ACNUR ayuda a personas indígenas venezolanas a permanecer en su territorio

Cobijado por el Monte Roraima, una icónica montaña de arenisca sin cúspide al sureste de la región venezolana de la Gran Sabana, durante mucho tiempo, el pueblo de Paraitepuy fue un bullicioso campamento base para un gran número de senderistas que llegaban desde distintas partes del mundo a uno de los parques nacionales de mayor tamaño en Sudamérica. La mayor parte de los habitantes del pueblo (alrededor de 560 personas) obtenía sus ingresos de la montaña, pues muchos hombres fungían como guías de una gran cantidad de visitantes.  

Ahora, no obstante, en estas cabañas vacías apenas se escucha cómo sopla el viento.  

La crisis en Venezuela provocó una pronunciada caída en el turismo, y los pocos visitantes que llegaban dejaron de hacerlo debido a la pandemia de COVID-19. 

“Todo se detuvo, y no quedó más opción que buscar otra forma de obtener ingresos”, recordó Florencio Ayuso, de 53 años, a quien se le conoce como “capitán” o jefe de Paraitepuy, una de las docenas de comunidades indígenas pemón en la Gran Sabana.  

Por la falta de medios de vida en esta región, que apenas cuenta con infraestructura e instalaciones hospitalarias o educativas, los pueblos en ella se están encogiendo, pues sus habitantes se van en busca de mejores oportunidades en las ciudades, en el extranjero o en las miles de minas informales de oro que están causando estragos ambientales en un paisaje que antaño parecía intocable.  

La amenaza de padecer hambre es un factor de desplazamiento, de acuerdo con Lisa Henrito, jefa del pueblo de Maurak. Si bien en algún momento este pueblo fue un gran y próspero asentamiento indígena en la Gran Sabana, Lisa Henrito señaló que madres y padres se van a las minas cuando ya no pueden alimentar a sus hijos. 

“Todo el mundo se está yendo a las minas”, relató Lisa, de 49 años, quien es una de las varias lideresas de los pemón. “Las familias se desbaratan porque el padre se va a la mina, se enamora de otra mujer y se olvida de su familia. Las mujeres también se están yendo a las minas y dejan a sus hijos”. 

Tradiciones amenazadas

Si bien la minería parece ser la solución a la pobreza (al menos temporalmente), no puede negarse que se trata de un negocio peligroso. Es común que colapsen las minas informales de oro; además, las comunidades mineras están repletas de dengue, enfermedades de transmisión sexual, alcoholismo, violencia y drogadicción.  

Por otra parte, la minería amenaza las formas de vida ancestrales. Además, el mercurio que proviene de las minas contamina los afluentes, lo cual priva a las comunidades pemón tanto de los peces como del agua potable, y pone en peligro pequeñas granjas de subsistencia (conocidas como “conucos”) que desde hace siglos han sostenido los medios de vida de estas comunidades. El turismo, el otro motor económico de la región, también se está viendo afectado.

ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, está colaborando con las comunidades indígenas en toda la Gran Sabana para ayudar a prevenir el desplazamiento y facilitar la permanencia en los territorios ancestrales; de este modo, se protegen las formas de vida tradicionales, así como el ecosistema de la región, que es único. Además de proporcionar a las familias alimentos, hamacas, mosquiteros, herramientas agrícolas y lámparas solares, ACNUR está ayudando a mejorar la vida cotidiana en las comunidades mediante la rehabilitación y abastecimiento de clínicas de primeros auxilios, y mediante la instalación de lámparas solares en las calles.  

La agencia también está colaborando estrechamente con las autoridades para resolver la falta de documentación, que constituye un problema crónico. Por la distancia que separa a la mayor parte de los pueblos del único hospital en la Gran Sabana, en Santa Elena de Uairén, una ciudad situada a pocos kilómetros de la frontera con Brasil, las mujeres suelen dar a luz en casa; por tanto, el nacimiento de sus hijas e hijos no queda registrado oficialmente. Este hecho conlleva problemas que erosionan vidas enteras, pues hacen que incluso las tareas más sencillas, como matricularse en una escuela, sean muy complejas. 

“Hemos estado trabajando en cuarenta pueblos indígenas en la Gran Sabana con el propósito de ofrecer servicios básicos donde hacían falta; de esa forma, las personas no tienen que salir de su territorio para conseguirlos. Al ayudar a que estos pueblos sean lugares seguros, esperamos que estos guardianes de la tierra permanezcan en las tierras que les pertenecen”, aseveró Jerome Seregni, jefe de la oficina de terreno de ACNUR en Ciudad Guyana, que cubre todo el este de Venezuela. 

Lazos comunitarios

Quienes residen en el pequeño pueblo de Würuüpö han decidido, consciente e intencionalmente, que harán lo posible por disuadir a los miembros de la comunidad para que no vayan a las minas, las ciudades u otros países. Hacerlo implica fortalecer los vínculos comunitarios para fomentar el apoyo mutuo y garantizar que nadie quede atrás. Por su parte, los líderes se han esforzado por hacer consciente a la juventud de todos los riesgos que conlleva la minería y de las pobres ganancias que esta ofrece en el corto plazo. Asimismo, han tratado de hacer ver a sus jóvenes que vale más apostar a largo plazo por los “conucos” o granjas de subsistencia, pues ofrecen frutos año con año.

Gregory da Silva, un chico de 14 años que, junto a otros jóvenes, está limpiando la parcela en Würuüpö, repitió lo dicho por Karina, la “capitana”, en el sentido de que el dinero que proviene de la minería “se gasta inmediatamente”.  

“Con la agricultura, sin embargo, se cosecha un cultivo y, luego de recogerlo, otros siguen creciendo”.