La población huye de nuevos ataques en el norte de Mozambique mientras que otras personas regresan a casa

Cuando regresaron, hace dos meses, asesinaron a varias personas y saquearon e incendiaron casas, incluida la de Maizala. Esta vez caminó durante horas con sus seis hijos y su madre, de edad avanzada, hasta ponerse a salvo en el asentamiento de Lianda, en el distrito de Mueda.

La historia de Maizala no es inusual en el norte de Mozambique, donde grupos armados no estatales han mantenido la insurgencia durante los últimos siete años, asesinando a civiles, arrasado aldeas, reclutado por la fuerza a niños y jóvenes, y secuestrado a mujeres y niñas. En el punto álgido del conflicto, entre 2021 y 2022, más de un millón de personas se vieron forzadas a desplazarse.

Aunque muchas ya han regresado a sus hogares, cerca de 800.000 personas siguen desplazadas, entre ellas más de 100.000 que se vieron forzadas a huir en febrero de un nuevo recrudecimiento de la violencia en los distritos del sur de Cabo Delgado. ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, y sus socios, junto con el Gobierno, deben ahora mantener el equilibrio entre las necesidades urgentes de los nuevos desplazados y las necesidades a largo plazo de quienes se han visto forzados a permanecer en asentamientos superpoblados, al tiempo que apoyan a quienes regresan a zonas más seguras de la provincia.

Crear un futuro para las personas desplazadas

Maizala y su familia se encuentran en un alojamiento de tránsito comunal con más de 200 personas desplazadas por la fuerza desde que llegaron a Lianda. El asentamiento acoge a unas 10.000 personas de los distritos de Mueda, Nangade, Palma, Macomia y Muidumbe, y tras cada nuevo ataque llegan más.

“Necesito un pequeño terreno y algunas herramientas para cultivar aquí en Lianda, para poder alimentar a mis hijos y a mi madre”, dice Maizala. “En mi pueblo era agricultora y sobrevivíamos, pero aquí no tenemos nada. También me gustaría salir del centro de tránsito y tener una casa propia aquí”.

ACNUR, y su socio, Solidarités International, han construido 915 alojamientos en Lianda desde 2021, y otros 100 se están construyendo en 2024 en colaboración con las autoridades, pero unas 1.800 familias aún carecen de ellos. Al igual que Maizala, actualmente se alojan en centros de tránsito o en estructuras improvisadas, expuestas al viento, a la lluvia, al calor y a los insectos.

Proporcionar asistencia a largo plazo a los desplazados de Lianda, y de otros asentamientos de Cabo Delgado, supone un reto importante ante una respuesta humanitaria crónicamente infrafinanciada. Hasta ahora, solo se ha financiado el 17 por ciento de los 49,3 millones de dólares (USD) que ACNUR necesita en 2024.

“Tenemos que ir más allá, ver más allá de la ayuda humanitaria y reforzar la inversión en desarrollo para el país, con el fin de crear las condiciones para una paz duradera y un futuro viable para las personas desplazadas y para quienes las acogen”, señaló el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, durante una visita a Mozambique la semana pasada. “La ONU debe seguir apoyando los esfuerzos del Gobierno para satisfacer las necesidades a corto y largo plazo de la población, al tiempo que aboga por un apoyo adicional a Mozambique”.

Las autoridades y los líderes comunitarios están colaborando estrechamente para transformar poco a poco Lianda de un asentamiento a una aldea integrada en las comunidades cercanas. También están colaborando con agencias de ayuda, entre ellas ACNUR, para mejorar los medios de vida y las oportunidades económicas, como la capacitación para abrir pequeños negocios o desarrollar la permacultura, en la mayoría de los asentamientos para personas desplazadas en Cabo Delgado.

• Ver también: El Alto Comisionado Grandi y el Asesor Especial Piper piden no desviar la atención del desplazamiento en Mozambique

En la ciudad de Chiure, que recibió a la mayoría de las nuevas personas desplazadas tras los ataques de febrero, la mayoría de quienes llegan son mujeres, niñas y niños que dejaron todo atrás cuando sus aldeas fueron atacadas. “Mi primera prioridad fue reunir a mis tres hijos y huir. Todos los del pueblo se fueron”, explicó Elvira, de 38 años, quien encontró alojamiento en un lugar provisional. “No quiero regresar ahí en este momento. Asesinaron a personas que conocía; algunas fueron decapitadas. Puede que decida reiniciar mi vida en otro lugar”.

ACNUR ha proporcionado colchonetas, mantas, mosquiteras, lonas, utensilios de cocina y otros artículos básicos de socorro a más de 900 familias de Chiure, y tiene previstas más distribuciones en un futuro próximo. La agencia también distribuirá en las próximas semanas kits no alimentarios a 1.500 familias desplazadas en Namapa, en la vecina provincia de Nampula.

Reconstruir vidas

A pesar de los recientes ataques, la seguridad ha mejorado en algunas zonas. Desde la intervención militar de las fuerzas mozambiqueñas y aliadas que comenzó en julio de 2021, y los esfuerzos del Gobierno por empezar a restablecer los servicios, más de 632.000 personas han regresado a sus hogares en las provincias de Cabo Delgado, Niassa y Nampula.

En la ciudad costera de Mocímboa da Praia, muy afectada por el conflicto en 2017, y de nuevo en 2020, la vida normal ha ido volviendo gradualmente desde que las fuerzas mozambiqueñas y aliadas recuperaron el control en agosto de 2021. Se han reabierto algunas escuelas, comisarías y otros servicios, y unos 144.000 de los 170.000 habitantes originales de la ciudad han regresado a sus hogares y están empezando a reconstruir sus vidas.

Más al norte, en Palma, que sufrió un brutal ataque en marzo de 2021, la mayoría de los 70.000 habitantes de la ciudad también han regresado, aunque siguen careciendo de muchos servicios.

Acceder a los pocos servicios disponibles es difícil para las personas desplazadas cuyos documentos se perdieron o fueron destruidos durante los ataques. ACNUR ha establecido caravanas móviles de documentación civil, junto con el Gobierno y el socio local Universidad Católica de Mozambique, para expedir certificados de nacimiento y documentos nacionales de identidad que ayuden a las personas a recuperar su identidad legal. Gracias a las caravanas, unas 27.000 personas han recibido nuevos documentos desde 2021.

“Las personas retornadas necesitan mucha ayuda”, aseguró Gracilio Tiago, de 49 años, profesor de una de las escuelas de la ciudad, cuya esposa murió durante el ataque de 2021. “Muchas casas quedaron destruidas y muchas familias no están bien protegidas. También hay una gran escasez de agua potable, falta de asistencia médica, alimentos, puestos de trabajo”.

Desde que regresó a Palma en agosto de 2022, Gracilio encuentra esperanza a través de la juventud a la que enseña. “A mis estudiantes les digo que deben estudiar porque sin educación no estás protegiendo tu propio futuro”.

“En una guerra como la que afrontamos se pierden muchas cosas. No queremos la guerra, queremos la paz”.