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Escasez de alimentos y recortes en la ayuda humanitaria ponen a más mujeres desplazadas en riesgo de sufrir violencia de género

Historias

Escasez de alimentos y recortes en la ayuda humanitaria ponen a más mujeres desplazadas en riesgo de sufrir violencia de género

En todo el mundo, las mujeres y las niñas desplazadas por la fuerza están sufriendo las consecuencias de las crisis económicas, el aumento de los precios y la falta de financiación para las respuestas humanitarias.
25 November 2022
Personas desplazadas internas de Burkina Faso reciben capacitación por parte de albañiles locales para construir casas respetuosas con el clima utilizando materiales locales en Kaya, Burkina Faso.

Roda Jock*, una mujer refugiada sursudanesa de 28 años quien huyó a la región etíope de Gambella en 2018, no se habría aventurado sola en el bosque si hubiera habido suficiente comida en casa para ella y su familia. Pero la escasez de fondos ha hecho que la asistencia alimentaria mensual para más de 750.000 refugiados en Etiopía se haya reducido en un 50% desde junio.

“En el campamento, la comida no es suficiente, así que la única opción para algunas mujeres es ir al bosque a recoger leña para venderla”, explicó Roda.

La leña es también a menudo la única fuente de combustible de que disponen las personas refugiadas para cocinar sus raciones de comida.

“Como mujeres, nos enfrentamos a muchos riesgos al ir al bosque. Hay que caminar al menos cuatro horas para llegar a un lugar muy lejano donde poder recoger leña para llevar a casa”.

Aquel día, en su largo camino hacia el bosque, Roda fue seguida por un hombre que la emboscó y la tiró al suelo. Ella consiguió zafarse de sus garras, pero él la persiguió hasta que se encontró con un grupo de hombres que la acompañaron de vuelta al campamento.

Aunque escapó de su agresor, aún se siente traumatizada por el incidente, que la dejó sintiéndose indefensa.

“Si hubiera comida en casa, las mujeres no tendrían que afrontar todos estos riesgos”.

“No se trata de un hecho aislado”, añadió. “Muchas mujeres se han encontrado en este tipo de situaciones muchas veces”.

En su rol de trabajadora comunitaria que apoya a las sobrevivientes de violencia de género para International Medical Corps (IMC), una de las organizaciones socias de la Agencia de la ONU para los Refugiados en Etiopía, Roda ha conocido a mujeres que no consiguieron escapar de sus atacantes. Algunas fueron violadas mientras recogían leña, otras mientras caminaban hacia y desde las granjas en busca de trabajo.

“Se debe a la escasez de alimentos”, dijo. “Si hubiera comida en casa, las mujeres no tendrían que [afrontar] todos estos riesgos”.

La asistencia alimentaria y de otro tipo para las personas refugiadas y desplazadas internas ha sufrido recortes en muchos países donde trabaja ACNUR, ya que la escasez de fondos ha obligado a las agencias humanitarias a reducir sus operaciones. La incidencia conjunta de ACNUR y el Programa Mundial de Alimentos hará que la asistencia alimentaria para las personas refugiadas en Etiopía aumente en un 34% a partir del próximo mes, pero sin más fondos, las personas refugiadas en otros países podrían sufrir más reducciones en la asistencia en los próximos meses y en el próximo año, ya que los efectos de la guerra en Ucrania interrumpen las cadenas de suministro, inflan los precios de los alimentos y el combustible, y aumentan los costos de la prestación de asistencia humanitaria.

Las repercusiones de estas reducciones las sufren las personas desplazadas por la fuerza de todo el mundo, pero las mujeres y las niñas suelen ser las primeras en padecerlas. La inseguridad alimentaria ya era mayor entre las mujeres que entre los hombres. Esa disparidad de género aumentó en 2020 durante la pandemia de COVID-19 y se amplió aún más en 2021, según el informe mundial anual sobre seguridad alimentaria y la nutrición de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. En muchos de los países que acogen a las personas refugiadas, las economías no tuvieron oportunidad de recuperarse antes de que la guerra en Ucrania provocara una mayor inflación y un aumento de los precios de los alimentos.

Los cierres y la recesión económica también han hecho aumentar la incidencia de la violencia de género, especialmente entre las personas desplazadas.

Las mujeres tienden a priorizar las necesidades de sus hijos y otros miembros de la familia sobre las suyas y pueden ponerse en peligro cuando intentan encontrar trabajo o ingresos. La escasez de alimentos también puede aumentar las tensiones en el hogar, lo que provoca mayores índices de violencia de pareja. Las mujeres desplazadas por la fuerza, que tienen un acceso limitado a las redes de seguridad social, a la información y al trabajo, tienen más probabilidades de verse atrapadas en relaciones con parejas abusivas.

“Yo diría que el 80% de las mujeres con las que trabajamos son sobrevivientes de algún tipo de violencia de género... El hecho de cambiar de país lo empeora, porque hace a las mujeres mucho más vulnerables y dependientes”, dijo Gloria Padilla, una colombiana de 47 años, madre de dos hijos, que se trasladó a Venezuela en 2003 para escapar de una relación abusiva, pero que regresó a su país en 2017. Ahora dirige una organización de base llamada Fundación Un Nuevo Ser que apoya a las mujeres venezolanas refugiadas y migrantes, así como a las colombianas retornadas, en varias ciudades del noroeste de Colombia.

