Escuelas en Colombia se convierten en espacios de integración para jóvenes refugiados y desplazados
Escuelas en Colombia se convierten en espacios de integración para jóvenes refugiados y desplazados
Chelsea, Adriana, Bryan y Mariangelis en el colegio de Tierra Bomba representan la diversidad y la inclusión, al pertenecer tanto a la comunidad de acogida, como a la desplazada.
Alfonso es originario de San Basilio de Palenque, una comunidad afrocolombiana en el departamento de Bolívar, norte de Colombia. Él relata que, cuando sus padres se vieron obligados a desplazarse, fueron recibidos por una comunidad que los acogió, pero también por una ola de racismo y discriminación por ser afrodescendientes. Como estudiante, experimentó lo mismo en el aula de clases. Su experiencia le permite comprender los retos que pueden enfrentar las personas jóvenes refugiadas y desplazadas en las instituciones educativas.
Hoy, con más de 30 años de experiencia como docente, Alfonso es el rector de la Institución Etnoeducativa e Inclusiva Antonia Santos en Cartagena, y defensor de la inclusión de las personas refugiadas y desplazadas en el sistema educativo en Colombia. Es responsable de cuatro sedes escolares que cubren desde educación prescolar hasta educación básica primaria y secundaria (con más de 2.300 estudiantes, de los cuales al menos un 30 por ciento son desplazados).
El profesor Alfonso Cassiani ha abogado activamente por la inclusión de los estudiantes refugiados, migrantes y retornados en la ciudad de Cartagena.
“Todos los niños, las niñas y jóvenes estudiantes tienen derechos que les son inherentes”, subraya el profesor Alfonso sobre la importancia del acceso y permanencia en el sistema educativo.
El maestro Alfonso cuenta que, en 2019, ante la llegada al país de personas refugiadas y migrantes venezolanas, así como de personas colombianas que retornaban de Venezuela, muchas familias empezaron a tocar las puertas de las escuelas. Uno de los grandes retos era darles acceso a todos estos niños, niñas, adolescentes y jóvenes desplazados, y que nadie se quedara en casa porque no estaban regularizados en el país.
“Se trata simple y llanamente de reconocer a un ser humano que tiene una necesidad, pero que también tiene un derecho. Entonces no es un favor”, comenta el profesor Alfonso.
Desde 2019, se creó el proyecto de Pedagogía y Protección para la Niñez Refugiada y Migrante con Enfoque Mixto (PPN), para crear entornos inclusivos, así como mejorar y asegurar el acceso, la permanencia y la continuidad en la educación de niñas, niños y adolescentes refugiados, migrantes y retornados. ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, junto con su socio Opción Legal, han liderado este proyecto, que permite concienciar a las escuelas sobre movimientos mixtos de personas y educación inclusiva.
Este proyecto se ha llevado a cabo a través de la implementación de programas especializados diseñados para este contexto particular, al mismo tiempo que se brinda apoyo técnico al personal de las instituciones educativas. Como resultado, se ha logrado que el personal adapte sus planes de enseñanza y cultive competencias fundamentales de inclusión e interculturalidad dentro del entorno educativo. Este enfoque ha tenido un impacto positivo en los procesos de enseñanza, contribuyendo así a garantizar el acceso a una educación de alta calidad y promoviendo la retención escolar.
“Todos tienen derechos”.
La maestra Astrid ha estado muy implicada en facilitar la integración de estudiantes refugiados, migrantes y retornados. Se ha centrado en fomentar la resiliencia y defender su derecho a la educación.
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"El proyecto nos ha ayudado a enseñarles al estudiantado que respeten el valor de la interculturalidad y a fortalecer esas relaciones interpersonales, también a minimizar esas barreras sociales y culturales, existentes en el aula de clases".
Soluciones para el acceso a la educación y la inclusión
Una de las escuelas beneficiarias del proyecto fue la Institución Educativa de Tierra Bomba, en Cartagena, ubicada en una isla de la costa caribeña de Colombia, con más de 1.000 estudiantes de primaria y secundaria (en su gran mayoría, afrocolombianos, retornados, desplazados internos por el conflicto armado, refugiados y migrantes de Venezuela).
