Asia y Pacífico
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Las operaciones de ACNUR en Asia y el Pacífico engloban dos de las crisis de desplazamiento forzado de mayor magnitud en el mundo, en las cuales un gran número de niñas y en niños no tiene acceso a educación de calidad, los índices de pobreza son altos, los casos de apatridia son considerables, la tasa de vacunación contra la COVID-19 es baja y la amenaza de violencia de género está siempre presente. El acceso al territorio, el asilo y la protección sigue siendo un desafío en la región, donde apenas 20 de 45 países y territorios se han adherido a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, y solo tres Estados son signatarios de las convenciones sobre apatridia.
Previo al retiro de las tropas internacionales y al establecimiento de un gobierno de facto en Afganistán, en 2021 se llegó a una cifra récord de muertes relacionadas con el conflicto, y la situación humanitaria se deterioró drásticamente. Alrededor de 670.000 personas fueron desplazadas al interior del país por primera vez, mientras miles más cruzaron las fronteras con países vecinos. En 2022, ACNUR brindará protección, artículos de primera necesidad, albergue, ayuda en efectivo y otras formas de asistencia; al mismo tiempo, respaldará inversiones por área en salud, educación y medios de vida con el fin de fomentar la resiliencia y, en algún momento, facilitar el retorno y la reintegración sostenibles. ACNUR liderará un plan de respuesta interagencial para los refugiados en las repúblicas islámicas de Irán, Pakistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. El plan se basa en un enfoque regional que involucra a diversos sectores y partes interesadas con el propósito de apoyar las inversiones comunitarias en congruencia con el Pacto Mundial sobre los Refugiados y la Estrategia de Soluciones para los Afganos Refugiados. Asimismo, responde a las necesidades de poblaciones y comunidades de acogida, al tiempo que pretende fomentar la preparación para nuevas llegadas. La preparación para casos de emergencia y las reformas en materia jurídica y de política pública en países del centro de Asia constituye una prioridad para garantizar el acceso al territorio, a los procedimientos de asilo y a controles fronterizos sensibles a la protección. ACNUR pretende apoyar a los gobiernos de acogida para incluir a las personas refugiadas en los sistemas nacionales de salud y educación, así como promover la autosuficiencia mediante la inclusión económica y el acceso a redes de seguridad social, sin dejar de lado las soluciones duraderas.
En Myanmar, más de 200.000 personas fueron desplazadas al interior del país y varios miles se dirigieron a países vecinos debido a la violencia contra la población civil y la intensificación del conflicto armado luego de los eventos de febrero de 2021. En 2022, ACNUR se enfocará en las necesidades de las personas desplazadas internas y alrededor de 600.000 personas rohingyas apátridas. Asimismo, se centrará en la creación de condiciones que faciliten el retorno de las personas refugiadas, lo que incluye reanudar el goce de derechos e implementar las recomendaciones del Comité Asesor del Estado de Rakhine. En toda la región, ACNUR buscará oportunidades educativas y de medios de vida, así como soluciones complementarias en terceros países para personas rohingyas refugiadas.
En el sur y sureste de Asia, las prioridades incluyen encontrar soluciones para la situación de refugiados butaneses en Nepal y refugiados ceilandeses en la India; abordar el hecho de que millones de residentes de Nepal no cuentan con certificados que comprueban su ciudadanía; y revisar la situación de ciudadanía en Assam, India. ACNUR buscará activamente soluciones en favor de las personas refugiadas que aún se encuentran en instalaciones en alta mar en Nauru y Papúa Nueva Guinea. En las Filipinas, ACNUR abogará por una reforma legislativa y apoyará la capacitación de actores locales y nacionales para que puedan asumir el liderazgo en favor de personas desplazadas internas en Mindanao hacia finales de 2022. En el mismo tenor, ACNUR apoyará a Tailandia para resolver la situación de apatridia, la cuarta de mayor magnitud en el mundo, y para mejorar el acceso de las personas apátridas al registro civil, documentos de identidad, atención médica, educación y medios de vida. En toda la región, ACNUR abogará por la adhesión a las convenciones sobre apatridia y la creación de salvaguardas jurídicas que la prevengan.
ACNUR colaborará con los gobiernos para encontrar soluciones en favor de las personas refugiadas, lo que incluye ampliar las vías complementarias de admisión. En congruencia con el Pacto Mundial sobre los Refugiados, ACNUR hará lo posible por empoderar a las personas de interés incluyéndolas en los programas de protección y asistencia, reduciendo la presión sobre las comunidades de acogida e impulsando la autosuficiencia. A partir de los compromisos adquiridos en el Pacto Mundial sobre los Refugiados de 2019, ACNUR diversificará sus alianzas para garantizar enfoques para dar respuesta a la situación de refugiados y para que las responsabilidades se compartan de forma equitativa.
El impacto socioeconómico de la COVID-19 se seguirá sintiendo en 2022 con la pérdida de medios de vida, el deterioro de la salud física y mental, y el aumento de la discriminación hacia las poblaciones desplazadas. Todas las actividades que ACNUR lleve a cabo incorporarán medidas de respuesta y mitigación para reducir riesgos e impactos en todas las poblaciones.
Más de 40 años después de la invasión soviética en 1979, casi cinco millones de personas afganas siguen en situación de desplazamiento en el país a causa de olas de violencia y conflicto consecutivas.
Desde principios de la década de 1990, más de un millón de personas refugiadas han huido de la violencia en Myanmar, en olas sucesivas de desplazamiento.