Discurso de Gillian Triggs, Alta Comisionada Auxiliar para la Protección, en la septuagésima cuarta sesión del Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado

Estimado presidente, excelencias, damas y caballeros, colegas,

Este año, la Nota del Alto Comisionado sobre protección internacional se inspira en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se adoptó hace 75 años y que fue la primera en reconocer que toda persona tiene derecho a solicitar y disfrutar del asilo. Tres años más tarde, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 concretó la fuerza jurídica de este derecho, pues estableció normas legales vinculantes en materia de protección y determinó que los gobiernos soberanos tienen la obligación fundamental de no devolver a ninguna persona a contextos de persecución.

La protección es la base de la labor que realiza ACNUR, sea aquí, en la sede o en el terreno. Protección es una palabra mayúscula. ¿A qué nos referimos con ella? Hablamos de apoyar a los Estados en la salvaguarda del acceso al asilo y la prohibición de la devolución; también hablamos de registro, documentación civil y asesoramiento legal, así como acceso a un trabajo digno, servicios sociales, educación y apoyo para la infancia. Hablamos, asimismo, de distribución de ayuda en efectivo, de apoyo psicosocial para sobrevivientes de violencia de género y de apoyo para personas en grave situación de vulnerabilidad, como las personas mayores o las personas con discapacidad.

La Nota del Alto Comisionado detalla prometedores avances en materia de protección, pues señala que son muchos los países que no solo han mantenido las fronteras abiertas para recibir a solicitantes de asilo, sino que generosamente ofrecen oportunidades de medios de vida e incluyen a las personas refugiadas en los servicios nacionales de salud y educación aunque hacerlo se traduzca, invariablemente, en nuevas responsabilidades para la sociedad.

La Nota también menciona que algunos Estados impiden que las personas solicitantes de asilo ingresen a sus territorios; de hecho, las rechazan en las fronteras marítimas o terrestres, lo cual las pone en riesgo de devolución, e incluso, depositan la responsabilidad en otros países, que suelen ser más pobres o tener menos recursos.

El Alto Comisionado describió la terrible situación en la que se encuentran millones de personas desplazadas, sea en sus propios países o en otros; también habló de la falta de financiación, que va en aumento, lo cual supone un obstáculo para brindar protección internacional sustantiva.

Me centraré en el futuro, en los esfuerzos de ACNUR por encontrar soluciones prácticas, trabajando con el sector privado y socios internacionales del área financiera y de desarrollo para impulsar la autosuficiencia; desarrollando un enfoque de “la ruta entera”; y empleando las estrategias a largo plazo que plantea el Pacto Mundial sobre los Refugiados.

Me permito arrancar citando las palabras del Secretario General de la ONU, en el discurso más reciente que emitió ante la Asamblea General.

“Cuando son comunes la demonización y la persecución de las minorías y de las personas refugiadas y migrantes; cuando se encarcela o, incluso, se ejecuta a las personas por declarar su identidad de género o por la persona a la que aman; cuando expresarse tiene consecuencias devastadoras, los derechos humanos – civiles, económicos, políticos, sociales y culturales – son la clave para resolver muchos de los problemas en el mundo, que, de hecho, se relacionan entre sí [...]”.

Muchas de las causas detrás del desplazamiento yacen en violaciones a los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal (es decir, el derecho a la vida, la igualdad, la libertad y la seguridad; el derecho a la protección contra la discriminación, la detención y los arrestos arbitrarios; el derecho a la educación, el empleo, la libertad de circulación y la nacionalidad).

En este espacio se ha hecho mención de los 110 millones de personas desplazadas en el mundo. Al respecto, es necesario evaluar las tendencias globales. Hoy en día, el desplazamiento se caracteriza por un gran número de personas desplazadas por guerras y conflictos prolongados; por la inestabilidad política que provoca golpes de estado; por la competencia ocasionada por la escasez de agua, alimento y otros recursos; y por los mortíferos estragos del cambio climático, hechos que se exacerban con la inflación, las desigualdades y los desastres ambientales (como terremotos, erupciones volcánicas y ciclones), todo lo cual causa más desplazamientos.

