende frutas y café en las calles de este pueblo de 270.000 habitantes. “No ganamos mucho, pero es suficiente”, dijo Ayala.
El creciente número de venezolanos que abandona su país ha provocado un aumento en la demanda de alojamiento en Maicao durante los primeros ocho meses del año, según Jheimmy Naizzir, coordinador del albergue. De enero a agosto, el centro albergó a 3.008 personas, en comparación con 1.327 en todo el 2017. Con el apoyo de ACNUR, el centro está aumentando la cantidad de camas, y agregó una sala de juegos para niños, además de que mejoró su distribución diaria de comidas.
Después de pasar las tres noches que pueden pasar como máximo en el albergue, Liliana Paz, de 55 años, y su nieto Gleiber, de 10, han dormido durante los últimos tres meses en cajas de cartón aplanadas en un estacionamiento donde pagan el equivalente a un 1 dólar por noche. Sin embargo, son clientes habituales en el centro para el desayuno y el almuerzo.
“Estaba tan delgada cuando llegamos que una pastilla de jabón cabría aquí”, dijo mostrando su huesuda clavícula izquierda. Ella está agradecida por las comidas y dice que tanto ella como el niño, que tiene epilepsia, han aumentado de peso. El niño ahora tiene acceso al tratamiento médico que necesita.
Lo que Sarah Ramírez *, de 33 años, necesitaba era encontrar un lugar donde estar a salvo de las amenazas y el hostigamiento. Ramírez ha solicitado la condición de refugiado en Colombia, lo que le otorga protección para que no sea devuelta a su país. “Tomar la decisión de irme no fue fácil”, dijo Ramírez, acariciando a la mascota de la familia, un conejo llamado Kestrell, y que cruzó la frontera con ellos. “Para nosotros es imposible regresar”, dijo.
Este domingo, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, comenzará una misión de ocho días a Colombia, Argentina, Perú y Ecuador para conocer de primera mano las necesidades de las personas refugiadas y migrantes venezolanas, y quienes les acogen en la región.
Más de 346.000 venezolanos han solicitado la condición de refugiado en países de América Latina, así como en Europa y los Estados Unidos, desde 2014. Por otro lado, a más de 650.000 se les han otorgado otras formas de estadía, que permiten a los venezolanos residir en otros países, con acceso empleo y servicios sociales.
En Colombia, esto tomó la forma de un censo nacional de venezolanos que viven en el país. Los más de 442.000 venezolanos registrados en el proceso, apoyados por ACNUR y OIM, están ahora en el proceso de recibir un permiso especial que les permite trabajar legalmente y acceder a servicios básicos durante dos años.
“Sentí que la gente se estaba aprovechando de mis necesidades”.
Para Vanesa Vargas fue un cambio de vida. Una estilista de profesión, no podía encontrar un trabajo estable antes de obtener su permiso especial. “Me estaban explotando, me pedían que trabajara largas jornadas por menos del salario mínimo”, dijo. Ahora está ganando el doble de lo que solía ganar y tiene todos los beneficios. Complementa esos ingresos vendiendo agua y dulces en el lado colombiano del puente que cruza la frontera entre Ureña, Venezuela y Cúcuta, Colombia.
Pero muchos venezolanos que llegan a Colombia optan por salir de las ciudades fronterizas a medida que disminuyen las oportunidades y aumentan los incidentes xenófobos. En los cruces fronterizos, las líneas de autobús y las compañías de turismo ofrecen boletos directos a ciudades colombianas como Bogotá, Medellín y Cali, o más allá a Ecuador, Perú y Chile. Sin embargo, muchas personas refugiadas y migrantes no pueden pagar el boleto de autobús y optan por embarcarse en una agotadora caminata a pie.
Andreína Escalona, de 34 años, pasó cinco meses intentando sobrevivir en la ciudad fronteriza de Cúcuta trabajando en turnos de seis a nueve horas en trabajos ocasionales por los cuales le pagaron 6.000 pesos colombianos (aproximadamente 2 dólares) por día. “Sentí que la gente se estaba aprovechando de mis necesidades”, dijo. Lo poco que pudo ahorrar, lo envió para ayudar a mantener a sus seis hijos en Barlovento, Venezuela, el menor de ellos aún no tiene un año.
En un día nublado hace un par de días, ella y su compañero Jeancarlos Cisneros, de 40 años, salieron a pie para recorrer los 604 kilómetros en la carretera de dos carriles que serpentea desde Cúcuta, a través de un alto paso de montaña andina hasta Bogotá. Varios cientos de venezolanos toman cada día el peligroso camino, preparados con alimentos y botiquines de primeros auxilios de la Cruz Roja Colombiana. Escalona sabe que no será una caminata fácil.
“Pero por mis hijos, caminaré a cualquier lugar”, dijo Escalona.
* Nombres cambiados por razones de protección.
