Jefes de OIM y ACNUR destacan que la COVID-19 pone de relieve la necesidad urgente de la cobertura sanitaria universal

En vísperas del Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal (12 de diciembre), mientras el mundo lucha por contrarrestar la COVID-19, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, y el Director General de la OIM, António Vitorino, hicieron hincapié en que los servicios de salud deben incluir a todas las personas, incluyendo a las personas migrantes, refugiadas y desplazadas internas y apátridas, si queremos construir sistemas sólidos que nos protejan a todos.

Mientras el mundo se prepara para distribuir las vacunas para la COVID-19, OIM y ACNUR instan a los líderes mundiales a que aprovechen esta oportunidad para asegurar que las personas refugiadas y migrantes se incluyan en los planes estatales de asignación y distribución de las vacunas y en los servicios sanitarios esenciales existentes. En estos tiempos de pandemia y más allá de ellos, las dos organizaciones se comprometen a seguir fortaleciendo su colaboración y están preparadas para apoyar a los gobiernos en sus esfuerzos para que la atención de salud para todas las personas se convierta en una realidad, mediante la cobertura sanitaria universal.

“El acceso a la salud es un derecho fundamental, pero con demasiada frecuencia, todavía, las personas que más lo necesitan – incluidas las personas migrantes y desplazadas por la fuerza – se ven excluidas”, dijo el Director General de la OIM, António Vitorino. “Si el año 2020 nos ha enseñado algo, es que las enfermedades son una cuestión universal que no hace distinciones con base en la nacionalidad; por lo tanto, nuestra cobertura sanitaria tampoco debería hacerlo para que sea realmente eficaz, incluso en los venideros esfuerzos de vacunación para la COVID-19”.

Las personas migrantes y desplazadas por la fuerza a menudo se ven obligadas a vivir o trabajar en condiciones desfavorables, son objeto de discriminación o explotación, o no tienen acceso a los sistemas de protección social. Sin embargo, en la actualidad, la OIM estima que menos de uno de cada dos países (el 43%) brinda acceso a los servicios de salud a todas las personas migrantes, independientemente de su condición legal. Durante décadas, la OIM ha venido trabajando con los gobiernos y las comunidades en más de 100 países, en estrecha coordinación con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros socios, para ampliar el acceso equitativo de las personas migrantes a servicios de salud de calidad y sin costo y para asegurar que las personas desplazadas internas también tengan acceso a servicios de salud esenciales.

“Es fundamental que las poblaciones vulnerables en movimiento, incluidas las personas refugiadas y migrantes, no se queden atrás en las respuestas de salud pública. La pandemia de COVID-19 muestra en términos inequívocos que la cobertura sanitaria universal nunca ha sido tan importante”, explicó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi. “Globalmente, el desplazamiento forzoso se encuentra en niveles sin precedentes, por lo tanto, necesitamos una mayor inclusión y apoyo para las personas refugiadas en el mundo y las comunidades que las acogen”.

Según los últimos datos de ACNUR, el desplazamiento forzoso en el mundo superó la marca de los 80 millones de personas a mediados de 2020, más de 50 millones de las cuales son personas desplazadas dentro de las fronteras de sus países. Hasta ahora, los gobiernos, ACNUR y otras agencias humanitarias han trabajado para mantener las tasas de transmisión entre las poblaciones refugiadas en niveles similares a los de las comunidades de acogida. La plena inclusión de las personas migrantes y desplazadas por la fuerza en todas las etapas de la respuesta a la pandemia – desde la preparación hasta la respuesta sanitaria, pasando por el acceso a las vacunas y las redes de seguridad social – es una cuestión vital para las personas que se ven forzadas a huir.

La cobertura sanitaria universal, una de las principales metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, se basa en el principio de que todas las personas en todas partes deben tener acceso a servicios sanitarios esenciales de calidad sin estar expuestas a dificultades financieras.

Sin embargo, las personas refugiadas y migrantes siguen viéndose excluidas con demasiada frecuencia de los sistemas de salud. Entre los problemas que enfrentan para tener acceso a los servicios de salud, descritos en el último informe de la Alianza Sanitaria Internacional para la CSU 2030 sobre el estado de la Cobertura Sanitaria Universal, se encuentran la falta de políticas inclusivas, las barreras lingüísticas y los costos prohibitivos. Esto ocurre especialmente en los países de renta baja y media – en los que vive más del 85% de las personas refugiadas en el mundo y en los que se produce la mayoría de los nuevos desplazamientos internos debidos a conflictos – que con dificultad pueden satisfacer las necesidades sanitarias de sus propios ciudadanos.

Para más información por favor contactar:

• Safa Msehli, portavos de OIM em Ginebra, [email protected], +41794035526
• Yasmina Guerda, oficial de comunicaciones en temas de salud de OIM en Ginebra, [email protected], +41 79 363 17 99
• Andrej Mahecic, ACNUR, [email protected], +41796429709