En complejas situaciones de desplazamiento interno, la Agencia de la ONU para los Refugiados se enfoca en garantizar el acceso a los servicios de protección, sobre todo en las áreas alejadas a las que no es fácil llegar; además, ACNUR lidera el Grupo Temático Mundial de Protección, que este año ha priorizado “el acceso que protege”.

Sin embargo, encontrar soluciones convencionales a largo plazo no es una tarea sencilla. Se ha mencionado cuán necesarios son los retornos voluntarios al país de origen. Es cierto que la mayoría de las personas refugiadas desean volver a casa, pero, dada la inseguridad – que no da tregua – y la falta de fondos, los retornos voluntarios no siempre son viables.

Con la pandemia de COVID-19 se reactivaron los cupos de reasentamiento, así que este año se propondrán 117.000 cupos para personas en grave situación de vulnerabilidad; así, la reanudación del programa es notable. En el mismo sentido, han aumentado las vías regulares, como las oportunidades educativas y laborales, el patrocinio comunitario y el acceso a la reunificación familiar. Por desgracia, si bien todas estas oportunidades son esenciales, son muy pocas las personas que pueden acceder a ellas. La desesperanza, por tanto, se apodera de millones.

La realidad para la mayoría de las personas desplazadas yace en la inclusión no discriminatoria en las comunidades de acogida, sea en países propios o ajenos. Como ya se dijo, la consecuencia es que al menos un 75% de la responsabilidad que supone dar acogida a los refugiados yace en países de renta media o baja, sobre todo aquellos que están cerca de los conflictos. No es casualidad que muchos de estos países son también los más vulnerables a los estragos del cambio climático: la mayoría de las personas afganas refugiadas han sido acogidas por Irán y Pakistán; las somalíes, por Kenia, Etiopía, Djibouti, Uganda y Yemen; las sirias, por Türkiye, Jordania, Líbano y Egipto; y las rohingyas, por Bangladesh. Atender esta desigual distribución de responsabilidades es uno de los principales desafíos que enfrenta la comunidad internacional.

Es imperativo repensar la protección y las soluciones; ser audaces a la hora de estimular las iniciativas de múltiples partes interesadas; y dar rienda suelta a la creatividad al atraer fondos para abordar las causas subyacentes y potenciar la autosuficiencia.

Asimismo, es necesario escuchar las inquietudes de los gobiernos y de las comunidades de acogida, pues son ellos quienes reciben a las personas refugiadas y hacen frente al desplazamiento interno.

Por otra parte, es importante reconocer que, como ha aumentado el desplazamiento forzado, se ha propagado la creencia de que el sistema de asilo “no funciona” ni es capaz de brindar la protección que se requiere y, por tanto, se piensa que es necesaria una reforma.

La postura de ACNUR al respecto es clara. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados ha estado vigente durante 72 años, y, si bien ha salvado millones de vidas desde entonces, nunca había sido tan trascendental ni tan efectiva como lo es hoy.

ACNUR reconoce, no obstante, que existen preocupaciones válidas y comprensibles con respecto al sistema de asilo:

• los procedimientos legales para la determinación de la condición de refugiado suelen ser lentos y agobiantes, y los procesos de impugnación son muy prolongados, lo cual ocasiona rezagos significativos;
• las personas refugiadas pasan años sin poder ejercer el derecho al trabajo, sino que dependen de la asistencia social y de la ayuda humanitaria, por lo que no pueden emplear sus habilidades para contribuir a las comunidades de acogida;
• muchos son movimientos mixtos (de refugiados y migrantes), lo cual subraya la necesidad de determinar con rapidez si necesitan o no protección internacional; y
• el retorno a los países de origen es casi imposible para quienes no requieren protección internacional, pues no existen acuerdos con estos Estados ni recursos que faciliten la reintegración.

