40 años de ACNUR en México: el legado del exilio guatemalteco en Campeche y Quintana Roo
Sonriente, Adelina Hernández espera bajo un árbol en el parque de Los Laureles en Campeche, en el sureste de México. Sus ojos se iluminan cuando ve llegar la camioneta de ACNUR.
“Pensé que ya no estaban en México, qué bonito verlos de nuevo”, comentó.
Tenía 11 años cuando llegó con sus padres y siete hermanos a Boca de Chajul, Chiapas, huyendo de Guatemala. Su padre, de origen quiché, criaba ganado y sembraba cardamomo y plátanos. En 1981, la represión militar les obligó a huir.
“Nos vinimos cuando en algunos lugares ya habían masacrado fuerte. Salimos caminando, traíamos un caballito con algunas cosas, fuimos bien recibidos”, relató Adelina, hoy de 51 años.
A principios de los 80, unos 46,000 guatemaltecos llegaron a Chiapas, en la frontera con Guatemala. En ese contexto se fundó la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, y ACNUR comenzó sus operaciones en México.
La mitad de los guatemaltecos que llegaron a Chiapas fueron reubicados en asentamientos en Campeche y Quintana Roo.
En 1987 comenzaron las repatriaciones hacia Guatemala, aunque fue hasta los acuerdos de paz firmados en 1996 que se realizaron los retornos masivos de las personas a Guatemala. Muchos decidieron quedarse en México, accediendo a la naturalización y a apoyos para su inclusión socioeconómica.
“El modelo de dos soluciones duraderas fue único en el mundo. Tenían la opción de la repatriación y la de integración”, dijo Marlen Pozos Lanz, quien trabajó en ACNUR en la entonces oficina en Campeche.
Alrededor del 40% de los casi 20,000 refugiados guatemaltecos reubicados a Campeche y Quintana Roo se quedaron en México.
Pablo Lorenzo Bernabé, quien huyó de Huehuetenango como adolescente, optó por quedarse en Maya Balam, Quintana Roo, donde vive hace 39 años. En Chiapas conoció a su esposa, también refugiada guatemalteca.
“Huimos por el miedo de que los militares nos secuestraran, nos torturaran o nos mataran. Venían caminando y quemando casas y tuvimos que huir por el monte. Por la voluntad de Dios aquí vivimos”, relató.
Integración definitiva
En 1984, el gobierno mexicano, con el apoyo de ACNUR, desarrolló proyectos para apoyar a las personas refugiadas.
Los asentamientos se crearon en lotes donados por ACNUR, donde la población refugiada construyó sus casas. Uno de ellos fue un rancho adquirido por fideicomiso en Santo Domingo Kesté, Campeche.
“Lo que se hizo fue organizar a la población para que los que quisieran y tuvieran vocación ganadera pudieran hacer uso del rancho. A las mujeres se ofreció la producción de frutales”, comentó Pozos Lanz.
El fondo de apoyo recuperable creado por ACNUR permitió financiar a los agricultores con créditos para producir las tierras, tecnificar el campo y cosechar productos de exportación.
Hacia finales de los 90, ACNUR impulsó la creación de cajas comunales de crédito para financiar emprendimientos en los sectores agrícola, apícola, porcícola y ganadero, entre otros.
A través de las cajas comunales, Adelina pudo financiar un centro de acopio de miel, mientras que Pablo desarrolló producción agrícola. Rosa González emprendió una papelería y se dedicó a la producción de frutales.
En 1999, las cajas comunales fueron traspasadas a las comunidades para continuar financiando actividades productivas.
Alberto Cristóbal Francisco es parte del proyecto de una caja comunal creada en el entonces asentamiento en San Isidro La Laguna, en Quintana Roo. El líder comunitario llegó a ser presidente de la caja, que hoy tiene 28 socios.
“Tenemos un fondo en el que nos auxiliamos cuando requerimos de hacer algunas compras, por ejemplo, equipo o semilla de maíz, entonces el recurso se les da a los socios”, explicó el originario de Huehuetenango.
Hermelindo Hernández es socio de la caja comunal de Los Laureles, en Campeche. Originario del departamento guatemalteco de Quiché, dijo que los créditos que se daban en ese momento eran de 2,000 a 5,000 pesos y cobraban un interés de 2%.
“Nosotros lo invertimos en el campo y en la apicultura”, señaló.
Actualmente en Los Laureles proliferan no solo negocios tradicionales como el cultivo de maíz, sino de sandía y piña, además de otros giros como ferreterías, tiendas y zapaterías.
Hoy, la caja comunal de Los Laureles cuenta con 47 socios.
“Estoy emocionado de volver a estos asentamientos en los que trabajé hace 25 años y encontrarme con estas comunidades que vi crecer, hoy son pueblos más desarrollados. Todo eso me llena de satisfacción, ya que un proyecto bien llevado por el ACNUR tuvo resultados tangibles”, dijo Mario De la Cruz, quien trabajó en la oficina de ACNUR en Chetumal, Quintana Roo.
De asentamientos a comunidades
Rosa es fundadora de Santo Domingo Kesté, a donde llegó en 1989, cuando el gobierno ofreció a la población refugiada tierras para sembrar.
“No había calle, no había nada, simplemente estaban delimitados los solares”, señaló.
Su esposo fue parte del grupo que instaló el sistema de agua para conectar con el pozo municipal. Las calles aparecieron poco a poco y con el tiempo, las casas de madera pasaron a ser de concreto. Una escuela, un parque y varios negocios hoy forman un pueblo que es parte de la vida social, política y económica de Campeche.
Una situación similar sucedió con los asentamientos en Quintana Roo.
“Era puro monte, después empezaron a construir, nos dieron la casa y empezaron a hacer excavación para la tubería y para el agua”, comentó Juana Marcos Francisco, originaria de Huehuetenango.
Veinte años después del cierre de la oficina de ACNUR en Campeche, Renee Cuijpers, hoy Representante Adjunta en México, se dijo gratamente sorprendida.
“Vemos personas naturalizadas mexicanas, una segunda y tercera generación de personas que nacieron aquí. Lo que en su momento eran asentamientos hoy son poblados mexicanos totalmente incorporados dentro de la estructura política, económica, administrativa del Estado y de los municipios”, expresó.
