ACNUR y Registraduría Nacional en campaña por la identidad en Chocó, Colombia

BOGOTÁ, Colombia, 22 de agosto, (ACNUR) – Mientras le explica a su sobrino cómo hacer su tarea de matemáticas, Ruldys* recuerda que al salir desplazada de Bojayá (Chocó) agradeció a Dios por mantener a toda su familia sana y salva luego del ataque que por combates entre actores armados sacudió a esa población en el año 2002.

En Chocó, desde el año 1997, al menos 208.610 personas han sido forzadas a huir debido a la violencia, lo que equivale al 45.9% del total de la población del departamento. De hecho, Chocó expulsa un 5.56% del total de población desplazada del país, ocupando el cuarto lugar entre los departamentos generadores de desplazamiento, según cifras oficiales.

"Mis tres hijos quedaron muy traumatizados luego de lo sucedido, a pesar de que llegamos con toda la familia completa, pero estábamos llenos de temor. La chiquita, cuando oía truenos por la noche, hasta hace unos años, salía gritando de su cuarto, diciendo entre dormida y despierta: "¡mamita, plomo, plomo!", explica la docente, que hoy reside en Cúpica (una vereda del municipio de Bahía Solano) y nunca más volvió a enseñar.

Esta mujer afrocolombiana y su familia fueron beneficiarios de la campaña de documentación de la Unidad de Atención a Población Vulnerable de la Registraduría Nacional del Estado Civil (UDAPV) – apoyada por ACNUR, UNICEF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Corporación Opción Legal y el Ministerio de Educación Nacional – desarrollada en el departamento del Chocó. En su capítulo de Bahía Solano, la jornada proyectó atender las necesidades documentales de al menos 1.650 personas desplazadas y vulnerables de todo el municipio a través de la expedición de cédulas de ciudadanía, tarjetas de identidad y registros civiles de nacimiento.

Historia del proyecto

La jornada de registro en Bahía Solano es parte de un proyecto conducido en todo el país, que nació en 1999, a partir de un estudio que mostraba que la falta de documentos de identificación en la población desplazada era un obstáculo persistente para su acceso efectivo a derechos y generaba riesgos adicionales ante situaciones relacionadas con el conflicto armado.

A este respecto, Belisario*, un indígena Embera de Bojayá (Chocó) que llegó a pie a Bahía Solano para tramitar sus documentos, afirma: "Cuando los actores armados le piden a uno la cédula y no la tiene, pues lo acusan de ser parte de uno u otro grupo . . . y no lo dejan pasar, o lo retienen, o lo amenazan . . . ".

Para mitigar estos riesgos, ACNUR, la Corporación Opción Legal y la Registraduría Nacional iniciaron un programa para llenar este vacío, dando prioridad a áreas remotas y a comunidades afrocolombianas e indígenas.

Solucionando dificultades de identificación

A sus trece años de vida, la hija mayor de Ruldys es, de hecho, parte del millón de personas que se ha beneficiado del proyecto. Ella, según explica su mamá, no ha podido sacar su tarjeta de identidad porque su registro civil tiene una anomalía con respecto al apellido del testigo que la acompañó a registrar. "Ya la sacaron del programa de Familias en Acción (subsidio del Gobierno Nacional) por la falta de identificación. Por eso vine hoy acá, a ver cómo me podían ayudar los funcionarios de la Registraduría", explica Ruldys.

La tarjeta de identidad es la segunda identificación que se expide a los ciudadanos menores de edad en Colombia, y que les permite acceder a sus derechos básicos. En la tarjeta de identidad se incluye el Número Único de Identificación Personal (NUIP), el cual consta de 10 dígitos que identifican a la persona desde que nace hasta que muere.

La respuesta que Ruldys recibió por parte de los funcionarios de la Registraduría cumplió con sus expectativas: "ya me explicaron bien el trámite que tengo que cumplir para la corrección", cuenta ella, mientras asegura que su hijo por fin tiene en su poder la tarjeta de identidad que tanto le hacía falta para el colegio.

Sólo en Cúpica, la zona donde reside Ruldys, se entregaron 201 documentos (50% de estos a comunidades afrocolombianas). 1.500 personas habitan esta vereda que fue reubicada hace seis años, después de que la fuerza del río arrasó con todo lo que encontró a su paso. El lugar donde hoy viven cuenta con casi todos los servicios básicos, y de hecho tiene hasta una cancha de fútbol.

"Somos 10 profesionales, trabajando durante más de 20 días con todo el ánimo para que estas personas puedan acceder a su derecho a la identidad", explica Ángela Ramírez, registradora encargada de la jornada en Bahía Solano y empleada de la Registraduría de Quibdó (Chocó).

* Nombres cambiados por motivos de protección

Por Catalina Román en Bogotá, Colombia