Ante estos desafíos, algunos gobiernos han adoptado medidas disuasivas extremas, negando el ingreso al territorio, deportando a las personas en las fronteras o rehusándose a rescatar a aquellas que están en peligro en el mar (incluso negándose a autorizar el embarco de las personas que han sido rescatadas). Otros países han aprobado leyes que exigen la detención de quienes ingresen de manera irregular (aun tratándose de niñas o niños); han externalizado o transferido sus responsabilidades a otros países, lo cual contraviene el derecho internacional; y han llevado a cabo retornos forzados a terceros países sin salvaguarda ninguna, lo cual aumenta el riesgo de devolución.

El esquema internacional de protección de las personas refugiadas está bajo amenaza.

No obstante, debo recalcar que el desafío más marcado no está en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados en sí misma, sino en la incapacidad de algunos Estados de aplicarla y de adaptar sus propios sistemas de asilo a una nueva realidad. En efecto, son pocos los gobiernos que han legislado para detener el acceso a sus sistemas de asilo, pero aquellos que sí lo han hecho eliminan una de las soluciones más efectivas, es decir, un procedimiento justo y veloz para determinar la condición de refugiado, así como el retorno, en condiciones seguras, de las personas que no requieren protección internacional.

Reconociendo que ya no es viable seguir transitando por el mismo camino, ACNUR tiene todo preparado para apoyar a los Estados en la modernización de sus sistemas; asimismo, los invita a compartir su experiencia y conocimientos asumiendo el compromiso, en el Foro Mundial sobre los Refugiados, de apoyar a otros Estados en el fortalecimiento de sus capacidades por conducto del Grupo de Apoyo a la Capacidad de Asilo.

Sea como sea, en los últimos 72 años, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados ha demostrado su flexibilidad y capacidad de adaptación a los riesgos de protección actuales. En respuesta a la pandemia de COVID-19, muchos gobiernos idearon maneras creativas de proteger la salud pública y, al mismo tiempo, garantizar el acceso al asilo usando las tecnologías digitales; además, ha habido tribunales y países que han brindado protección a mujeres y niñas (algunas de ellas, víctimas de mutilación genital femenina), y a víctimas de violencia e intimidación de las pandillas criminales.

Un nuevo desafío para la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados – y para toda la comunidad internacional – surge cuando las personas cruzan las fronteras para huir de los estragos del cambio climático. El derecho internacional de los refugiados está evolucionando en respuesta a las crisis ambientales. Si el cambio climático provoca conflictos y desplazamientos, el derecho de los refugiados se aplicará con frecuencia. En Somalia y el norte de Camerún, por ejemplo, las sequías y la disminución de los recursos hídricos han causado violencia intercomunitaria y han forzado a las personas a huir a países vecinos, como Chad y Etiopía.

No todas las personas desplazadas por el cambio climático serán refugiados (de hecho, la mayoría de las personas afectadas por sequías, inundaciones o incendios permanecerán en sus propios países), pero sí deben respetarse sus derechos humanos. En respuesta a los estragos del cambio climático, ACNUR aboga por la inclusión de las personas refugiadas en los planes de acción climática y por el robustecimiento de la financiación para los países de acogida.

Este es el contexto, altamente volátil, en el que ACNUR se esfuerza por brindar protección.

¿Qué soluciones prácticas y sostenibles hay?

La estrategia global – de hecho, la estrella guía de ACNUR – se detalla en el Pacto Mundial sobre los Refugiados, que se adoptó en 2018 y cuenta con el respaldo de 181 Estados en la Asamblea General.

Escuchar que los miembros del Comité Ejecutivo y la sociedad civil han apoyado al Pacto enormemente ha sido reconfortante. La respuesta que ofrece el Pacto, además de ser revolucionaria y audaz, parte de dos ideas: por un lado, compartir las responsabilidades de manera equitativa y, por otro, involucrar a la sociedad entera en el reparto de esas responsabilidades. Así, la participación no será solo de gobiernos soberanos, sino también de las comunidades locales, grupos confesionales, organizaciones no gubernamentales, organizaciones dirigidas por personas refugiadas, ciudades, alcaldías y gobiernos locales, grupos deportivos, universidades y comunidades académicas, parlamentos, sector privado y bancos para el desarrollo.