Astrid, quien fue desplazada en su niñez y desde hace 18 años es maestra de inglés, atiende a más de 300 estudiantes en esta escuela. Ella participó de la implementación del proyecto, el cual describe como transformador para el sistema educativo, ya que ha permitido una mayor inclusión de estudiantes desplazados.
“El proyecto nos ha ayudado a enseñarles al estudiantado que respeten el valor de la interculturalidad y a fortalecer esas relaciones interpersonales, también a minimizar esas barreras sociales y culturales, existentes en el aula de clases”, asegura la maestra Astrid.
El profesorado ha estado acompañado de la “Ruta Pedagógica”, una guía compuesta por tres módulos sobre accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Esta guía – brindada por ACNUR – permite a las autoridades educativas identificar a las escuelas con más estudiantes refugiados, migrantes y retornados. Luego, los rectores y el personal educativo de cada escuela son responsables de evaluar las necesidades de la misma, y diseñar un plan de trabajo.
Mediante un plan de acciones temáticas establecen actividades para convivir mejor, crean programas académicos innovadores, realizan incidencia en política pública educativa, empoderan a la niñez refugiada y desplazada, y desarrollan actividades comunitarias.
“Resumo este proyecto en interacción social".
El personal educativo de la escuela Tierra Bomba relata que han hecho diversas actividades; por ejemplo, representaciones teatrales, siembra de árboles, limpieza de playas, y actividades lúdicas para generar interacción entre el alumnado, lo que ha contribuido a reducir las barreras sociales.
“Resumo este proyecto en interacción social. Se han logrado aulas de clases armoniosas. La xenofobia y la discriminación que antes prevalecían en el aula han disminuido significativamente, lo que ha facilitado a los docentes llevar a cabo nuestro proceso de enseñanza", concluye la maestra Astrid.
Mariangelis lleva con orgullo la bandera de Colombia con una estrella, símbolo que le concedió el colegio por su excelente rendimiento en biología y su disciplinado enfoque hacia el aprendizaje.
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“A mí me gustaría estudiar derechos humanos, para que cuando otros refugiados y migrantes vayan a otros países, tengan derecho a todo”.
Desarrollando el potencial de estudiantes desplazados
“A mí me gustaría estudiar derechos humanos, porque, cuando otros refugiados y migrantes van a otros países, los tratan mal y a veces no pueden ir al hospital porque no tienen un permiso, y no los tratan con valores. Y yo quiero estudiar eso, para que tengan derecho a todo, así estén en otro país”, comparte Mariangelis, estudiante de la Institución Educativa de Tierra Bomba.
Mariangelis es estudiante de octavo grado y originaria de Caracas, Venezuela. Ha vivido en Colombia durante los últimos cuatro años; tres de ellos, en Tierra Bomba. Junto con su madre y sus dos hermanos, salió de Venezuela haciendo un viaje difícil. Sin embargo, expresa su profunda gratitud por haber encontrado protección en la isla.
“Me ha ido bien, aquí (las personas) son ‘chéveres’. Hay unos que me tratan mal, y unos que me tratan bien y me apoyan en todo”, cuenta Mariangelis al reflexionar sobre su experiencia en Tierra Bomba. Mariangelis reconoce la amabilidad de la gente con la que se ha encontrado.
Desde 2019 hasta julio de 2023, el proyecto PPN ha logrado llegar a más de 11.000 personas integrantes de las comunidades educativas en Colombia.
El proyecto ha trabajado en nueve departamentos del país. Ha atendido a más de 13.000 estudiantes, a 8.000 familias y a más de 300 instituciones educativas. También, se ha podido capacitar a más de 8.000 personas de las instancias educativas que incluye docentes, orientadores, y personal directivo y administrativo. Además, se ha entablado una colaboración con más de 500 funcionarios locales de las Secretarías de Educación.
