La Alta Comisionada Auxiliar Gillian Triggs advierte que la COVID-19 pone seriamente a prueba la protección de los refugiados

Los estándares internacionales de protección de refugiados han sido puestos seriamente a prueba en 2020 como resultado de la pandemia de COVID-19, dijo hoy la directora de protección internacional del ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados.

En un discurso clave para la reunión anual del Comité Ejecutivo del ACNUR en Ginebra, la Alta Comisionada Auxiliar para la Protección, Gillian Triggs, dijo que las medidas promulgadas por los gobiernos en respuesta a la pandemia iban desde algunas de las más humanas hasta denegaciones generales de acceso al asilo y devoluciones al peligro.

“En el punto álgido de la pandemia, 168 países cerraron total o parcialmente sus fronteras y alrededor de 90 no hicieron ninguna excepción para las personas que buscan asilo, lo que limita seriamente el acceso a la protección internacional”, dijo Triggs.

Algunos también devolvieron a los solicitantes de asilo a su país de origen durante este período, arriesgándose a la devolución de muchos que necesitaban protección, mientras que otros recurrieron cada vez más al uso desproporcionado de la detención de inmigrantes.

“Particularmente impactante ha sido la denegación del desembarco de barcos que transportaban a solicitantes de asilo a la deriva en el Mediterráneo y el mar de Andaman, en contra de la tradición marítima de rescates de personas en peligro”, dijo Triggs.

Triggs también advirtió contra los esfuerzos de algunos países para "externalizar" sus procesos de asilo a terceros países.

“La externalización puede equivaler a almacenar a los solicitantes de asilo indefinidamente en lugares aislados, 'fuera de la vista y fuera de la mente', exponiéndolos al peligro y la devolución en cadena. La abdicación de la responsabilidad de esta manera representa una amenaza para el sistema mundial de asilo y debe ser cuestionada”.

Sin embargo, otros estados lograron garantizar el acceso a su territorio a refugiados que huían a un lugar seguro, a pesar de la pandemia.

“En la actualidad, 113 países han demostrado que hay formas de mantener sus sistemas de asilo”, dijo Triggs, y agregó que más de 100 países también han sido creativos al permitir las solicitudes de asilo mediante la adopción de tecnologías remotas en el procesamiento de las solicitudes.

“ACNUR ha sido claro: es posible protegerse contra la pandemia y garantizar el acceso a procesos de asilo justos y rápidos. Uno no excluye al otro. Si bien es alentador ver que tantos países encuentran espacio para los solicitantes de asilo a pesar de la COVID-19, instamos a que todos los estados sigan su ejemplo y también lo hagan”.

Además de los problemas de salud y protección, la pandemia también amenaza los derechos sociales y económicos de las personas desplazadas por la fuerza, y muchas de ellas eran vulnerables a los “caprichos de la economía informal”.

“Han sido de los primeros en sentir el impacto económico de los cierres. Muchos han perdido sus trabajos, han sido desalojados de sus hogares y sus hijos han estado fuera de la escuela durante muchos meses”, dijo Triggs.

De manera apremiante, los refugiados y los desplazados también han corrido un mayor riesgo de sufrir violencia de género durante la pandemia, y algunos se vieron obligados a recurrir al sexo por supervivencia o a los matrimonios infantiles.

"Los bloqueos y el aumento de las tensiones familiares han provocado picos de violencia de género en todo el mundo, y algunas oficinas del ACNUR han recibido diez veces más llamadas de protección que las habituales". En una respuesta oportuna a los impactantes picos mundiales de este fenómeno, Triggs informó al Comité Ejecutivo que el ACNUR emitirá en breve su primera política sobre la violencia de género.

Las oficinas del ACNUR también informaron de un aumento de los incidentes de discriminación, estigmatización o xenofobia contra refugiados y personas desplazadas, lo que exacerbó aún más las tensiones con las comunidades locales. Los niveles de desesperación entre los desplazados como resultado de la pandemia también llevaron a movimientos pendulares impredecibles, algunos de los cuales se marcharon y regresaron a sus países de origen.

Si bien la pandemia puso a prueba el compromiso global de proteger a los desplazados por la fuerza, Triggs dijo que la respuesta a la COVID-19 destacó la importancia de los valores de solidaridad e inclusión, consagrados en el Pacto Mundial sobre Refugiados, para enfrentar estos desafíos.

“El virus no distingue entre estatus legal o nacionalidad. El acceso a los servicios de salud no puede depender de las condiciones de ciudadanía o visa”, dijo Triggs. “Otra lección aprendida durante estos últimos meses es que sabemos que la pandemia nos afectará a todos. Ya no podemos excluir a las personas sobre la base de su estatus legal. El futuro debe ser de inclusión y responsabilidad compartida”, dijo Triggs.

“El Pacto Mundial sobre Refugiados nos ha proporcionado una visión y las estrategias para enfrentar estos desafíos”.

Acordado por 181 estados en 2018, el Pacto promueve el principio de solidaridad compartida en la responsabilidad de proteger a los refugiados y los desplazados por la fuerza. Los estados, la sociedad civil, las ONG, los refugiados, las empresas y otros hicieron más de 1.400 promesas en el Foro Mundial sobre Refugiados en diciembre del año pasado, para traducirlo en acción.

Con la COVID-19 impactando aún más el número ya escaso de lugares de reasentamiento de refugiados, y con las perspectivas de repatriación voluntaria limitadas, Triggs también instó a un mayor apoyo internacional para la inclusión social en los países de acogida de refugiados, incluidos los servicios sociales, los sistemas educativos y los mercados laborales.

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• En Ginebra, Shabia Mantoo: [email protected], +41 79 337 7650