Han sido muchas las iniciativas adoptadas en congruencia con el Pacto.

Alianzas para inversiones y desarrollo

Una de las alianzas más efectivas en los últimos años, que además ha sido catalítica y no transaccional, es aquella con los bancos para el desarrollo y otras instituciones financieras internacionales.

Como decía el Alto Comisionado, la ayuda al desarrollo de más de USD 11.000 millones, que fue proporcionada entre 2020 y 2021 por donantes bilaterales y bancos multilaterales, ha facilitado la inclusión de las personas refugiadas en los sistemas sociales nacionales.

• Ejemplo de ello es la ejemplar alianza con el Banco Mundial y con la Ventana de la Asociación Internacional de Desarrollo para las Comunidades de Acogida y los Refugiados, con la cual se han invertido USD 3.200 millones en dieciséis países de acogida de renta baja. Por conducto de sus oficinas de país y de la División de Protección Internacional, ACNUR evalúa las leyes y las políticas públicas en materia de refugiados y derechos humanos, lo cual facilita la liberación de fondos. Por su parte, el Banco Mundial aumentó el presupuesto para los próximos tres años, de USD 2.400 millones, para diecisiete países de renta baja que son elegibles; esto garantiza el acceso de las familias refugiadas a alimentos, vivienda y educación.
• Otro ejemplo es el Programa de Oportunidades Económicas en Etiopía, que ofrece oportunidades de este tipo a nacionales etíopes y personas refugiadas; para lograrlo, impulsa reformas en materia de refugiados, les garantiza el derecho al trabajo y a poseer bienes, amplía la protección del asilo, garantiza la libertad de circulación y el acceso a la documentación que tanto necesitan las personas refugiadas, así como el acceso a la educación, la salud y otros servicios.
• Por otra parte, hemos escuchado hablar sobre el Plan de Shirika, en Kenia, que será el tema de un evento paralelo y que constituye un emocionante ejemplo de inversiones realizadas por el sector privado y actores para el desarrollo para apoyar al gobierno en la transición de campamentos a asentamientos con oportunidades económicas para la población refugiada y la comunidad de acogida. Esta es una buena práctica para todo el mundo, es decir, un modelo que podría funcionar a largo plazo en los campamentos y en las iniciativas de los refugiados en otros países.

Otra iniciativa que fue desarrollada en congruencia con el Pacto Mundial es el enfoque de “la ruta entera” con respecto a los movimientos mixtos o sucesivos (el Alto Comisionado se refirió a este enfoque como “panorámico”).

No es fácil confirmar las cifras exactas, pero se sabe que, hasta ahora, más de 2.517 personas han muerto o desaparecido tan solo este año en el Mediterráneo central. Es probable que las cifras sean mucho más altas en otras partes del mundo. Hemos visto imágenes de botes sobrecargados e inseguros que llegan a Lampedusa de Túnez o de Libia; también hemos visto los reportes sobre la pérdida de cientos de vidas cerca de la costa de Pilos, en Grecia. La respuesta de los Estados a estos movimientos mixtos se ha centrado en soluciones disuasorias unilaterales y en algunos acuerdos bilaterales.

Sin embargo, no bastan estos limitados enfoques, sino que se requiere una estrategia integral que abarque todas las rutas transitadas, desde el país de origen, pasando por los países de tránsito, hasta los países de destino. Sin importar que quienes emprenden peligrosas travesías sean personas refugiadas que huyen de un conflicto o personas migrantes que buscan oportunidades para llevar una vida mejor, con frecuencia, las necesidades de protección son similares y es imperativa la defensa de sus derechos. En las rutas que recorren no hay alimento, atención médica ni documentación; además, necesitan contar con información precisa sobre las vías regulares.