Gloria Inés Padilla Benítez, directora de la Fundación Un Nuevo Ser, camina con personas refugiadas y migrantes en el asentamiento Villa Caracas, en Barranquilla, Colombia.

Padilla explicó que muchas de las mujeres con las que trabaja sienten que no tienen otra opción que permanecer en relaciones abusivas porque temen no poder poner comida en la mesa o pagar el alquiler si se van. Añadió que el aumento de la inflación agrava el problema. “Si la mayoría de las mujeres con las que trabajamos ya ganaban sueldos inferiores, o apenas llegaban a fin de mes vendiendo café u otros productos en la calle, el aumento de los precios no ha hecho más que dificultar su sobrevivencia, lo que, por supuesto, hace mucho más difícil que se liberen de las relaciones abusivas”.

El tipo de trabajo informal que las mujeres venezolanas refugiadas y migrantes pueden conseguir en Colombia (muchas de las cuales son indocumentadas) también aumenta su riesgo de sufrir violencia de género.

“Algunas mujeres se encuentran en circunstancias tan difíciles que entrar en una relación abusiva o recurrir al trabajo sexual parece la única salida posible para ellas”, dijo Gloria, añadiendo que su organización trata de intervenir y proporcionar apoyo para que las mujeres no se vean obligadas a tomar decisiones perjudiciales.

“Nuestro dinero alcanza cada vez para menos”.

“En la Fundación Un Nuevo Ser juntamos fuerzas para poder ayudar. Ninguna de nosotras tiene mucho, pero si todas ponemos sólo un poco, a veces podemos recaudar suficiente dinero para ayudar a alguien a salir de una situación muy difícil”, expresó, reconociendo que la inflación ha afectado la capacidad del grupo de brindar asistencia. “Nuestro dinero alcanza cada vez para menos, así que es muy difícil”.

Aunque la necesidad de programas para hacer frente a la violencia de género que afecta a las personas desplazadas por la fuerza nunca ha sido mayor, la financiación no sigue el ritmo. ACNUR estima que las necesidades presupuestarias para sus programas de prevención y respuesta a la violencia de género serán de 330 millones de dólares en 2023, la cifra más alta de la historia.

En Sudán, otro país en el que la asistencia alimentaria a las personas refugiadas se ha reducido en un 50% en los últimos meses, la falta de financiación está teniendo un gran impacto en los programas de violencia de género, según Alisona Rajbanshi, oficial de protección de ACNUR que trabaja en Jartum.

“Es difícil dar una cobertura geográfica completa a la prevención y respuesta a la violencia de género”, dijo. “Los servicios de apoyo psicosocial para las sobrevivientes se están viendo afectados en algunas localidades. Faltan casas seguras para las sobrevivientes”.

En el campamento de refugiados de Um Rakuba, en el este de Sudán, abierto a finales de 2020 para acoger a las personas refugiadas de Etiopía que huyen del conflicto de Tigray, la falta de financiación adecuada para los servicios de apoyo a las mujeres sobrevivientes de violencia de género tiene consecuencias para las mujeres que necesitan protección.

Gloria Inés Padilla Benítez, directora de la Fundación Un Nuevo Ser, camina con personas refugiadas y migrantes en el asentamiento Villa Caracas, en Barranquilla, Colombia.

“Todos los días observamos violencia física de pareja por el dinero, por la situación, por la vida”, dijo Bisrat Kifle, una ex profesora de inglés de 26 años de Tigray que trabaja como voluntaria en un centro para mujeres en el campamento, gestionado por la organización socia de ACNUR, Alight.

“Lo primero que piden la mayoría de las sobrevivientes de violencia de género es un refugio de emergencia”, dijo. “Cuando sufren violencia por parte de un agresor... tienen miedo de quedarse en ese espacio. Necesitan un lugar seguro”.

“Si recibieran la ración completa, todo sería mejor”.

Además de organizar sesiones de concienciación y remitir a las mujeres a una de las agencias humanitarias en el terreno que trabajan con sobrevivientes, Bisrat y sus compañeras voluntarias escuchan las preocupaciones de las mujeres, ofreciéndoles apoyo y un hombro para llorar.

“Las escuchamos con atención, con respeto”, dice Bisrat. “Si quieren llorar, las dejamos llorar. No podemos prometer nada porque si se lo prometemos, les haremos daño si no se cumple”.

“Si recibieran la ración completa, todo sería mejor”, observó. “Es difícil estar bien si estás lejos de tu país, de tu casa. Es difícil decir que todo irá bien, cuando podría ser mejor que esto”.

 

*Nombre cambiado por razones de protección.

Información adicional de Jenny Barchfield en Colombia, Kelly Koo en Etiopía, y Althea Gonzales y Mary Burton Kwanjana en Sudán.