Niños deportados enfrentan peligros mortales al regresar a Honduras

SAN PEDRO SULA, Honduras, 29 de enero de 2015 (ACNUR) – El pistolero estaba esperando cuando Marco Antonio Cortés subió al autobús en la noroeste ciudad hondureña de San Pedro Sula. Un tirón del gatillo y el muchacho de 18 años estaba muerto, sumándose a la alarmante lista de hombres jóvenes hondureños que son atacados, asesinados o simplemente desaparecen después de ser deportados desde Estados Unidos o México.

"No se trata sólo de uno, dos o tres que son asesinados después de ser deportados", dice la hermana Valdete Wilemann, que dirige un centro estatal que alberga a algunos de los deportados que regresan a Honduras. Muchos, como Cortés, utilizaron rutas irregulares para llegar a EE.UU. y México escapando de la creciente inseguridad que afecta a los jóvenes en sus comunidades de origen, incluidas las amenazas, la extorsión, la violencia de pandillas y las ejecuciones. Otros se dirigen al norte en busca de una vida mejor.

Las víctimas suelen tener edades comprendidas entre los 13 y los 17 años, enviados de vuelta a casa después de haber sido detenidos por las autoridades de inmigración por entrar en el país sin autorización. Pero un informe publicado el año pasado por el ACNUR, titulado "Niños en fuga", encontró que un número importante de menores de edad provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras que ingresan a EE.UU. de manera irregular podrían estar en necesidad de protección internacional.

"Creemos que si se analizaran sus casos con mayor profundidad muchos serían reconocidos como refugiados con un temor fundado de persecución y falta de protección en sus países", dijo Marta Juárez, director de la Oficina Regional para América de ACNUR, quien también citó las conclusiones de una misión de investigación el año pasado a Honduras como una prueba más. ACNUR asesora a las autoridades sobre la protección de las personas desplazadas y sus familias.

En el centro El Edén en San Pedro Sula, donde se albergan inicialmente a los menores no acompañados deportados y a las familias deportadas, Adalberto Guzmán de 36 años de edad, dijo a los miembros del equipo de evaluación que estaba preocupado por su seguridad y la de su esposa y sus tres hijos, de edades comprendidas entre los tres y los 12 años. Acababan de llegar de México.

Guzmán explicó que había prestado US$ 1.000 a un hombre en su ciudad natal y había recibido la moto y la TV del hombre como garantía. Cuando Guzmán insistió en que la deuda se debía saldar a tiempo, las cosas se pusieron feas. "De repente, un niño de unos 15 años apareció en nuestra casa y nos dijo a todos: 'Si no devuelven la moto y la TV, todos morirán'", recordó Isaac*, el hijo de Guzmán, de 12 años.

La familia huyó a México; Guzmán no quería que sus hijos terminaran muertos como un número creciente de otros jóvenes en la ciudad. "De enero a julio [el año pasado], 93 menores habían muerto violentamente en comparación con seis muertes accidentales. Para mediados de septiembre, ya había 200", dijo el patólogo forense Héctor Hernández en la morgue de la ciudad, señalando un aumento dramático en el número de jóvenes que sufren muertes no naturales.

El día de la visita de ACNUR llegó a la morgue el cuerpo de Alfredo*. El niño de 11 años de edad, quería ser médico y su acongojada madre relató que trabajaba turnos extras en una fábrica de prendas de vestir para pagar su educación. Fue estrangulado, señaló Hernández, y añadió: "Con los menores, las balas son una causa menos frecuente de muerte que en los adultos. A la mitad de ellos los matan por asfixia.

Alfredo no era un deportado y no se sabe cuántos de los otros jóvenes llevados a la morgue de la ciudad este año habían huido del país solo para ser deportados. Pero estas muertes sí muestran un patrón de aumento de la violencia que está provocando el desplazamiento entre los adolescentes y hombres jóvenes que temen por sus vidas. Sucede algo parecido en El Salvador y Guatemala.

En septiembre, un grupo de ocho personas, algunas de ellas de 16 o de 17 años, fueron obligados a acostarse en una calle de San Pedro Sula y luego les dispararon. Parece probable que esto fuera una ejecución relacionada con pandillas, que por lo general están relacionadas con el reclutamiento forzado, el no pago de deudas (incluyendo por ayudar a salir ilegalmente a alguien fuera del país); la extorsión; o guerras territoriales. Las poderosas maras, esencialmente pandillas urbanas lideradas por adolescentes, tienen una influencia considerable, infundiendo miedo a todos -especialmente a otros jóvenes.

Los adolescentes que tratan de evitar la influencia de las maras, viven una vida honesta y se resisten a ser contratados como traficantes de drogas, pueden estar en riesgo sin darse cuenta. Marco Antonio Cortés, el niño muerto a tiros en la estación de autobuses, fue una de esas víctimas.

Él vivía en Brisas del Rosario, un pequeño asentamiento controlado por las maras en las afueras de San Pedro Sula. Se le considera uno de los distritos más peligrosos, como el sector Rivera Hernandez, donde la gente arriesga recibir un tiro si caminan de una calle a otra.

Y cuando la gente como Cortés logra salir, no pueden regresar en condiciones seguras a zonas controladas por pandillas. En el 2013, un hombre de 27 años de edad regresó de San Pedro Sula después de siete años, creyendo que todos sus perseguidores estaban muertos. Fue asesinado cuatro días después.

Otras razones para la huida incluyen el asesinato de familiares y ser testigo de un crimen cometido por las pandillas. Pero decidir huir del país no es una decisión fácil, debido al costo y los riesgos involucrados. El abuso y la violencia son compañeros frecuentes de los migrantes y de las personas que buscan protección, así como estafas por parte de algunos funcionarios en las fronteras. Aquellos que son descubiertos son deportados.

Karla López, psicóloga del centro El Edén, nos cuenta sobre un grupo de migrantes irregulares que estuvieron secuestrados durante dos semanas en Tampico, México, para presionar por el pago de un rescate a sus parientes en EE.UU. y Honduras. "Finalmente, la policía mexicana los encontró encerrados en varias casas particulares y los liberó", dijo López, quien agregó que todos fueron deportados. De acuerdo con cifras oficiales de México y Guatemala en los primeros ocho meses de 2014 más de 30.000 personas fueron devueltas en autobús, incluyendo unos 6.200 menores no acompañados.

Miles de personas fueron repatriadas por vía aérea desde Estados Unidos. Los niños y las familias aterrizan en Palmerola, donde el ACNUR está solicitando a las autoridades tener acceso a ellos. Los adultos son llevados a San Pedro Sula. Según informes de prensa, entre enero y mediados de septiembre del año pasado arribaron más de 38.000 deportados a los dos aeropuertos, en comparación con los 32.000 hondureños deportados en todo el 2013. Para muchos, su regreso a casa es sólo el comienzo de otro viaje, a menudo más peligroso.

* Nombres cambiados por motivos de protección.