Estas personas son vulnerables a detenciones, arrestos arbitrarios, trata y explotación sexual. En respuesta, ACNUR está colaborando estrechamente con la Organización Internacional para las Migraciones en el desarrollo de un enfoque que, con una perspectiva de “la sociedad entera”, ofrezca protección y soluciones en puntos críticos a lo largo de las rutas que recorren los movimientos mixtos; para ello, se trabaja también con las comunidades locales, las alcaldías y las ciudades, los grupos confesionales, el sector privado y otras agencias de la ONU y organizaciones no gubernamentales.

Un enfoque de “la ruta entera” hacia la protección:

• impulsará una evaluación veloz y justa de las necesidades de protección internacional;
• explorará opciones regulares y seguras en terceros países (por ejemplo, movilidad laboral, educación y becas, reunificación familiar o programas de patrocinio comunitario); y
• garantizará beneficios y apoyo para las comunidades locales combinando inversiones y desarrollo con la ayuda humanitaria.

No existen soluciones simples para los desafíos que suponen los movimientos mixtos; sin embargo, el enfoque de “la ruta entera” está llamando la atención de las clases políticas, sociedad civil, asesores en materia de política pública y medios de comunicación.

Algunas iniciativas están probando el concepto; entre ellas, la reciente creación, en congruencia con la Declaración de Los Ángeles, de las Oficinas de Movilidad Segura en Colombia, Costa Rica y Guatemala. Por conducto de estas oficinas, ACNUR y OIM están remitiendo a las personas a vías regulares (como la reunificación familiar, las visas de trabajo o los permisos humanitarios) o al Programa de Admisión de Refugiados de EE. UU. Al respecto, me complace comentar que Canadá y España se han sumado a esta iniciativa de Estados Unidos.

Durante mi visita a Guatemala, pude ver que el apoyo práctico también está disponible por medio de la iniciativa del “bus azul”, que permite que sobrevivientes de violencia de género en zonas rurales denuncien lo vivido, y brinda apoyo a lo largo de las rutas que recorren las personas refugiadas y migrantes.

De manera similar, si bien hablamos de una situación de refugiados y no de movimientos mixtos, los treinta y seis Puntos Azules que UNICEF instaló en Europa para responder a la guerra en Ucrania han prestado servicios y realizado remisiones seguras en cruces fronterizos, estaciones de tren, ciudades y comunidades locales. Los puntos azules pueden verse en diversos sitios, y los servicios que prestan incluyen apoyo psicosocial, información sobre oportunidades laborales, protección de la infancia, alojamiento seguro y registro para recibir servicios sociales.

Un elemento esencial del enfoque de “la ruta entera” consiste en fortalecer los sistemas nacionales de asilo. Por ejemplo, el Buró Regional de ACNUR para África central y occidental ofreció orientación con respecto a los procedimientos diferenciados en el centro del Sahel y en los países costeros en África Occidental; asimismo, ha colaborado con las autoridades de asilo nacionales para responder a la crisis que se está desarrollando en la región.

ACNUR considera que el enfoque de “la ruta entera” ofrece una alternativa práctica frente a la disuasión que, además de ser infructífera, atenta contra las personas refugiadas. Aun así, debe imperar la claridad: el involucramiento coordinado de toda la sociedad en la protección a lo largo de las rutas implica y depende del derecho a solicitar asilo en las fronteras. Por tanto, los gobiernos no deberían seleccionar los elementos a conveniencia.

Foro Mundial sobre los Refugiados

Con estos senderos – aparentemente positivos – para encontrar soluciones, quisiera volver al Pacto Mundial sobre los Refugiados y al Foro Mundial sobre los Refugiados, que es un mecanismo clave para la implementación del primero.

Falta muy poco para el segundo Foro Mundial sobre los Refugiados, que tendrá lugar en diciembre. Cuatro años después del primer Foro, que se llevó a cabo en 2019, en este evento evaluaremos la implementación del Pacto Mundial sobre los Refugiados. Sin duda recuerdan los más de 1.400 compromisos que se asumieron en 2019, incluidos los compromisos financieros y aquellos que consisten en fortalecer los sistemas de asilo, acabar con la apatridia e incluir a las personas refugiadas en la educación, la atención médica y los medios de vida.

