Integración y regularización, claves al abordar la movilidad humana en las Américas

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CIUDAD DE PANAMÁ – Los esfuerzos de documentacion de las personas refugiadas y migrantes venezolanas en América Latina y el Caribe deben ser reforzados con el fin de garantizar su integración en los países de acogida y prevenir el incremento de movimientos irregulares en las Américas. Esta alerta la emitieron hoy la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que destacaron la importancia de los mecanismos de regularización de personas refugiadas y migrantes, como la mejor forma de incluirlas en los países de acogida. 

“La regularización y documentación de las personas refugiadas y migrantes sigue siendo la primera vía para la inclusión socioeconómica de la gran mayoría de ellas, para que puedan contribuir plenamente a los países y las comunidades que les han dado acogida”, recalcó Eduardo Stein, Representante Especial Conjunto de la OIM y de ACNUR para refugiados y migrantes de Venezuela.

De acuerdo con las estadísticas proporcionadas por los países de la región, miles de personas refugiadas y migrantes de Venezuela han iniciado su camino de integración en América Latina y el Caribe, impulsadas por el reconocimiento formal de su residencia o de su condición de refugiado. Estos hallazgos enfatizan la importancia de los mecanismos de documentación eficientes para hacer frente a los importantes desafíos que plantea la movilidad humana en las Américas.

Una encuesta reciente – que llevaron a cabo ACNUR y OIM, y en la que participaron personas venezolanas en Colombia – mostró que el 91% de ellas querían permanecer en el país, mientras que el 1% restante tenía la intención de trasladarse a otra nación. La mayor parte de las personas que mencionaron que querían salir también de Colombia era indocumentada, lo cual indica que es menos probable que quienes cuentan con documentos válidos opten por ir a otros países; lo que confirma que la documentación es un elemento clave para la estabilización de estas poblaciones.

La venezolana es la mayor población en situación de movilidad humana en las Américas; con alrededor de 6 millones viviendo en América Latina y el Caribe. Según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), se han concedido más de 4,3 millones de permisos de residencia o estancia regular.

Fortalecer la estabilidad de las comunidades de destino, origen, tránsito y retorno es uno de los pilares tanto de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección – un convenio regional que fue adoptado por 21 gobiernos en las Américas con el propósito de generar las condiciones adecuadas para la migración mediante el fortalecimiento de la protección y cooperación internacionales – como del Proceso de Quito, un grupo de trece países latinoamericanos que intercambian información y buenas prácticas para buscar soluciones coordinadas a la movilidad de personas de Venezuela en la región.

“Ayudar a las personas refugiadas y migrantes a que encuentren soluciones a largo plazo, accediendo a derechos fundamentales y servicios básicos, así como al mercado laboral formal y contribuyendo a impulsar las economías locales como medio para reconstruir sus vidas, es fundamental abordar este tipo de movimientos”, señaló Eduardo Stein. “La comunidad internacional debe aumentar su apoyo estos esfuerzos, y también ayudar a los países a garantizar que quienes han recibido un permiso o residencia puedan tener acceso efectivo a los derechos”.

Varios países han facilitado la documentación y buscan soluciones para regularizar y brindar protección a las personas refugiadas y migrantes a través de diferentes instrumentos en su legislación nacional. El Gobierno de Perú ha dado un gran ejemplo promoviendo la inclusión con el anuncio que hizo recientemente sobre la regularización de las personas extranjeras, incluidas las refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo que hayan entrado al país de manera regular e irregular a partir de octubre de 2020. El decreto también exenta a cualquier extranjero de pagar multas por no haber ampliado la vigencia de su permiso de residencia en el plazo previsto para ello o por tener una condición migratoria irregular.

Diversas iniciativas en Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador y República Dominicana, así como la aplicación, en Argentina y Uruguay, del Acuerdo sobre residencia para nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR, han facilitado el acceso a derechos fundamentales y servicios básicos. Colombia ha otorgado el estatuto de protección temporal a más de 2,47 millones de personas; de las cuales, 1,6 millones ya cuentan con permiso de residencia.

Brasil ha facilitado la documentación y regularización de las personas venezolanas en su territorio concediendoles permisos de residencia o el estaruto de refugiado. La estrategia brasilena de reubicación voluntaria de personas refugiadas y migrantes de Venezuela de Roraima, un estado fronterizo, a otras ciudades en Brasil que ofrecen más y mejores oportunidades para la inclusión socioeconómica, ha beneficiado a más de 100.000 personas desde su inicio. En la República Dominicana, más de 43.000 personas de Venezuela se han registrado para ampliar su estancia y, desde abril de 2020 a abril de 2023, más de 24.000 personas han recibido una visa de trabajo.

Para más información:

• En Panamá: Luiz Fernando Godinho, ACNUR, [email protected] +507 6356 0074
• En Panamá: Gema Cortes, OIM, [email protected] +507 62694574