"Estoy lista para que mi vida comience de nuevo"

Cuando Ana* se despertó, pensó que sería un día normal. Las pandillas estaban tan presentes en su ciudad, San Salvador, que el control que ejercían le parecía normal. Aquel día, Ana pensaba pasar la tarde en casa con su madre o tal vez salir con amigos. Pero de repente, dos jóvenes entraron a su casa: “Me golpearon una y otra vez hasta que me quedé inconsciente”, recordó.

Con apenas 17 años, Ana ni siquiera es mayor de edad, pero ya ha sufrido un trauma del que le cuesta recuperarse: “Me tocaron, me violaron. No podía sentir mi cuerpo por el dolor”.

Ana descubriría que lo que le pasó no fue un incidente aislado sino una represalia, orquestada por las pandillas que controlaban su vecindario. “Me dijeron que tenía que agradecerle a mi hermano por lo que me acaba de pasar”. Su hermano se había negado de participar en las actividades criminales de la pandilla, y, para vengarse, los pandilleros atacaron a Ana.

En una de las regiones más violentas del mundo, el mero hecho de ser joven hace que uno sea un blanco fácil para las pandillas.

"No podía sentir mi cuerpo por el dolor”.

La violencia, la violación, el abuso y la explotación sexual son algunas de las muchas formas de violencia sexual y de género que afectan la vida cotidiana en El Salvador y Honduras.

Según la Organización Salvadoreña de Mujeres para la Paz, se registraron alrededor de 4.300 denuncias de violencia sexual en El Salvador en 2018 - un aumento de 23 por ciento respecto al año anterior. Alrededor del 92 por ciento de las víctimas eran niñas. En el mismo año, 383 mujeres y niñas fueron asesinadas en el país centroamericano.

© ACNUR/Diana Díaz

Ana* y su hermano observan en el horizonte la Ciudad de Panamá, donde encontraron protección tras huir de la violencia de las pandillas en El Salvador.

Sin embargo, es probable que estas cifras no muestren la verdadera escala del problema. En El Salvador, víctimas y sus familiares suelen optar por no denunciar actos de violencia, con temor a represalias, particularmente en situaciones en las que los sobrevivientes no tienen más remedio que volver a sus hogares en comunidades controladas por pandillas.  

Si bien las mujeres y las niñas se ven afectadas de manera desproporcional por este tipo de violencia, los hombres y los niños no son inmunes.

En los últimos años, la inseguridad ha obligado a cientos de miles de personas a abandonar sus hogares en el Norte de Centroamérica, una región que también abarca a Guatemala y Honduras. Solo en El Salvador, se estima que unas 71.500 personas han sido desplazadas forzosas durante la última década. Según un estudio elaborado conjuntamente por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y ACNUR, otras 137.000 personas buscaron protección en otros países, incluyendo a refugiados y solicitantes de asilo.

"Ya no lloro ni temo que vengan a buscarme”.

Ana y su hermano de 16 años huyeron a Panamá, donde fueron reconocidos como refugiados y están reconstruyendo sus libres del miedo.

“Mi hermano me pidió que lo perdonara, y estamos tratando de dejar atrás nuestro pasado”, dijo. “Hoy le escribo a Dios porque, a pesar de todo, Dios ha estado a mi lado, en los buenos y en los malos momentos”.

Ana se matriculó en la escuela y cuenta con amigos que la apoyan. “Les conté a mis amigos lo que me había pasado. Ellos me ayudaron. Debido a su apoyo, ya no lloro ni temo que vengan a buscarme”.

Encontrando la seguridad en Panamá

Panamá, históricamente considerado un país de tránsito, ha visto un aumento repentino en el número de personas forzadas a huir de Venezuela y Nicaragua. Al mismo tiempo, solicitantes de asilo continúan a llegar desde Colombia, El Salvador y, en menor medida, Honduras.  

Ahora, Panamá es el hogar de alrededor de 10.000 refugiados y solicitantes de asilo que se esfuerzan por reconstruir sus vidas con seguridad y dignidad. El Gobierno panameño permite a los refugiados y solicitantes de asilo acceder a servicios públicos como salud y educación. Una vez reconocido su estatus de refugiados, las personas tienen acceso a formaciones profesionales y pueden solicitar un permiso de trabajo que les permita integrarse localmente.

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