Hemos aprendido mucho en los últimos cuatro años. En ese sentido, si bien los compromisos han sido una muestra esencial de buena fe y buena voluntad, es necesario ejecutarlos. Con frecuencia, la voluntad está ahí, pero la financiación no lo está.

Uno de los elementos centrales del Pacto Mundial sobre los Refugiados es que se acordó medir su impacto con datos duros.

El 17 de noviembre se publicará el próximo Informe de indicadores. Sin revelar demasiado, me permito comentar que el informe muestra que, a pesar del daño ocasionado por la COVID-19, la guerra en Ucrania, los conflictos civiles, la inestabilidad política, la inseguridad alimentaria y los desastres naturales, el reparto de responsabilidades inherentes en la acogida de las personas refugiadas ha permitido que haya avances en áreas que son clave; sin embargo, es necesario hacer mucho más para encontrar soluciones y lograr que el reparto de responsabilidades sea verdaderamente equitativo. Es imposible cumplir todos los objetivos del Pacto Mundial sobre los Refugiados en apenas cuatro años; no obstante, vamos por buen camino, y podemos mantener el impulso si contamos con su inquebrantable apoyo y si múltiples partes interesadas asumen compromisos en el próximo Foro Mundial sobre los Refugiados.

Tratándose de buenas prácticas, Chad es un modelo, pues, aun siendo uno de los países menos desarrollados en el mundo (de hecho, alrededor de la mitad de su población vive por debajo de la línea de pobreza), ha dado acogida a más de un millón de personas desplazadas por la fuerza, incluidas aquellas que llegaron recientemente a raíz del conflicto en Sudán. Chad ha cumplido con los compromisos que adquirió en cuanto a la inclusión de las personas refugiadas, tan es así, que les ha otorgado libertad de circulación y acceso a los sistemas nacionales de educación, salud y justicia. Cabe destacar que más de 200.000 refugiados han recibido tierras de cultivo, que les permitirán vivir en condiciones dignas y alcanzar la autosuficiencia.

Plataformas de apoyo

Los avances que se han logrado con el Pacto Mundial sobre los Refugiados han sido impulsados por las plataformas de apoyo, que ofrecen un espacio en el que convergen actores clave para coordinar la protección y las soluciones.

Hace unos meses, en nuestra misión a Afganistán, pude ver el impacto de la Plataforma de Apoyo a los Refugiados Afganos, que no solo ha permitido construir centros comunitarios, escuelas, clínicas y casas, sino que también ha fomentado la resiliencia de las mujeres y las niñas a pesar de su exclusión de los entornos laborales, educativos y públicos.

De manera similar, nos emociona la labor realizada por conducto de la Plataforma de Apoyo al MIRPS, pues ha impulsado la capacidad técnica a nivel local, mientras que la Plataforma de Apoyo a la Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo ha estado buscando apoyo para los compromisos en materia de adaptación ambiental y soluciones duraderas.

Participación significativa de las personas refugiadas

El Pacto Mundial sobre los Refugiados reconoce que la protección internacional es sumamente efectiva cuando las personas refugiadas participan significativamente en las políticas, las decisiones y los programas que tienen un impacto en sus vidas. Son agentes de cambio, así que merecen ser escuchadas y tomadas en cuenta. En alguna ocasión, una personas refugiada me dijo que desean involucrarse “del cero al cien por ciento”. Se trata de un imperativo moral y de una acción inteligente. Al respecto, doy las gracias a Alemania, Canadá y Estados Unidos por garantizar que las personas refugiadas tengan representación en sus delegaciones.

ACNUR ha redoblado esfuerzos para garantizar que las personas refugiadas participen en el Foro Mundial sobre los Refugiados; de hecho, se espera que 300 de ellas asistan (incluidos 70 expertos seleccionados y algunos niños). En vista de que la participación de las personas refugiadas ha crecido considerablemente, se espera que el evento en diciembre sea novedoso, dinámico y creativo; y, sobre todo, que se alimente de las experiencias de las propias personas refugiadas y solicitantes de asilo.

En el transcurso de estos tres días, la inclusión en los servicios sociales nacionales se ha mencionado reiteradamente. En ACNUR he tenido el honor de actuar como defensora de la inclusión de la discapacidad en el marco de la política de edad, género y diversidad.

De hecho, este año tuve la suerte de representar al ACNUR en los Juegos Mundiales de las Olimpiadas Especiales, en Berlín, para personas con discapacidad intelectual, lo cual constituye un poderoso ejemplo de un punto que se ha planteado: el poder transformador del deporte para garantizar la inclusión de todas las personas (quizás, en los Juegos Olímpicos del futuro, pero indudablemente en las actividades deportivas locales, incluso en beneficio de las personas con discapacidad que han sido desplazadas por la fuerza).

Con frecuencia se me pregunta qué espera ACNUR del Foro Mundial sobre los Refugiados.

¿Cómo se ve el éxito? En concreto, ACNUR espera:

• mostrar resultados medibles en materia de protección y soluciones;
• ir más allá de la convencionalidad proponiendo iniciativas nuevas, innovadoras e ingeniosas; y
• ampliar las ambiciones con grandes compromisos de múltiples partes interesadas que tengan un potencial verdaderamente transformador.

El éxito también implica que las esferas políticas del mundo se comprometan a aprovechar, en los próximos cuatro años, los grandes compromisos adquiridos y, por tanto, traducir el Pacto Mundial sobre los Refugiados en resultados tangibles.

Acabar con la apatridia

Antes de concluir, quisiera reconocer los significativos avances que se han hecho para acabar con la apatridia desde que comenzó la campaña #IBelong. En estos últimos años se han observado mejoras genuinas. Esta semana, de hecho, muchas delegaciones compartieron las medidas que han tomado para acabar con la apatridia y otorgar una nacionalidad a las personas apátridas en sus países. ACNUR aplaude que la República del Congo haya ratificado las convenciones sobre apatridia; asimismo, felicita a Kenia y a Turkmenistán por las reformas realizadas, y celebra los compromisos adquiridos por Príncipe y São Tomé.

La nueva Alianza Mundial tomará el relevo de la campaña #IBelong a finales del próximo año. Además, para ampliar las alianzas y acabar con la apatridia, ACNUR lanzará un programa para buscar soluciones [Solution Seeker] en el Foro Mundial sobre los Refugiados.

Acabar con la apatridia es una meta alcanzable.

Esperanza lejos del hogar

Con estas propuestas en mente, ACNUR lanzó una campaña global (titulada Esperanza lejos del hogar), que solicita que haya más muestras de solidaridad y que se fortalezcan los compromisos para garantizar el derecho a solicitar asilo.

El Pacto Mundial sobre los Refugiados ofrece un poderoso antídoto a la politización de los movimientos de refugiados; también ofrece los medios para abordar las necesidades de protección internacional.

Los Estados miembro, las personas refugiadas, las instituciones financieras internacionales, los actores del desarrollo, la comunidad académica, el sector privado y la sociedad civil deben trabajar en conjunto para defender a las personas desplazadas por la fuerza, así como contrarrestar la retórica que las ataca.

Concluyo mi intervención dando las gracias a la sociedad civil y a los Estados que integran el Comité Ejecutivo, por el incansable apoyo que han mostrado con respecto al principio de reparto de responsabilidades.

Esta es la quinta ocasión en que participo en una sesión del Comité Ejecutivo; también es la última, pues dejaré de ocupar el cargo después del Foro. Al respecto, agradezco al Alto Comisionado por sus generosas palabras y me permito decir que ha sido un verdadero privilegio trabajar en el área de protección junto a un maravilloso equipo en la sede, con Kelly como Comisionada Adjunta y con Raouf como Alto Comisionado Auxiliar para las Operaciones. Me sumo a los elogios a todo el personal de ACNUR, pues es extraordinaria la labor que realizan, sea en la sede o en el terreno. Espero seguir trabajando con ustedes en las semanas de preparación que quedan previo al Foro Mundial sobre los Refugiados, el cual tendrá lugar en diciembre.

Muchas gracias.